Las autoridades del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz ofrecieron una conferencia de prensa el pasado viernes, donde insistieron en la necesidad de que los fiscales Ricardo Mazzuchi y Gustavo Marchetti sean trasladados “a los fines de lograr la reconciliación de la sociedad con los poderes del Estado”.
Ricardo Rosales, presidente de la entidad, explicó que, “estamos en trabajo permanente para lograr el objetivo que se debe cumplir: la separación de estos fiscales de la ciudad de Villa Carlos Paz”.
En este sentido precisó que ya se han reunido con el Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín.
“El 13 de mayo brindamos documentación con nuevos elementos para incorporar en lo manifestado. Esto es imprescindible porque la sociedad de Carlos Paz lo necesita para recuperar la confianza en la justicia y la única forma es con el apartamiento de estos fiscales”, remarcó.
Los cuestionamientos hacia ambos funcionarios del ministerio Público Fiscal vienen hace tiempo, pero recrudecieron a partir de la actuación de Mazzuchi en los casos de Andrea Castana y Hernán Sánchez.
“La designación de la doctora Hillman fue una respuesta pero creemos que no es suficiente. La ruptura del tejido social con respecto a los fiscales es un tema delicado que es irrecuperable en la medida que sigan estando estas personas”, insistió Rosales.
“El mandato que tenemos es solicitar la separación de sus funciones de ambos fiscales. Lógicamente, si no nos dan bolilla y no hay suficiente respuesta, haremos lo que corresponda: si el jury es procedente, lo haremos también”, dijo.
Cabe recordar que en la legislatura provincial ya fue ingresado un pedido de jury presentado por Liliana Montero.
Conducta indecorosa
En la nota elevada a la Fiscalía General, el Colegio de Abogados expresa que los fiscales tienen una “auto atribución errónea de una jerarquía funcional que va en detrimento de una correcta atención al público y una correcta exteriorización de la imagen institucional”.
“Se ha comprobado la indecorosa conducta personal desplegada por algún funcionario local de jerarquía institucional en lugares de concurrencia pública que, al ser comentada en un nivel escandaloso, involucra a la repartición a la que pertenece y representa sin solución de continuidad en la deplorable impresión que causa en la ciudadanía y que contribuye a la creación de un sentimiento de inquietud y temor antes denunciado”, advierte la entidad, y concluye que ambos fiscales deben ser trasladados “a los fines de lograr la reconciliación de la sociedad con los poderes del Estado”.
Nota correspondiente a la edición n° 369 del semanario La Jornada, del 31 de mayo de 2015.
