Los jueces consideraron que otorgar el beneficio a un represor vulnera los pactos internacionales que comprometen a Argentina.
Este lunes, el tribunal oral federal de la provincia de San Juan dispuso la “inconstitucionalidad” de la aplicación del 2×1, en el marco del artículo 7 de la Ley 24.390 después de que un represor solicitara el beneficio.
Para los jueces Raúl Fourcade, Héctor Cortéz y Alejandro Piña, concederle tal situación a Alejandro Lazo, un genocida con prisión domiciliaria, condenado a una década de prisión hace cuatro años, significaría vulnerar “el derecho a la verdad” y “los pactos internacionales que comprometen al país”.
Condenado por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, la defensa de Lazo adujo que de aplicarse el precedente que brindó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, hoy estaría en libertad.
Pero la oposición del fiscal Francisco Maldonado generó el fallo y la reacción de los jueces. Según los magistrados, la concesión brindada por el máximo tribunal sólo es aplicable para el caso de Luis Muiña.
