Enero ha sido intenso. Y no sólo por las temperaturas, sino –fundamentalmente- por los conflictos abiertos en la ciudad y que el gobierno de Carlos Paz Unido (CPU) no sólo no logra resolver sino que sus respuestas han sido la confrontación, la descalificación y la violencia, acrecentando los desacuerdos.
A poco menos de un mes del pretendido traspaso del servicio de agua a la esfera municipal (anunciado para el 26 de febrero), el gobierno de Daniel Gómez Gesteira no ha precisado de qué manera llevará adelante la prestación (no hay ninguna especificación técnica u operativa) y mucho menos ha definido qué pasará con los puestos de trabajo que hoy sostiene la COOPI.
El único intento que hicieron para resolver esto último fue plantear un proyecto de ordenanza que lisa y llanamente contradecía lo establecido por Carta Orgánica en lo referido al Régimen de Empleo Municipal, regulado en el artículo 103.
El proyecto pretendía que el Concejo de Representantes faculte al Ejecutivo a incorporar a los trabajadores de la Cooperativa Integral “afectados exclusivamente a la prestación del servicio de agua potable mediante el dictad de un acto expreso de inclusión en las previsiones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.
El artículo dos expresaba que la incorporación sea realizada en función del listado de trabajadores acompañado por la COOPI en 2017 “respetando la antigüedad en el servicio, categoría profesional, escala salarial, jornada laboral y agremiación sindical de los trabajadores”. Sin embargo nada decía que las y los trabajadores pasarían a planta permanente.
Y el artículo tres –y más cuestionado- habla de “crear un registro a cargo de la Dirección de Recursos Humanos a fin de que hasta el 22 de enero de 2021, los trabajadores de la COOPI que decidan incorporarse al municipio, se inscriban previo a acreditar su pertenencia exclusiva al servicio de provisión de agua potable”.
El proyecto se conoció en la audiencia en el ministerio de Trabajo del 6 de enero. El secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), Gustavo Valdez, consideró que con esta maniobra el municipio estaba “escupiendo la mesa” de negociación abierta en el ministerio de Trabajo.
La propuesta se discutió en la sesión del jueves 21 de enero.
Previo a eso, el intendente Gómez Gesteira envió a las y los trabajadores de la COOPI una carta en la que lisa y llanamente apeló a la extorsión. En la nota se advertía que si no se lograba la aprobación del proyecto impulsado, el municipio no contemplaría los derechos laborales que hoy tienen en la COOPI.
“En caso de que la dirigencia de la oposición, de la Cooperativa y del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) impidan la aprobación de la ordenanza, los trabajadores de la Coopi continuarán teniendo la prioridad para incorporarse, bajo las órdenes del Municipio, como trabajadores para la prestación del servicio de agua, pero dentro de las previsiones del Estatuto del Empleado Municipal (ordenanza 538)”, se lee en la misiva.
El debate en sesión fue durísimo. Duró más de tres horas donde abundaron las descalificaciones, chicanas y los gritos de los concejales oficialistas.
El principal argumento de rechazo por parte de los concejales de los bloques minoritarios fue que el proyecto vulneraba la Carta Orgánica Municipal (COM). “El artículo 103 define taxativamente cuatro categorías de empleo municipal: personal permanente, contratado, transitorio y de gabinete. En el último párrafo este artículo le pone una sentencia a este proyecto y dice ‘queda prohibida cualquier contratación laboral fuera de este régimen, excepto los profesionales que a su solicitud podrán ser contratados por medio de locaciones de servicio’”, explicó con claridad el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente).
En la defensa del proyecto, el edil oficialista Sebastián Guruceta tuvo una afirmación en la que reconoció que el estado municipal precariza. “Esta es la única oportunidad a través de la cual se les puede respetar sus derechos. Y si no se realiza de esta forma, serán abiertamente perjudicados porque van a ingresar al municipio bajo otra modalidad y sin conservar la antigüedad ni los adicionales”, afirmó.
Su compañera de bancada, Carla Livelli, tuvo también un lapsus que dejó en evidencia el autoritarismo de Gómez Gesteira. “Lo voy a rescatar al intendente municipal. El intendente que sin importar nada, está llevando adelante esta decisión”, dijo.
El concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), reiteró que el gobierno de CPU se ha caracterizado por “forzar interpretaciones” de la COM. Y remarcó: “Esto es una improvisación absoluta por parte de este gobierno”.
Gustavo Molina, del Frente Capaz, hizo referencia a la reunión mantenida con las y los trabajadores de la COOPI a la que fueron invitados todos los concejales, pero solo acudieron los representantes de la oposición. “Esa masa de trabajadores solo tiene un sentimiento: pérdida, incertidumbre y desprotección. En el rol que me cabe como representantes del pueblo no puedo dejar de escuchar esas voces. Y voy a hacer lo que los trabajadores me pidieron que es no acompañar este proyecto”, dijo.
La concejala radical Natalia Lenci también votó en contra y entre lágrimas llamó a los representantes del oficialismo a no tratar a los trabajadores como números, sino como personas. “La incorporación de 55 trabajadores, que es lo que el Ejecutivo manifestó en el último pleno de gobierno, es inadmisible. Desde mi banca yo defenderé a todos los trabajadores”, enfatizó.
