En una sesión especial celebrada el viernes 26, el bloque Carlos Paz Unido sancionó sólo con sus votos el Presupuesto General 2026, la Ordenanza Tarifaria y la libre disponibilidad de fondos con afectación específica. La oposición cuestionó los aumentos, la baja ejecución de obras y la falta de controles sobre los recursos municipales.
En una sesión especial realizada el pasado viernes, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por mayoría oficialista tres ordenanzas clave para el funcionamiento del gobierno municipal durante 2026: el Presupuesto General de Recursos y Gastos, la nueva Ordenanza Tarifaria y una norma que habilita al Ejecutivo a disponer libremente de los fondos recaudados mediante las cuentas de afectación específica.
El bloque Carlos Paz Unido (CPU) impuso su número para sancionar los tres proyectos. Todos los bloques opositores —Carlos Paz Inteligente y Juntos por Carlos Paz— votaron en contra y dejaron fuertes objeciones en el recinto.
Un presupuesto sin acompañamiento opositor
El Presupuesto 2026 asciende a 105.136.980.212 pesos, lo que representa un aumento del 29,71% respecto del Presupuesto 2025 aprobado en diciembre de 2024, según precisó la concejal oficialista Raquel Merlino al informar el proyecto.
Desde el oficialismo se remarcó que se trata de un presupuesto “equilibrado y prudente”, que no prevé endeudamiento, mejora la composición del gasto y prioriza la inversión en infraestructura y servicios esenciales. Merlino sostuvo que la actualización “no implica un presupuesto expansivo, sino una actualización prudente alineada con la evolución real de los precios”.
Las críticas de la oposición se concentraron en el destino del gasto, la ejecución real y la falta de planificación.
El concejal Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) apuntó al incremento del presupuesto de la Defensoría del Pueblo, que pasó de 475 millones a 605 millones de pesos. Recordó que “después de la segunda lectura se le sumaron 7 millones más… seguramente habrá aumentado el champán para fin de año”, en una alusión irónica al organismo. También cuestionó que se trate de “una defensoría cara, no se sabe muy bien en qué se gasta el dinero”, y advirtió que el presupuesto “no está pensado en la gente, está pensado más bien en el beneficio de la política rentada”.
Por su parte, el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) profundizó los cuestionamientos estructurales al modelo presupuestario. Señaló que “hace años que entendemos que el proyecto de presupuesto termina siendo una formalidad indicativa para el Gobierno” y denunció que en 2024 el nivel de ejecución fue del 73%, por lo que un cuarto del presupuesto “queda librado a la discrecionalidad del Ejecutivo”.
También reclamó el incumplimiento del plan de metas previsto en la normativa local. Recordó que “tenemos una norma que obliga al gobierno entrante a fijar un plan de metas (…) y ya pasaron dos años. No lo quieren presentar a este Concejo, porque eso va a permitir que podamos medir la ejecución real o no de ese plan”.
En cuanto al Plan de Obras Públicas, incluido dentro del presupuesto, el dato central fue que la inversión proyectada alcanza los 8.021.250.000 pesos, es decir el 7,6% del gasto total. Quaranta subrayó que, de las 17 obras previstas, solo cuatro aparecen por primera vez: “El resto de las obras vienen del presupuesto anterior, e incluso hay muchas que vienen de presupuestos anteriores. Se actualizan los valores, pero no se ejecutan”.
Tarifaria 2026: aumentos sostenidos y presión fiscal
La Ordenanza Tarifaria 2026 también fue aprobada con los votos del oficialismo, tras una revisión técnica que —según explicó Merlino— reordenó cuadros y valores para clarificar su estructura. La concejal indicó que la actualización promedio es del 8,6% respecto de la tarifaria vigente y del 31% acumulado desde enero del mismo año.
Se mantiene además el esquema de actualizaciones cuatrimestrales en enero, mayo y septiembre, sin habilitar el mecanismo de doble lectura ni audiencia pública, lo que fue duramente cuestionado por la oposición.
Quaranta advirtió que se incorporaron los fondos específicos directamente al cálculo de las tasas. Explicó que “se iba a esconder este 34% de las nueve cuentas en un monto general que iba en el cedulón… no iba a detallar cuánto correspondía a cada una”. Frente a ese esquema, presentó una alternativa legislativa con una actualización limitada al 10,1% —pauta inflacionaria nacional proyectada— y propuso eliminar las subas cuatrimestrales al señalar que “no se puede adelantar el cobro de una inflación que creemos que va a ocurrir”.
El edil planteó además un sistema de segmentación en la Tasa de Comercio e Industria con descuentos del 15%, 10% y 5% para comerciantes que facturen menos de 4, 8 o 12 millones de pesos anuales, respectivamente. Aseguró que “no podemos pensar permanentemente en cómo solventamos el municipio. También hay que pensar en que hay gente que no tiene la capacidad de afrontar estos incrementos”. El oficialismo ignoró estas propuestas.
Desde Juntos por Carlos Paz, el concejal Daniel Ribetti advirtió que la presión fiscal local impacta directamente en la competitividad de la ciudad. Señaló que “este municipio tiene una forma de gastar que no se condice con la realidad de la Argentina de hoy” y planteó que “el costo Carlos Paz es algo que ya pesa sobre las espaldas de los vecinos, de los comerciantes”.
