La reunión prevista para este lunes terminó sin ningún avance: los integrantes de la Sala no habían recibido ni la presentación inicial de Santiago Juliá ni su posterior ampliación. Ante la imposibilidad de analizar documentación que no tenían en su poder, se dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 2 de septiembre a las 12.
La primera reunión de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes para analizar el pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, dejó este lunes una situación tan llamativa como difícil de explicar institucionalmente: los concejales fueron convocados para estudiar las denuncias, pero la documentación no había sido remitida previamente a los integrantes del cuerpo.
Ni la presentación inicial realizada por Santiago Juliá ni la posterior ampliación habían sido puestas a disposición de todos los miembros de la Sala antes del encuentro.
En esas condiciones, cualquier análisis sobre la admisibilidad del pedido resultaba materialmente imposible. El interrogante quedó expuesto por la propia dinámica de la reunión: ¿qué sentido tiene convocar a un cuerpo para analizar una denuncia si quienes deben pronunciarse no cuentan previamente con la denuncia que tienen que evaluar?
La convocatoria había sido realizada por el presidente de la Sala Acusadora, Leonardo Villalobos, quien también tiene bajo su responsabilidad la conducción de esta etapa del procedimiento.
Cuarto intermedio hasta el miércoles
Frente a la imposibilidad de avanzar, la Sala resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 2 de septiembre a las 12.
La expectativa es que para entonces los seis integrantes puedan contar con la documentación y llegar a la reunión en condiciones de plantear sus respectivas posiciones sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del pedido de juicio político contra Curvino.
La Sala Acusadora está integrada por Leonardo Villalobos, Claudio Bocchetti, Raquel Merlino y Marcela Bosch, de Carlos Paz Unido; y Daniel Ribetti y Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz. El oficialismo municipal posee así cuatro de los seis lugares.
Un trámite que ya venía con fecha fijada
La reunión de este lunes había sido convocada específicamente para tratar las denuncias presentadas por Juliá, de acuerdo con el procedimiento previsto por el artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza que reglamenta el juicio político.
Juliá presentó el primer pedido contra Curvino el 14 de agosto y posteriormente, el 21 de agosto, amplió la denuncia incorporando documentación sobre distintas intervenciones públicas del defensor correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2026.
Los cuestionamientos buscan determinar si esas conductas resultan compatibles con las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas al titular de la Defensoría. Se trata de acusaciones formuladas por Juliá que todavía deben atravesar el procedimiento institucional correspondiente y sobre las cuales no existe hasta el momento una resolución de la Sala.
Precisamente esa primera definición era la que debía comenzar a encaminarse este lunes. Sin embargo, antes de discutir argumentos a favor o en contra del pedido, apareció un problema mucho más elemental: los encargados de evaluarlo no habían recibido el material que debían evaluar.
Ahora, el primer pronunciamiento deberá esperar al miércoles.