El proyecto finalmente no se aprobó.
No obstante, desde el SIPOS indicaron que esto no puede significar una habilitación a la vulneración de derechos laborales. “Decir que si no se aprueba el proyecto es culpa de los concejales de la oposición, de la Cooperativa y del sindicato, es de una perversión pocas veces vista”, consideró el secretario general Gustavo Valdez.
“No puede aprobar una ordenanza de esa manera. Si no, que la aprueben con los votos del oficialismo y listo. Pero no se animan a hacerlo porque es tan ilegal que quieren abrazar a tres o cuatro concejales de la oposición para no asumir solos el costo político de sancionar una ordenanza que es violatoria de la Carta Orgánica”, añadió.
En este sentido, indicó que el municipio ha demostrado que “no tiene ningún intención de tomar a los trabajadores de la Cooperativa”. Y remarcó: “Van a tener que seguir buscando porque seguiremos pidiendo que presente un instrumento legal que sí permita absorber a los trabajadores, si es lo que quieren hacer”. Desde el gremio calificaron de “desleal” y “extorsiva” la carta firmada por el intendente Daniel Gómez Gesteira.
En la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, desde el sindicato reiteraron el pedido de que ese organismo provincial intime al municipio de Villa Carlos Paz a que cese en las acciones de traspaso del servicio de agua hasta tanto se resuelva la situación de las y los trabajadores.
CPU rechazó crear una comisión para un abordaje integral del conflicto por el servicio de agua
El concejal Carlos Quaranta -junto a los ediles Jorge Lassaga, Daniel Ribetti y Gustavo Molina- presentó a mediados de enero un proyecto para crear una comisión de Evaluación y Gestión del servicio de agua potable con el fin de elaborar un informe para determinar el futuro de la prestación del servicio esencial de agua potable en nuestra ciudad.
La comisión estaría integrada por dos concejales en representación de la mayoría; dos en representación de las minorías, y dos representantes del Ejecutivo. El informe debía contener una memoria detallada de la situación del servicio, necesidades, objetivos, financiación, legislación, que permita al cuerpo deliberante asumir el análisis y el debate que permita definir el modo de continuidad de la prestación del servicio.
“Si bien no es voluntad de este proyecto reabrir el debate judicial, sí corresponde enunciar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en su fallo define la posibilidad de recuperar el servicio, pero sin dejar de remarcar que debe ser el Concejo de Representantes quien debe definir bajo qué modalidad debe prestarse el mismo”, se lee en los considerandos del proyecto.
En diálogo con VillaNos Radio, el edil autor del proyecto insistió en que no se está discutiendo el fallo judicial, sino que a partir de lo expresado en el dictamen del TSJ se hace foco en la intervención que debe tener el Cuerpo Legislativo a la hora de definir en manos de quien tiene que estar la prestación de un servicio público.
“El fallo judicial dice que terminado el plazo de contratación, existe la posibilidad de que el municipio retome el servicio. Ahora bien, también el fallo dice que una vez retomado el servicio, debe tener participación el Concejo para decidir qué hacer con ese servicio que se recupera. Para decidir si ese servicio lo va a prestar de manera directa el municipio o se va a prestar a través de cooperativas de usuarios locales como lo plantea la Carta Orgánica”, expresó Quaranta.
Y remarcó: “No es que el fallo habilite de por si que el Ejecutivo determine como hacerlo. Lo que habilita es a recuperar el servicio”.
La propuesta fue rechazada por el bloque de Carlos Paz Unido.
Adolfo Pérez Esquivel: “La Cooperativa está defendiendo el agua como un bien social”
El destacado defensor de los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, envió un mensaje de apoyo a la Cooperativa Integral, en el marco del conflicto que el municipio ha instalado por la prestación del servicio de agua en Villa Carlos Paz.
“Toda la solidaridad y apoyo a la cooperativa de Carlos Paz, la COOPI”, comienza diciendo en el video quien fue reconocido como Premio Nobel de la Paz en 1980.
Tras indicar que dejó su firma de adhesión al petitorio lanzado en la plataforma change.org, Pérez Esquivel le dejó también un claro mensaje al intendente Daniel Gómez Gesteira.
“Quiero decirle al intendente que el agua es un bien social. No puede ser privatizada. Es un derecho humano. Es un derecho de los pueblos. Es un derecho de la naturaleza. No puede estar en manos privadas”, expresó.
En este sentido remarcó que “la cooperativa está defendiendo el agua como un bien social”.
“Le deseo mucha fuerza, mucha esperanza y toda la solidaridad”, agregó y reiteró su mensaje al intendente: “Le digo que cambie. Que en lugar de privilegiar el capital financiero, privilegie el derecho del pueblo al agua”.
El petitorio en la plataforma change.org fue impulsado por una vecina para que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, planteen caminos de diálogo con la Municipalidad de Carlos Paz, nunca iniciados por negativa del intendente, para poder solucionar este conflicto. También se solicita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte urgentemente una medida cautelar para evitar la destrucción de la Cooperativa.
