Por Evelina Ramírez
“No hay olfato policial sin olfato social, no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad sin llamadas al 911. Detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal; las rutinas institucionales encuentran su punto de apoyo en la vida cotidiana. Los procesos de estigmatización social legitiman el devenir violento de las fuerzas de seguridad. Los estigmas que los vecinos van tallando para nombrar al otro como problema, para delatar a joven peligro, habilitan la violencia policial. Esos estigmas se nutren de un imaginario social de larga duración que nunca terminó de ponerse en crisis. Porque detrás del ‘bardero’ o el ‘pibe chorro’ está el ‘villero’, el ‘piquetero’, el ‘negro cabeza’ o el ‘cabecita negra’, el ‘descamisado’, pero también está el ‘indio’, el ‘gaucho matrero’, el ‘anarquista tirabomba’, el ‘subversivo’, el ‘drogadicto’, el ‘barrabrava’, el ‘malviviente’, el ‘vago’. Un imaginario que las generaciones fueron repitiendo para marcarle la cancha a todos aquellos que pretendían jugar una posición adelantada, que se corrían del lugar asignado, frustrando las expectativas sociales en las cuales los vecinos alertas fueron entrenados y formateados” (Esteban Rodríguez Alzueta – “Hacer bardo”).
Como sucede desde hace 10 años, las calles de Córdoba capital se poblaron de gorras. Pero no de las gorras azules que se ven con frecuencia, sino de gorras multicolores. Gorras cuyo ingreso al centro de la ciudad está vedado el resto del año. Gorras que son miradas con sospecha, porque quien la porta es sindicado como peligroso, por cumplir con el estigma social que señala como potencial delincuente a quien es joven, pobre y morocho.
La fractura social que fomentó el neoliberalismo aplicado desde 1976 y reforzado en los ’90 tuvo varios efectos. Nuestra subjetividad se fue acomodando a un discurso hegemónico que, proveniente de esos mismos sectores dominantes que construyeron esos modelos económicos y sociales para unos pocos, nos decía -y sigue diciendo- que es “normal” vivir en barrios cerrados, construir muros que nos separen de vecinos indeseables, no permitir el acceso a jóvenes de barrios periféricos al centro de la ciudad, etc. Progresivamente, las viviendas -con sus rejas y alarmas- pasaron a ser más parecidas a tipologías carcelarias que a moradas abiertas al encuentro con los demás.
Terminamos, en definitiva, naturalizando que la mejor y única forma de poder vivir tranquilos es llenando las cárceles de pobres y la ciudad de policías. Como si de esa manera fuera posible constituir una sociedad democrática. Nuestra provincia se convirtió en estas últimas décadas en un fiel representante de esta noción de entender la sociedad promovida desde los principios del neoliberalismo. El espacio habitable se dividió de acuerdo a las jerarquías sociales, y los dispositivos de seguridad cumplieron su función de que cada uno ocupe la zona que le corresponde.
Las normativas se adaptaron a los nuevos tiempos, como fue el caso del código destinado a sancionar las conductas contravencionales. La mirada represiva del Código de Convivencia (antes llamado Código de Faltas) permitió a la policía contar con ciertos atributos reñidos con las garantías constitucionales, a fin de garantizar este modelo de segregación y fragmentación del orden social.
En este proceso, los más afectados han sido los jóvenes que habitan los barrios populares. Ellos son los que más han sufrido la puesta en práctica de este código represivo, que favoreciendo la violencia institucional no sólo les ha implicado graves perjuicios económicos, sociales, morales y psicológicos, sino que se ha llegado al extremo de numerosos casos de maltratos físicos y “gatillo fácil”.
Pero los jóvenes cordobeses no se han quedado callados ni han aceptado esta situación. Desde hace 10 años vienen organizándose y resistiendo la violencia policial, cuyo símbolo más importante de lucha y movilización es la Marcha de la Gorra.
