Según pudo conocer La Jornada, un grupo de vecinos presentó una denuncia penal contra el intendente municipal por lo que consideran el mal uso de la pauta oficial.
Más precisamente, sostienen que varias de las publicidades que el municipio distribuye a los diferentes medios violan la ordenanza 5264 que regula, justamente, la contratación de la pauta oficial.
La citada norma, sancionada en 2010 cuando Avilés era concejal y gobernaba Carlos Felpeto, señala taxativamente que, “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá abstenerse de utilizar cualquier forma de comunicación institucional que importe promover explícita o implícitamente, intereses de algún partido político, ni estar al servicio de destacar actos de gestión en la figura o nombre de persona, ni para promoción personal de funcionario alguno, ya sea con utilización de nombres propios, de slogans o similares”.
Los ciudadanos plantearon a la fiscalía que investigue esta situación, bajo el supuesto que el intendente cometió el delito de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Una de las acciones que llamó la atención es la utilización del reverso de los cedulones municipales para publicitar la asunción de Daniel Gómez Gesteira como secretario de Coordinación de Gabinete. Con matices, la idea se replicó en diferentes medios de comunicación.
El despliegue publicitario sobre este tema fue inédito, ya que en la historia de la villa no hay antecedentes de una estrategia comunicacional de ese tipo. Y se vincula esta decisión a que Avilés habría decidido ‘ungir’ a Gómez Gesteira como su candidato para intentar retener el municipio en 2019, y necesita ‘levantar’ su imagen.
“Está haciendo publicidad de la gestión en función de proyectar algunos funcionarios y su propia imagen”, advierten.
Por otro lado, se conoció que en las próximas horas habría una ampliación de la denuncia. En este caso, se sumaría al expediente la decidida intervención que tuvo en esta polémica el vocal del tribunal de Cuentas Daniel Viale (UCR).
Cabe recordar que Viale envió una nota a la presidenta del organismo de control, Raquel Merlino, pidiéndole que “arbitre los medios para que sean remitidas (…) las demo y/o textos contratados por el municipio para su difusión en todos los medios de prensa locales, provinciales y nacionales; de manera tal que se pueda valorar con exactitud si las contrataciones cumplimentan la normativa vigente”.
“Somos un órgano de control. El poder Ejecutivo puede contratar cualquier cosa, pero cuando el expediente llega al tribunal, tenemos la obligación de ver si se ajusta o no a ordenanza. Solicitamos el demo para ver si esto se cumple”, explicó el tribuno a Radio Cyber. Y subrayó: “la ordenanza fue hecha por Avilés, y el que más debería hacerla cumplir es él”.
