La sentencia dictada en mayo de 2017 por la Jueza de Primera Instancia y Segunda Nominación de Villa Carlos Paz, haciendo lugar al amparo ambiental en contra de GAMA SA, el gobierno de la provincia de Córdoba y la municipalidad de San Antonio de Arredondo, por la construcción de ‘El Gran Dorado’, ha quedado firme.
La novedad fue confirmada por ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), la organización ambientalista que impulsó la medida judicial.
‘Ninguna de las partes interpuso recurso alguno en contra de la sentencia de la Cámara 9ª de la ciudad de Córdoba, dictada a fines de julio de 2023’, señalaron en sus redes.
Cabe recordar que el publicitado desarrollo urbanístico preveía la construcción de 22 torres de departamentos y un hotel a los pies de las sierras, muy cerca del límite con Villa Carlos Paz.
Con el fallo firme, ADARSA adelantó que, ‘vamos a solicitar el cumplimiento de la sentencia en la parte en la que se condena a la empresa a “recomponer el daño producido por el desmonte en un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y de Bosques de la Provincia de Córdoba’.
‘Desde ADARSA ONG haremos cumplir la sentencia, solicitando a las autoridades del gobierno municipal que garanticen la vigencia de las leyes de bosques y la preservación del patrimonio natural y cultural de la ciudad; e invitamos a la comunidad a mantener el compromiso de cuidar nuestro lugar ejerciendo el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, que conlleva el deber de protegerlo para las actuales y futuras generaciones’, destacaron.
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Al confirmar la noticia, desde ADARSA repasaron, además, las acciones que dieron origen al conflicto:
‘En enero de 2013 advertimos el desmonte total de aproximadamente una hectárea en el predio ubicado en el Norte de la localidad de San Antonio de Arredondo, en el límite con la ciudad de Villa Carlos Paz. Simultáneamente, la colocación de un gran cartel daba cuenta de un futuro mega emprendimiento inmobiliario consistente en la construcción de 22 torres de departamentos y un hotel.
En febrero de 2013 planteamos la acción de amparo ambiental para detener la concreción de este proyecto insustentable desde muchos puntos de vista: tratamientos de efluentes, residuos, provisión de servicios, infraestructura escolar, sanitaria, vial, etc.; y, fundamentalmente, ilegal por tratarse de un predio con bosque protegido, categorizado por la ley de ordenamiento de bosques nativos como zona amarilla y roja.
Durante el trámite del amparo, la jueza ordenó la realización de una audiencia pública, instancia sin precedentes en la provincia que venía siendo omitida a pesar de ser obligatoria, resistida por la empresa Gama y la provincia a través de la interposición de recursos hasta ante el TSJ. Finalmente, esa audiencia se celebró en enero de 2017 y movilizó no sólo a los vecinos de San Antonio, sino a todo Punilla Sur y también a Córdoba, Huerta Grande, hasta Capilla del Monte.
Fue una fiesta de participación ciudadana en la que se expresó la voluntad popular de manera auténtica y no retaceada como ocurre en las actuales audiencias exclusivamente virtuales, donde solo participan los ciudadanos digitales categoría 2. Creíamos que ese camino llegaba a su fin con la sentencia de mayo de 2017 que hizo lugar al amparo, pero la empresa GAMA apeló y el gobierno de la provincia también, aunque luego su recurso fue declarado inadmisible. A partir de allí, transitamos un nuevo camino procesal que se cierra finalmente con la sentencia de la Cámara 9ª del 26 de julio de 2023 en la que se rechaza el recurso de la empresa GAMA SA’.
Nota correspondiente a la edición n° 593 del periódico La Jornada, del 26 de septiembre de 2023.