Solidaridad obrera con los trabajadores de la COOPI
Las cuatro centrales sindicales de la provincia de Córdoba expresaron su respaldo a las y los trabajadores de COOPI en el marco de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo a fines de marzo.
“Sabemos que esta es una pelea que tiene muchos años y que desde hace tiempo están queriendo quitarle el servicio de agua a la Cooperativa y en realidad el interés de fondo es destruirla. La COOPI es un ejemplo claro de que se pueden manejar las cosas de otra manera. Se puede brindar un servicio de calidad a precio justo y pagando salarios como corresponde, sin explotar a los trabajadores, como seguramente intentará hacer el municipio sosteniendo el servicio con contratos basura”, dijo Pablo Carro, diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores Córdoba.
De parte de la CGT Regional Córdoba, fue la dirigente Ilda Bustos la que hizo uso de la palabra e hizo hincapié en que “las políticas neoliberales están vigentes en Córdoba”.
“Si mantenemos el grado de unidad, de firmeza y de compromiso rodeando a esta lucha por la preservación de la cooperativa y de los puestos de trabajo, creo que vamos a lograr como otras veces que retrocedan estos intentos de hacer de servicios públicos esenciales, negocios”, dijo.
Gabriel Suárez, dirigente de Luz y Fuerza y de la CGT Rodríguez Peña, hizo alusión a la vigencia de decreto presidencial que prohíbe los despidos. “La justicia también es responsable de lo que le pase a los trabajadores. Hay un DNU que impide las cesantías y cubre a todos los trabajadores, no es un invento de nosotros”, expresó y remarcó: “La pelea que están dando es noble y justa”.
En nombre de la CTA Autónoma habló Marcos González, quien sostuvo que resulta fundamental resistir a los intentos de privatización encubierta de servicios públicos que en pandemia fueron declarados esenciales. “Acá estamos juntos y seguirnos acompañando cada medida que resuelvan. Tenemos que resistir porque esto no es otra cosa que los buitres en la municipalidad de Carlos Paz que quieren hacerse de la experiencia y la construcción colectiva de una cooperativa que tiene más de medio siglo”, enfatizó.
Más gremios
En la última audiencia desarrollada frente al Ministerio de Trabajo, más entidades gremiales que expresaron su solidaridad con la COOPI. Entre los presentes estuvo el secretario general adjunto de ATE Córdoba, Hugo Durán quien dijo: “Más que ser solidarios con el reclamo, nos sentimos parte de ese reclamo. Entendemos que esta es la lucha de todo el pueblo de Carlos Paz. Cómo puede ser que este intendente que no puede manejar el hospital Sayago, que empezó a cerrar los dispensarios en el turno noche porque no tiene médicos en plena pandemia y a punto de segundo brote más importante, este tipo que tiene cuatro respiradores en el hospital para hacer frente a 90 mil habitantes de Carlos Paz… ese tipo es el que quiere hacerse cargo del servicio que presta la COOPI hoy”, dijo y remarcó: “Los trabajadores de la COOPI son de la COOPI”.
Alfredo Seydell, de la secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza sostuvo que “la COOPI somos los trabajadores” y que “cuando tocan a un trabajador, nos tocan a todos”.
Detalló además que hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo para que se cumplan el derecho humano al trabajo. “Ese es nuestro aporte y es otro frente que hay que atacar”, remarcó.
Olga Sayago, secretaria General Adjunta de la CTA de los trabajadores recordó que “no es la primera ni a ultima vez” que desde la central obrera están acompañando a lxs trabajadorxs de la COOPI. “Somos parte de la COOPI, somos todos laburantes y compañeros que estamos en la calle para defenderlos, acompañarlos y abrazarlos. Lo que está haciendo el intendente de Carlos Paz es un desastre. El querer echar a médicos de un hospital, el querer dar de baja a los trabajadores de la COOPI es una tremenda injusticia. Y detrás de las injusticias siempre hay un negocio”, enfatizó.
Desde la Red de Trabajadorxs Precarizadxs, una vez más, estuvieron acompañando la manifestación. Juan Pablo Aguilar, referente de la organización, sostuvo que es fundamental seguir forjando la unidad de los diferentes sectores vinculados al trabajo. “Esto que están haciendo con la COOPI es una muestra de que los diferentes gobiernos quieren avanzar en aumentar la precarización”, dijo.
Irina Santesteban, referente del Partido de la Liberación y exsecretaria general de la Asociación de Empleados del Poder Judicial Gremial consideró que la lucha de lxs trabajadorxs de la COOPI es justa. “Es una lucha que tiene un objetivo justo: la defensa de un bien común como es el agua, que el sistema capitalista la quiere convertir en una mercancía. El agua, además de ser un recurso de nuestra naturaleza, es un derecho”, subrayó.
En el lugar también estuvieron presentes representantes de UEPC, ADIUC y del Frente Barrial de la CTA, entre otras organizaciones.
Nota correspondiente a la edición n° 561 del periódico La Jornada, del 27 de enero de 2021.
