La Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) destacó que la Secretaría de Ambiente provincial confirmó la protección de El Pantanillo bajo la Categoría de Conservación II, lo que prohíbe el cambio de uso del suelo.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) celebró el reciente fallo de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba que reconoce al humedal El Pantanillo bajo la Categoría de Conservación II (amarillo), lo que impide cualquier cambio de uso del suelo en la zona. La respuesta se dio en el marco de un amparo por mora presentado por la ONG, luego de que el gobierno de Villa Carlos Paz promulgara la ordenanza que establece la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental y que habilitaba la urbanización del área protegida.
En un comunicado, Adarsa denunció que la decisión municipal contradecía la Ley de Bosques, que establece la protección de humedales como El Pantanillo. “Ahora, con la respuesta oficial, queda en evidencia que quienes promovieron el proyecto serían pasibles de ser investigados por el probable delito de abuso de autoridad”, señalaron desde la organización, subrayando la gravedad del asunto.
La ONG recordó antecedentes judiciales, como el caso del exsecretario de Ambiente condenado por incumplir la normativa ambiental, y advirtió que cualquier intento de modificación del humedal podría derivar en acciones legales. Además, hicieron un llamado al gobierno local para derogar de manera urgente la ordenanza en cuestión y solicitaron disculpas públicas de quienes “menospreciaron la voz de la comunidad”.
El Pantanillo, ubicado en la zona oeste de Villa Carlos Paz, es considerado un valioso ecosistema que contribuye a la regulación hídrica y la biodiversidad local. La preservación de este tipo de humedales es clave para mitigar el impacto del cambio climático y proteger los recursos naturales, según expertos ambientales.
Desde Adarsa concluyeron con un mensaje esperanzador: “Nos alegra saber que el Pantanillo seguirá siendo un humedal que nos proteja a todos, aunque preocupa que deban ser las organizaciones socioambientales quienes asuman la defensa de los bienes comunes frente a la inacción gubernamental”.
