Mandatarios municipales y comunales participaron de una protesta frente a la sede del organismo nacional en Córdoba. Denuncian que llevan más de un año sin cobrar las prestaciones brindadas a jubilados y que deben sostenerlas con recursos propios. También cuestionaron la reducción de medicamentos del programa Remediar.
Intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de Córdoba se movilizaron este lunes hasta la sede provincial del PAMI para reclamar por una deuda que, según denunciaron, supera el año y afecta directamente el funcionamiento de los servicios de salud municipales.
La protesta reunió a representantes de diferentes espacios políticos y contó con una importante participación de mandatarios del departamento Punilla, quienes expusieron las dificultades que enfrentan sus dispensarios y centros sanitarios para continuar atendiendo a los adultos mayores sin recibir los fondos comprometidos por el organismo nacional.
El reclamo se concentró en la ciudad de Córdoba, donde los jefes municipales y comunales presentaron un petitorio que, según señalaron, no fue recibido personalmente por las autoridades del PAMI.
La situación obliga a los gobiernos locales a reasignar recursos de sus presupuestos para cubrir prestaciones médicas que deberían financiarse mediante los convenios vigentes con la obra social de los jubilados.
Si bien la Provincia mantiene aportes para acompañar el funcionamiento de los servicios sanitarios, los mandatarios advierten que esa asistencia resulta insuficiente mientras no se regularicen las transferencias nacionales.
Una deuda que se arrastra desde hace más de un año
El reclamo no es nuevo. En abril, intendentes cordobeses ya habían presentado una solicitud formal para exigir la cancelación de las prestaciones adeudadas.
Según explicaron, entonces recibieron el compromiso de que los pagos comenzarían a normalizarse en junio. Sin embargo, sostienen que esa promesa no se cumplió.
La falta de recursos afecta a dispensarios, hospitales municipales y otros dispositivos sanitarios que reciben diariamente a afiliados del PAMI.
Los gobiernos locales aseguran que, pese a los atrasos, mantienen las prestaciones para evitar que los jubilados se queden sin atención.
El pedido apunta ahora no solamente al pago de la deuda acumulada, sino también a establecer un mecanismo regular y previsible de transferencias, que permita planificar los gastos y garantizar la continuidad de los servicios.
Flores: “PAMI se ha olvidado de los abuelos”
Entre los representantes de Punilla estuvo Fabián Flores, presidente comunal de Mayu Sumaj y titular de la Comunidad Regional Punilla, quien cuestionó duramente la respuesta del Gobierno nacional frente a las necesidades sanitarias de los adultos mayores.
“Es una problemática que es transversal en todos los gobiernos locales en Punilla y es necesario visualizarlo a toda la sociedad”, sostuvo.
Flores advirtió que la falta de pago de las prestaciones se suma a otras decisiones nacionales que, desde su perspectiva, profundizan las dificultades de acceso a la salud en las localidades más pequeñas.
“PAMI se ha olvidado de los abuelos”, resumió el dirigente, al expresar su preocupación por una situación que obliga a municipios y comunas a asumir gastos cada vez mayores.
El presidente de la Comunidad Regional consideró que el reclamo debe trascender a los gobiernos locales y comprometer también a la sociedad, por las consecuencias que puede tener sobre la atención de los jubilados.
El recorte de medicamentos, otra preocupación
Durante la movilización también surgieron cuestionamientos a la modificación del Programa Remediar, destinado a la provisión gratuita de medicamentos esenciales en centros de atención primaria.
La reciente decisión del Ministerio de Salud de la Nación reemplazó un listado de 128 medicamentos esenciales por otro de seis principios activos, concentrados en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
El nuevo esquema dejó fuera del listado anterior medicamentos utilizados para tratar patologías como diabetes tipo 2, hipotiroidismo, infecciones bacterianas y enfermedades respiratorias.
Flores advirtió que esa reducción representa una dificultad adicional para los dispensarios comunales, que deben responder a necesidades sanitarias diversas con recursos limitados.
La medida también fue cuestionada por el Ministerio de Salud de Córdoba, que advirtió sobre las consecuencias de una menor disponibilidad de medicamentos en los centros de atención primaria y el posible traslado de la demanda hacia establecimientos de mayor complejidad.
Los reclamos desde las comunas de Punilla
La presidenta comunal de Cabalango, Carla Bruno, pidió el acompañamiento de la sociedad y describió las dificultades que provoca la falta de transferencias del PAMI en el funcionamiento del dispensario local.
Desde Villa Parque Siquiman, Mario Sariago cuestionó las políticas económicas y sociales del Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan especialmente a jubilados, personas con discapacidad, niños y otros sectores vulnerables.
El dirigente sostuvo además que la movilización no responde a una disputa partidaria, sino a un problema concreto que los gobiernos locales deben enfrentar diariamente, porque son sus autoridades quienes reciben los reclamos de los vecinos.
También participó la intendenta de Villa Santa Cruz del Lago, Griselda Llanos, quien reconoció que resulta cada vez más difícil sostener los recursos necesarios para atender a los adultos mayores, aunque aseguró que las prestaciones continúan brindándose.
En tanto, el presidente comunal de Casa Grande, Miguel Moreno, advirtió que distintas decisiones nacionales están incrementando las necesidades de asistencia social y sanitaria de la población, que terminan siendo afrontadas en gran medida con fondos de las propias comunas.
La atención continúa, pero los municipios reclaman una solución
El planteo compartido por los mandatarios es que los gobiernos locales no pueden seguir absorbiendo indefinidamente obligaciones económicas que corresponden a los convenios con el PAMI.
En numerosas localidades del interior, los dispensarios municipales y comunales constituyen el principal punto de acceso a la atención sanitaria cotidiana, especialmente para los adultos mayores.
La deuda acumulada y las modificaciones en la provisión de medicamentos se combinan así en un escenario de creciente presión sobre los presupuestos locales.
Los intendentes y presidentes comunales reclamaron una respuesta efectiva del organismo nacional, la cancelación de los fondos pendientes y un esquema que garantice previsibilidad para sostener las prestaciones.
Mientras tanto, los municipios y comunas de Punilla aseguran que continuarán atendiendo a los jubilados, aunque advierten que el esfuerzo económico necesario para hacerlo es cada vez mayor.
