El excandidato a defensor del Pueblo incorporó este viernes ante el Concejo de Representantes una cronología que va desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2026. Sostiene que existe un patrón de intervenciones políticas contra dirigentes opositores y acusa al actual titular del organismo de haber abandonado la imparcialidad que exige su función. La presentación amplía el pedido realizado la semana pasada por las últimas declaraciones de Víctor Curvino.
Santiago Juliá amplió este viernes ante el Concejo de Representantes su pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y sumó como prueba una extensa recopilación de publicaciones realizadas durante los últimos casi tres años.
La denuncia original había sido presentada la semana pasada y estaba concentrada en las manifestaciones públicas realizadas por Curvino el 6 de agosto, cuando salió a responder con dureza a dirigentes políticos que cuestionan el funcionamiento de la Defensoría y las diferentes propuestas de reforma o eliminación del organismo.
Ahora Juliá busca demostrar que aquel episodio no habría sido un hecho aislado, sino parte de lo que describe como una conducta sostenida desde 2023.
La ampliación incorpora publicaciones y expresiones de Curvino correspondientes a septiembre de 2023, enero y diciembre de 2024, marzo de 2025 y agosto de 2026, dirigidas contra diferentes referentes opositores de Villa Carlos Paz.
A partir de esa secuencia, Juliá sostiene que el actual defensor habría intervenido reiteradamente en controversias político-partidarias, algo que considera incompatible con la independencia e imparcialidad exigidas por la Carta Orgánica.
“Un exabrupto se explica. Un patrón de tres años se juzga”, resumió al fundamentar la ampliación.
De una declaración puntual a una conducta sostenida
El primer pedido había nacido de las últimas publicaciones de Curvino, en las que habló de “precandidatos a intendentes”, acusó a dirigentes de realizar “campañas berretas” contra la Defensoría y utilizó expresiones como “vende humo”, “populistas” y “demagogos”.
Juliá solicitó entonces que el Concejo determine si esas declaraciones resultan compatibles con las obligaciones del cargo y con la prohibición de desarrollar actividades político-partidarias que, según fundamentó, establece la Carta Orgánica para quien ejerce la Defensoría.
La ampliación presentada este viernes intenta fortalecer ese argumento mediante antecedentes.
“Casi tres años de publicaciones documentadas muestran que el defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz no ejerce control sobre el poder municipal: lo sirve, atacando siempre y únicamente a quienes lo enfrentan políticamente”, afirmó Juliá en el documento difundido después de realizar la presentación.
Se trata de una acusación política e institucional formulada por el denunciante, que ahora deberá ser evaluada dentro del procedimiento correspondiente.
Las publicaciones que Juliá incorporó
Según la cronología presentada, en septiembre de 2023 Curvino realizó manifestaciones públicas contra Pía Felpeto, Walter Gispert y Emilio Iosa.
Juliá ubica un segundo antecedente en enero de 2024, cuando el defensor habló de “demagogia barata”, calificó a Iosa de “oportunista” y le expresó públicamente “dedicate a laburar”.
La denuncia otorga especial importancia a episodios ocurridos en diciembre de 2024, cuando Curvino pidió en dos oportunidades la renuncia de Iosa y lo acusó de “inoperancia”.
Juliá sostiene que parte de esas expresiones fueron además replicadas desde las redes oficiales de la Defensoría del Pueblo, un elemento que utiliza para argumentar que la controversia habría excedido la opinión personal de Curvino y alcanzado institucionalmente al organismo.
En marzo de 2025, siempre de acuerdo con la documentación aportada, el defensor agrupó en otra publicación a Felpeto, Daniel Ribetti, Iosa, Gispert, Gustavo Molina y Fernando Revello, los calificó de “vende humo” y expresó que “de a poquito se van extinguiendo solos”.
Finalmente, la ampliación vuelve sobre las publicaciones del 6 de agosto de este año, en las que Curvino mencionó expresamente a partidos políticos y dirigentes, entre ellos Gispert, Molina, Carlos Quaranta, Felpeto, Ribetti e Iosa, y habló de “los berretas haciendo política partidaria sin proyectos ni ideas”.
Para Juliá, el conjunto de esas intervenciones configura el elemento central que debería analizar la Sala Acusadora.
El argumento de la imparcialidad
La tesis de la denuncia es que el problema no reside en que el defensor tenga opiniones personales, sino en determinar si su actuación pública vulneró las restricciones vinculadas a un cargo que debe mantenerse independiente de las disputas partidarias.
Juliá pone especial énfasis en una circunstancia: según su recopilación, las expresiones críticas de Curvino estuvieron dirigidas durante esos años hacia dirigentes enfrentados políticamente con el Gobierno municipal.