Este aniversario se vivió de manera especial. El mismo día de realización de la marcha (el viernes pasado) comenzaba el juicio por el crimen de Fernando “Güere” Pellico, ocurrido en julio de 2014. “Güere” fue asesinado de un balazo en la cabeza, tras ser perseguido por un móvil policial en la zona de Los Cortaderos, ubicada en barrio Los Boulevares, al norte de la ciudad de Córdoba.
Por el caso están acusados dos agentes de la policía de Córdoba: el sargento Rubén Leyva y el oficial Lucas Chávez. Ambos se encuentran imputados y detenidos por homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por ser funcionarios de fuerza de seguridad.
El caso de “Güere” tomó gran trascendencia también por la justificación que hizo el por entonces jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Julio César Suarez, al sostener que había “una delgada línea” entre “el accionar legítimo” de los policías y “lo que se denomina gatillo fácil”.
Cabe recordar también que sobre el propio Suárez pesa una causa por amenazas al periodista de los SRT, Dante Leguizamón.
A esto hay que sumarle que, el mismo 18 de noviembre en horas de la mañana, la policía ingresó a Villa La Tela y llevó adelante un violento procedimiento policial que incluyó disparos de goma a los vecinos que intervinieron.
“La policía de la provincia detuvo violentamente a un joven en villa La Tela. Una vez que lograron esposar al joven, la policía empezó a golpearlo fuertemente por lo que los vecinos que estábamos en la calle viendo este enorme hecho de violencia, empezamos a pedirle a los efectivos que dejen de golpearlo. La respuesta policial fue empezar a apuntarnos y dispararnos con balas de plomo a plena luz del día, con niños en el medio. Cuando esto sucedió, algunos efectivos empezaron a ingresar en las casas del barrio, sin órdenes judiciales y con el solo poder que les dan las pistolas y el Estado. En todas las casas a las que entraron generaron destrozos y robaron dinero y artículos de valor”, denunciaron desde el Encuentro de Organizaciones.
“Acá también pasa”
La Marcha de la Gorra ha permitido darle visibilidad a los abusos policiales y detenciones arbitrarias que tienen como principales destinatarios a los jóvenes de barrios populares. Esto sucede en todo el territorio provincial. No sólo porque el Código de Convivencia también tiene vigencia en Villa Carlos Paz (como toda ley provincial), sino porque la policía es la misma. Y en esto, desde las organizaciones sociales han sido muy claras: no es una policía, es la institución.
En algunas ciudades del interior provincial como Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Jesús María y Mina Clavero se ha logrado replicar la marcha y dar cuenta de la problemática. No es el caso de Villa Carlos Paz donde, por más que varios medios de comunicación y buena parte de la clase política no den cuenta de ello, el problema existe.
“Acá también pasa”, responde sin dudar Tatiana Piragino, coordinadora del Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT) que funciona en el Escuela Presidente Sarmiento, de barrio Obrero.
Ella ha sido testigo de los violentos “procedimiento de rutina” (así los denomina la policía) a los que son sometidos los jóvenes. “Los chicos sienten una impotencia total con respecto a las herramientas que tienen para hacer frente a las situaciones violentas. Desde el simple hecho de que les pidan la documentación, generalmente implica un maltrato porque, aparte de que no pueden decir ni preguntar nada cuando están entregando la documentación, a veces se ligan un puñetazo en las costillas, un golpe o una patada. Eso es habitual y todavía se hace. Y se los detiene simplemente por portación de cara”, relató.
La docente sostuvo que el cambio de Código de Faltas a Código de Convivencia no ha significado una modificación sustancial en la forma de proceder de la policía. Y dio como ejemplo lo que sucede a la salida de la escuela: “Cuando los chicos salen tarde, como a las 21:30, están en la parada de colectivo y la policía lo mismo se para a pedirles documentación o requisarlos. O sea que hay prácticas que todavía se mantienen”, evaluó.
