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El Gobierno de Emmanuel Macron anunció nuevas medidas de seguridad después de un fin de semana de protestas, saqueos e incendios en distintas ciudades. El ministro del Interior reconoció que la Policía perdió el control en algunos sectores y presentó su renuncia, que fue rechazada por el Presidente. Cerca de 3.000 comercios sufrieron daños.
Francia atraviesa una de las mayores crisis de violencia urbana de los últimos años, después de que las manifestaciones contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos derivaran en enfrentamientos, saqueos e incendios en varias ciudades. Los disturbios dejaron alrededor de 2.400 detenidos y casi 1.000 policías y gendarmes heridos, mientras el Gobierno anunció este lunes 19 de octubre la aplicación de toques de queda parciales para intentar restablecer el orden.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, comunicó las nuevas medidas después de una reunión del gabinete de crisis convocada para evaluar los daños y revisar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.
La decisión contempla restricciones de circulación durante determinadas horas en sectores urbanos especialmente afectados por los saqueos. Los prefectos deberán definir las zonas alcanzadas en coordinación con los intendentes y las autoridades comerciales locales.
El Gobierno también anunció un refuerzo de los operativos policiales, mayores recursos para las investigaciones judiciales y asistencia económica para los comerciantes que sufrieron destrozos.
La crisis representa un nuevo desafío para el presidente Emmanuel Macron, cuya administración enfrenta un creciente descontento social a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027.
De las protestas sociales a los enfrentamientos
La escalada comenzó el sábado 17, cuando alrededor de 500.000 personas participaron de movilizaciones en toda Francia para reclamar medidas frente al encarecimiento de los alimentos, la energía y otros gastos esenciales.
Las protestas reunieron a estudiantes que venían cuestionando las condiciones del sistema educativo, organizaciones sociales y sectores vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos.
Aunque numerosas manifestaciones se desarrollaron pacíficamente, grupos de personas protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y atacaron edificios públicos y establecimientos comerciales.
Los episodios más graves se registraron en París, Marsella, Lyon y Limoges, donde hubo incendios de vehículos, barricadas, roturas de vidrieras y saqueos.
En Limoges, el histórico edificio del Ayuntamiento, construido en el siglo XIX, sufrió un incendio de gran magnitud que provocó el derrumbe de parte del techo y daños estructurales severos.
En la capital francesa, los disturbios alcanzaron sectores comerciales del centro, incluidos establecimientos de marcas internacionales. También se registraron ataques contra comercios de barrios residenciales.
La violencia continuó durante el domingo, cuando grupos de personas volvieron a enfrentarse con la Policía y se produjeron nuevos saqueos.
Según el balance difundido por el Ministerio del Interior, cerca de 2.400 personas fueron detenidas durante los operativos. Las autoridades también informaron que casi un millar de integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.
El sector comercial estima que alrededor de 3.000 negocios fueron afectados por incendios, destrozos o robos.
El ministro del Interior reconoció que perdieron el control
La magnitud de los incidentes provocó fuertes cuestionamientos al operativo de seguridad desplegado durante el fin de semana.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció este lunes que las fuerzas policiales fueron desbordadas en varias ciudades, pese a que el sábado se habían movilizado unos 60.000 efectivos.
El funcionario admitió problemas de planificación y una evaluación insuficiente de la cantidad de manifestantes y de la capacidad de acción de los grupos que protagonizaron los ataques.
“No se puede mirar a los comerciantes a los ojos, después de que cientos de negocios fueran saqueados, y decirles que no perdimos el control”, sostuvo en declaraciones a la radio France Inter.
Ante la gravedad de la situación, Nuñez presentó su renuncia. Sin embargo, Macron decidió rechazarla y le ordenó continuar al frente del Ministerio para garantizar la conducción de los operativos.
El Palacio del Elíseo informó que el Presidente exigió una revisión de los procedimientos de inteligencia y de las estrategias policiales utilizadas durante las manifestaciones.
También reclamó implementar nuevas modalidades de intervención para prevenir otros episodios de violencia.
Toques de queda y asistencia a los comercios
Tras la reunión del gabinete de crisis, Lecornu anunció que los prefectos comenzarán a aplicar toques de queda parciales y localizados desde la noche de este lunes.
Las restricciones estarán dirigidas principalmente a sectores comerciales y zonas urbanas donde las autoridades consideran que existe mayor riesgo de nuevos saqueos.
El primer ministro dejó abierta la posibilidad de recurrir al estado de emergencia si las circunstancias lo requieren, aunque por ahora el Ejecutivo prioriza medidas territoriales.
También anunció una respuesta judicial más intensa. En París, alrededor de 200 investigadores analizarán grabaciones de cámaras de seguridad y registros audiovisuales difundidos en redes sociales para identificar a los responsables de los ataques.
Según el Gobierno, cerca del 80% de las personas que permanecen bajo custodia policial enfrenta procedimientos judiciales.
La administración francesa pondrá en marcha además un fondo especial para los comercios afectados y agilizará los mecanismos de asistencia laboral.
Entre las medidas previstas figura la cobertura del 100% de la compensación por actividad parcial para trabajadores de establecimientos que deban interrumpir temporalmente su funcionamiento.
El objetivo es permitir que los negocios recuperen su actividad y evitar nuevas pérdidas de empleo como consecuencia de los daños.
La crisis profundiza el enfrentamiento político
Los disturbios también intensificaron las disputas entre el Gobierno y las principales fuerzas opositoras.
Macron condenó los ataques y sostuvo que los responsables de los saqueos intentaron desestabilizar las instituciones republicanas. Al mismo tiempo, reconoció la existencia de reclamos sociales vinculados con el costo de vida y las dificultades de los servicios públicos.
Lecornu responsabilizó a sectores de la ultraizquierda y a grupos organizados de participar en los episodios violentos.
El dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, rechazó esas acusaciones y exigió al primer ministro que presente pruebas de la supuesta participación organizada de su espacio político.
Desde la derecha, el presidente de Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, cuestionó la respuesta oficial y sostuvo que el Gobierno fracasó en su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Las críticas también llegaron desde las administraciones municipales. Los intendentes de París, Marsella y Lyon advirtieron que durante las protestas hubo sectores enteros de sus ciudades que quedaron sin protección suficiente.
El malestar se produce en un contexto económico complejo, marcado por el encarecimiento de la energía, las dificultades presupuestarias y la fragmentación parlamentaria que enfrenta el Gobierno desde las elecciones legislativas de 2024.
Nuevas protestas en el horizonte
La situación sigue siendo delicada mientras las autoridades intentan recuperar la normalidad en las ciudades más afectadas.
En Marsella, la prefectura dispuso restricciones a las concentraciones y manifestaciones durante este lunes, mientras continúan los operativos de limpieza y reparación de los daños.
Las protestas estudiantiles también se mantienen en distintos puntos del país. En París se registraron nuevas concentraciones y bloqueos, entre ellos uno que afectó el acceso al Museo del Louvre.
Organizaciones vinculadas con los chalecos amarillos convocaron a una nueva jornada de movilizaciones para el próximo sábado, mientras sectores sindicales preparan acciones y huelgas para el 5 de noviembre.
Con las elecciones presidenciales de 2027 cada vez más cerca, Macron enfrenta una combinación de crisis social, cuestionamientos a la seguridad pública y crecientes presiones políticas, en un escenario en el que las nuevas medidas del Gobierno serán decisivas para intentar contener la escalada de violencia.