“Una Defensoría del Pueblo no tiene opositores. No puede tenerlos, porque no gobierna, no compite en elecciones y no defiende una gestión”, sostuvo.
Desde esa interpretación, considera que el organismo debería ejercer su función de control frente al Departamento Ejecutivo y no participar de las confrontaciones entre oficialismo y oposición.
“Lo que denuncio no es que Curvino piense distinto que yo, ni que controle, investigue o denuncie: para eso existe la Defensoría y la Carta Orgánica le da herramientas enormes para hacerlo”, aclaró.
Y agregó que su cuestionamiento apunta a que esas herramientas se hayan convertido, según su lectura, “en un arma de uso exclusivo contra un solo sector político”.
“Está escrito, está fechado”
Juliá también buscó diferenciar la ampliación de una evaluación subjetiva sobre el comportamiento del defensor.
“Esto no es una interpretación mía ni una lectura maliciosa de frases sueltas. Está escrito, está fechado, está firmado y, en dos de los episodios más graves, está incluso replicado desde la cuenta institucional del organismo”, afirmó.
A partir de esa documentación sostiene que existe suficiente material para que el Concejo no limite el análisis al episodio de agosto y evalúe la actuación pública de Curvino durante un período mucho más extenso.
El denunciante utiliza términos particularmente duros para describir esa conducta y acusa al defensor de actuar como un “militante con poder” y de mantener una actitud confrontativa con la oposición mientras, según su postura, evita ejercer la misma dureza frente al Ejecutivo municipal.
Esas expresiones forman parte de la argumentación de Juliá y deberán ser confrontadas con el descargo y la evaluación institucional que correspondan si el procedimiento avanza.
La Carta Orgánica, en el centro de la denuncia
La presentación vuelve sobre la prohibición de actividad político-partidaria que Juliá considera aplicable al defensor del Pueblo desde el momento de su elección.
Su planteo es que una sucesión sistemática de intervenciones de carácter político podría configurar mal desempeño o seria irregularidad en el ejercicio del cargo, supuestos que permiten activar el mecanismo de juicio político.
“El mismo funcionario al que la Carta Orgánica le prohíbe hacer política partidaria pasó casi tres años clasificando partidos, agrupando dirigentes, definiendo adversarios y acusando de partidismo exactamente a quienes él mismo persigue con métodos partidarios”, sostuvo.
Ese será, en definitiva, uno de los puntos que deberá resolver el cuerpo legislativo: si las publicaciones incorporadas constituyen opiniones amparadas dentro de la actuación pública del funcionario o si atravesaron los límites institucionales propios de la función.
Un pedido que llega en plena discusión sobre la Defensoría
La ampliación se produce además en medio de un debate mucho más amplio sobre el futuro del organismo.
El intendente Esteban Avilés propone terminar con la elección directa y trasladar la designación al Concejo mediante una mayoría extraordinaria de diez votos sobre doce.
Daniel Ribetti también busca eliminar la elección específica, aunque plantea entregar la conducción a las principales fuerzas opositoras surgidas de la elección municipal.
El propio Juliá formalizó su propuesta para mantener el voto ciudadano, pero exigir un mínimo del 50% de participación y mayoría absoluta de los votos válidos afirmativos para que una fórmula pueda asumir.
Carlos Quaranta, el Frente Cívico y Construyendo Futuro impulsaron, con mecanismos y argumentos propios, alternativas orientadas directamente hacia la eliminación de la Defensoría.
En ese contexto, la actuación del actual titular quedó incorporada como otro capítulo de la discusión.
El filtro de la Sala Acusadora
La ampliación deberá atravesar ahora el mismo escenario político que ya condicionaba la denuncia original.
La Sala Acusadora está integrada por seis concejales: Daniel Ribetti y Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz, y Claudio Bocchetti, Leonardo Villalobos, Raquel Merlino y Marcela Bosch, de Carlos Paz Unido.
El oficialismo posee, por lo tanto, cuatro de los seis lugares, exactamente la mayoría agravada necesaria para definir si una denuncia continúa hacia la instancia de juzgamiento.
Ese dato adquiere particular relevancia por el antecedente de 2025, cuando Curvino enfrentó otros dos pedidos de juicio político y la Sala Acusadora los desestimó por cuatro votos contra dos, con Carlos Paz Unido votando en bloque.
La documentación incorporada este viernes pretende modificar ahora el contenido del debate: Juliá ya no pide analizar solamente unas declaraciones recientes, sino que pone sobre la mesa una secuencia de casi tres años y reclama que se determine si configura un patrón incompatible con las obligaciones del defensor.