Sostuvo que la situación “genera resentimiento”, pero remarcó que, “los jóvenes son conscientes de que si contestan o hacen algo, es peor”. “Los abusos son una práctica institucionalizada. Y tras 10 años de la Marcha de la Gorra, creo que el problema se ha hecho visible, pero no se ha generado ningún diálogo social para generar otro tipo de acuerdo social. Estamos ante una demostración del problema, pero la policía sigue aduciendo los ‘actos de incivilidad’, como dicen ellos, para justificar su proceder”, consideró.
“Creo que no hay mucha conciencia sobre la problemática. En los barrios está muy naturalizado el maltrato policial”, afirmó por su parte Eugenia Cazenave, bibliotecaria del IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro e integrante de la Fundación María Elba Martínez, que viene trabajando en la problemática de violencia institucional en la zona Sur de Punilla.
Además, señaló que en el intercambio que mantiene a diario con los estudiantes, le relatan episodios muy violentos que se dan en los barrios con la policía y entre los vecinos. “Está naturalizado que venga la policía y te maltrate”, insistió.
En esa falta de conciencia sobre la problemática, comparó el escenario de Punilla Sur con lo que sucede en Córdoba capital donde hay varias organizaciones sociales que están trabajando de manera continua en los barrios y generando estrategias de intervención.
En esa línea se interpeló sobre si las organizaciones sociales tienen un verdadero trabajo de base que permita abordar de manera constante la problemática, para hacerla consciente y demandar otras acciones.
Nada cambió demasiado
Cuando se sancionó a fines del año pasado el nuevo código de convivencia, varios de quienes lo aprobaron en el recinto legislativo justificaron su voto afirmando que este nuevo marco legal acabaría con las prácticas anticonstitucionales que la ambigüedad de varios de sus artículos permitía, como el merodeo y la prostitución escandalosa. Sin embargo, como lo demostró la última manifestación de la Marcha de la Gorra y los casos que se siguen conociendo de violencia institucional, el problema aún está lejos de ser resuelto.
Desde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos –organización impulsora de la Marcha de la Gorra- señalaron que el cambio del Código de Faltas al Código de Convivencia no ha solucionado el tema, ya que las denuncias de prácticas abusivas y autoritarias por parte de la policía, siguen vigentes. “Creemos que no hay diferencias sustanciales. Las modificaciones solo han sido una estrategia política para intentar detener la lucha”, dijo Belén Ardiles y consideró que, “la problemática no es legislativa, sino mucho más grande”.
“No estamos marchando pidiendo modificaciones del Código de Convivencia, sino que hay practicas represivas que se deben erradicar”, remarcó.
Claramente el problema no sólo pasa por el contenido de la normativa contravencional, o una reforma de la institución policial. También implica un profundo cambio que nos debemos como sociedad. Este tipo de prácticas agraviantes hacia nuestros jóvenes es posible, por una parte, por la persistencia de una cultura represiva en nuestras fuerzas de seguridad; pero también se nutren de un imaginario social que, habiendo naturalizado vivir en una sociedad marcada por la desigualdad y la fragmentación de su tejido social, adhiere a sustentar su seguridad aprobando aquellos métodos inquisitoriales que la ponen a resguardo de quienes deben pagar el precio de ese mundo para unos pocos.
Pero no hay seguridad posible militarizando nuestras calles y espacios públicos, ni sometiendo a vigilancia permanente nuestras vidas.
En este sentido, Villa Carlos Paz no es una isla, y es hora de que la clase política de una respuesta hacia nuestros jóvenes. No hay futuro posible si no es para todos, porque la democracia no significa gobierno para unos pocos, sino el derecho de todos a acceder a las condiciones que hacen posible vivir y disfrutar de la vida.
A 9 meses, Cristian sigue detenido sin pruebas
Cristian Dematei se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer. Está acusado de “robo calificado” por un hecho que ocurrió el 24 de febrero de este año. Sin embargo, en lo que va de la investigación no se han encontrado pruebas que lo incriminen en el hecho.