Libre disponibilidad de fondos específicos: el eje más polémico
El tercer proyecto aprobado habilita al Ejecutivo a disponer libremente de los fondos recaudados mediante las cuentas de afectación específica del ejercicio 2025, sin establecer límites ni criterios concretos.
De acuerdo con la ordenanza Tarifaria, el municipio cobra actualmente nueve contribuciones con afectación específica, que se suman a distintas tasas vinculadas a inmuebles, actividad comercial, espectáculos públicos, ocupación de la vía pública y obras privadas.
Se trata de los siguientes ítems:
- 0,50% – Contribución para Expropiaciones.
- 2,00% – Contribución para Expropiaciones Faldeo Montañoso.
- 2,50% – Contribución para Seguridad.
- 1,25% – Contribución para Apoyo a Bomberos.
- 9,50% – Contribución para Obras Públicas y Desarrollo Local y Regional.
- 7% – Contribución para Obras de Gas.
- 1,25% – Contribución para Infraestructura Deportiva.
- 4% – Contribución para Promoción Turística.
- 6% – Contribución para Promoción, Desarrollo, Sustentabilidad e Infraestructura Turística.
En conjunto, estas cargas representan alrededor de un 34% adicional que los contribuyentes pagan sobre diversos conceptos, bajo la promesa de que esos recursos se destinarán específicamente a expropiaciones, seguridad, bomberos, obras, gas natural, infraestructura deportiva y promoción turística.
El concejal Sebastián Guruceta (CPU) explicó que esos recursos fueron, en su mayoría, destinados a los fines previstos, y que la ordenanza solo faculta al Ejecutivo a utilizar el remanente no aplicado. Sostuvo que “la ordenanza se presenta a fin de establecer un destino distinto para estas partidas, pero teniendo remanente en saldo fiscal”.
La oposición rechazó de plano el proyecto y advirtió sobre sus implicancias institucionales.
Quaranta sostuvo que se trata de una “excepción a la ordenanza 1408” que debería haberse tratado con doble lectura y mayoría extraordinaria. Argumentó que “esto no es una modificación, es una excepción a la ordenanza tarifaria que dice que estos fondos tienen un fin específico. Hoy estamos diciendo que pueden tener otro fin”.
Advirtió, además, que “esta maniobra constituye un ‘impuestazo encubierto’ que deriva los aportes específicos a rentas generales”.
La concejala Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz) afirmó que “este proyecto no es una herramienta técnica, es una confesión”. Consideró que el texto “reconoce explícitamente que el municipio necesita manotear fondos con destino específico para tener liquidez inmediata. Eso no es planificación, es un desorden financiero”.
También advirtió que se rompe el vínculo de confianza con los contribuyentes: sostuvo que “se cobra con una promesa y se gasta sin destino”.
Ribetti reforzó ese diagnóstico con una imagen más cruda: planteó que, “para hablar en criollo, el municipio gasta mucho más de lo que debería y se tiene que financiar echando mano a estas cuentas”.
Recordó que los fondos específicos habían sido presentados como un “contrato de honestidad y transparencia” con los vecinos y consideró que “ya fue, porque funciona de otra manera ahora”.
Un cierre con más grieta que consensos
La sesión especial del viernes 26 terminó con la aprobación de los tres proyectos fundamentales para el ejercicio 2026, pero sin acompañamiento opositor y con una grieta política aún más marcada.
Mientras el oficialismo defendió las ordenanzas como herramientas necesarias para garantizar el funcionamiento del Estado local, la oposición dejó plasmadas sus advertencias sobre los mecanismos de control, la ejecución del gasto, la presión fiscal y el uso de los recursos específicos, anticipando que el debate por la transparencia y la sustentabilidad de las cuentas municipales seguirá abierto durante todo el año.
Más aumentos
Durante la sesión también se aprobaron, siempre con los votos del bloque de Carlos Paz Unido, las nuevas tarifas del transporte urbanos, taxis y remises, además del servicio de agua potable provisto por la Cooperativa San Roque Villa del Lago que regirán desde el 1 de enero. Vale aclarar que los aumentos en los servicios de agua y cloacas que presta el municipio ya se incluyeron en la Tarifaria.
En el caso del transporte urbano de pasajeros, el boleto pasará de $1.380 a unos $1.497, lo que implica un ajuste cercano al 8,5%. Si se toma como referencia el valor vigente a comienzos de 2025 ($1.140), el incremento interanual ronda el 31%.
Para el servicio de taxis, la bajada de bandera se actualizará de $1.957 a alrededor de $2.122 (suba del orden del 8,4%), mientras que la ficha se incrementará de $120 a $130, con un ajuste cercano al 8,3%. Entre el 1° de enero de 2025 y enero de 2026, la bajada de bandera pasará de $1.617 a más de $2.100, y la ficha de $99 a $130, consolidando una suba anual cercana al 31%.
En el caso de los remises, la bajada de bandera se elevará de aproximadamente $2.146 a $2.327, mientras que la ficha pasará de $122 a alrededor de $132. En ambos casos, el incremento también se ubica en torno al 8%, con una variación interanual similar a la del resto del sistema de transporte individual.
