La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 tras una presentación de la CGT y dejó en pausa parte central de la Ley 27.802. El Ejecutivo anunció que recurrirá el fallo con intervención del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro.
La Justicia laboral suspendió de manera cautelar 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso y promulgada a comienzos de marzo. La resolución fue firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, en el marco de una acción promovida por la CGT contra el Estado nacional.
La ley alcanzada por la decisión judicial es la 27.802, de Modernización Laboral, que había sido sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Con esta cautelar, varios de sus cambios quedan en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.
Entre los puntos que quedaron frenados aparecen modificaciones sobre despidos e indemnizaciones, límites al derecho de huelga, cambios en la actividad sindical, prioridad de convenios de empresa sobre los de actividad, derogación de la ley de teletrabajo, nuevas reglas sobre vacaciones y banco de horas, régimen de trabajadores de plataformas, responsabilidad en casos de tercerización y aspectos vinculados con juicios laborales.
El fallo también suspendió disposiciones que reducían intereses en litigios laborales, habilitaban el pago de sentencias en cuotas y trasladaban determinados expedientes al fuero contencioso administrativo cuando el Estado fuera parte. Según la resolución, la suspensión regirá de manera provisoria hasta que haya una definición definitiva sobre la validez de la norma.
Tras conocerse la decisión, el Gobierno confirmó que apelará. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Capital Humano, que informó que recurrirá la cautelar con patrocinio de la Procuración del Tesoro y que buscará sostener la vigencia de la ley sancionada por el Congreso.
De este modo, la reforma laboral queda parcialmente paralizada en algunos de sus capítulos más sensibles apenas semanas después de su entrada en vigencia. El expediente seguirá ahora en instancias superiores, mientras la discusión judicial se traslada desde la cautelar a la definición de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados.