“Estamos esperando todavía. Hace nueve meses que entregamos el informe sobre cómo fue la investigación. Se sumó también el testimonio de los guardavidas que eran compañeros de Cristian. Declararon que Cristian estuvo trabajando ese día. Dijeron todo como fue, pero todavía no resuelven nada”, expresó Ángel, papá del joven detenido.
La causa está en manos de la fiscalía N°2 a cargo de Ricardo Mazzuchi. También ha tenido intervención el juez de Control y Minoridad, Daniel Strasorier, quien el martes 12 de julio revocó el pedido de libertad, lo cual ya ha sido apelado por la familia ante la Cámara de Acusación de Córdoba, que todavía no ha resuelto nada. “Los tiempos lo manejan ellos”, añadió Ángel con resignación.
El 24 de febrero Claudia Molina fue asaltada en el ingreso de su casa. Le robaron dinero y electrodomésticos. Inicialmente, la mujer dirigió sus sospechas hacia Paola Dematei (hermana del joven detenido), ya que trabaja con ella.
Molina vive de la venta particular de electrodomésticos y Paola es la encargada de realizar la cobranza casa por casa. A partir de ese vínculo laboral, la víctima los señaló como responsables del asalto, acusando a Paola de brindarle información a su hermano, y a Cristian de perpetrar el hecho.
Lo cierto es que esa acusación inicial fue perdiendo fuerza, puesto que nunca se encontraron elementos de prueba. Por ejemplo, en los allanamientos realizados en la vivienda del joven jamás encontraron nada que lo implique. De hecho, la policía realizó un operativo buscando una moto enduro blanca y el arma con la cual la víctima del robo fue intimada.
En el desarrollo de la investigación, el propio juez Strasorier desvinculó a Paola del episodio, negando su carácter de “partícipe necesaria” y al poco tiempo resolvió su libertad. Sin embargo, no tuvo el mismo criterio para con Cristian.
Carta Abierta al Estado policial
“El silencio corporativo de la prensa, el asesinato de nuestrxs pibxs queridxs, la persecución a carrerxs, trabajadorxs formales e informales y trabajadorxs sexuales, el allanamiento sin orden judicial de cualquier casa villera, y el arresto de cada persona que ose enfrentarlos, son algunos de los hechos que nos obligan a repetir esta forma de expresión colectiva después de haber caminado libremente por las calles de nuestra ciudad un día por año, durante los últimos diez años.
“El décimo aniversario de la Marcha de la Gorra nos motiva a un balance de la acción de su gobierno: lo que ustedes promueven bajo la bandera de Unión Por Córdoba no es más que un plan de exclusión, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
“El 20 de noviembre del 2007 marchamos en el centro de una ciudad de la que supuestamente formamos parte, señalando con el dedo a los ejecutores de la política represiva. En esa perspectiva no solo apuntábamos a la vigencia transitoria del Código de Faltas, sino a las prácticas criminalizantes y asesinas que esta ley avalaba, prácticas que después de la aprobación del Código de Convivencia, ustedes continuaron y agravaron.
“La orientación de sus gobiernos ha fortalecido los intereses de minorías que explotan y disgregan al pueblo. Un plan semejante sólo puede imponerse si logran derrotar a quienes hoy estamos de pie enfrentando sus políticas represivas y de ajuste. Si hoy estamos aquí es para recordarles que no van a poder, que no los vamos a dejar.
“Desde que comenzamos a marchar en 2007, sólo en la provincia de Córdoba hubo más de 150 muertes en manos del aparato represivo. Sus políticas de segregación nos dividen entre ciudadanxs de primera y de segunda, levantan muros reales y simbólicos, y clasifican los barrios por colores según su supuesta peligrosidad. Mediante este diseño represivo nos persiguen, encarcelan, torturan y fusilan impunemente”.
Parte del documento de la 10° Marcha de la Gorra.
Nota correspondiente a la edición n° 443 del semanario La Jornada, del 20 de noviembre de 2016.
