La elección de defensor del Pueblo en Villa Carlos Paz confirmó lo que ya no es una tendencia, sino un derrumbe: la participación ciudadana cayó al 17 % del padrón, el nivel más bajo desde que se incorporó la figura en la Carta Orgánica Municipal. Apenas 10.051 carlospacenses acudieron a votar, en una jornada atravesada por el frío, sí, pero también —y sobre todo— por la indiferencia.
Víctor Curvino, actual defensor, fue reelecto con 3.046 votos, menos de la mitad de los que obtuvo en 2021. El dato, por sí solo, no alcanza para explicar la magnitud del fenómeno. Para dimensionarlo, hay que volver al inicio:
En 2013, Alejandro Luchessi (UCR) fue electo con 8.042 votos, en una elección donde sufragaron 25.022 carlospacenses. La participación fue del 47 % del padrón (53.269).
En 2017, Daniel Mowszet (Crecer por Carlos Paz) consiguió 7.552 votos. Hubo en total 19.731 sufragios, con una participación del 36 % sobre el padrón (54.493).
En 2021, Víctor Curvino (Vecinos e Instituciones por la Defensoría) sacó 6.106 votos. Sufragaron, esta vez, 14.916 carlospacenses, lo que representa el 25,5 % del padrón habilitado (58.383).
En 2025, la caída fue libre. Curvino fue reelecto con 3.046 votos en comicios con apenas el 17 % de participación. Votaron solo 10.051 de los 59.098 electores habilitados.
La explicación no se encuentra únicamente en el desconocimiento de la función del defensor del Pueblo, ni puede atribuirse exclusivamente a la falta de campañas institucionales. Lo que estos números reflejan con crudeza es un proceso sostenido de desafección ciudadana, una pérdida de confianza en la capacidad real de la Defensoría para representar, intermediar o resolver los problemas concretos de los vecinos.
La crisis de legitimidad es evidente. ¿Qué representa un cargo electo con el voto de apenas uno de cada cinco ciudadanos habilitados? ¿Qué nivel de representación puede tener un defensor del Pueblo cuando ocho de cada diez carlospacenses optan por no participar?
La apatía es un síntoma, pero también una advertencia. En tiempos de fragilidad institucional, creciente descreimiento en la política y ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas, el resultado de este domingo interpela no solo a los candidatos, sino a todo el sistema político y social que sostiene —o deja caer— esta figura.
La Defensoría nació para ampliar derechos, proteger al ciudadano frente al poder y fortalecer la participación democrática. Lo que está ocurriendo hoy en Villa Carlos Paz es exactamente lo contrario: una desconexión cada vez mayor entre la institución y la comunidad, una fractura que, si no se atiende, amenaza con volverla irrelevante.
Nota correspondiente a la edición n° 613 del periódico La Jornada, del 30 de julio de 2025.
