Gran malestar han generado los cambios que el avilescismo (con el apoyo del concejal del PRO Marcelo Cuevas) aprobó hace 15 días en el Concejo de Representantes en torno a la ordenanza de acceso a la información pública.
Es que las modificaciones van a la esencia de la normativa, ya que se incorporó que quien pida información debe demostrar “derecho o interés legítimo” lo que, además, está en abierta contradicción con lo que establece la ley nacional de Información Pública.
Precisamente la ley nacional de Información Pública que, impulsada por el presidente Mauricio Macri, fue sancionada por el congreso días pasados establece en su artículo 4º respecto a la legitimación activa, que “toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.
La discusión sobre las modificaciones se dio ‘sobre tablas’ con la ausencia de dos concejales, entre ellos Omar Ruiz, autor del proyecto original, quien había pedido que el punto pase a comisión, para ser analizado en mayor profundidad.
Vale recordar que la iniciativa primigenia había sido presentada por Ruiz durante el primer período de gobierno de Carlos Paz Unido, cuando se desempeñaba como secretario de Calidad Institucional, y nuevamente en noviembre de 2015, en este caso ya ocupando una de las bancas del cuerpo legislativo.
La ordenanza –que además reglamenta el artículo 27 de la Carta Orgánica Municipal- se había aprobado por unanimidad en la sesión del jueves 18 de agosto.
Hace tres semanas, el intendente Avilés la promulgó y luego promovió los cambios.
En diálogo con VillaNos Radio 100.7, Ruiz manifestó su desacuerdo con las modificaciones y explicó que tanto la noción de “derecho subjetivo” como la de “interés legítimo” corresponden a conceptos jurídicos del derecho administrativo “que restringen del derecho de acceso a la información pública”.
“Nuestra ordenanza original estaba en consonancia con lo dispuesto por el artículo cuatro de la ley nacional que habla de legitimación activa, que significa que toda persona tiene derecho a solicitar información publica. No hace falta ni siquiera explicar las razones por las cuales está pidiendo esa información”, expresó.
Para tratar de subsanar la situación, el edil presentó un proyecto para que Villa Carlos Paz adhiera a la ley nacional aunque reconoció que esa alternativa “no es la ideal”.
“Lo mejor es volver a la ordenanza que se aprobó por unanimidad. Es mejor tener normas propias que esta adhesión a una ley nacional. Pero si eso no pudiera ser así, yo voy a llevar a votación la adhesión a la ley nacional o puntualmente, al artículo cuarto que es el que nos interesa”, dijo Ruiz.
Y añadió: “La ley nacional tiene un montón de aspectos que no tienen que ver con Villa Carlos Paz, porque justamente está pensada para regir en el orden nacional. Pero esta es una respuesta clara, y así ya se lo expresé al resto de los concejales –sobre todo a aquellos que modificaron la ordenanza-, que una ordenanza no puede estar en contradicción con lo que establece una ley nacional”.
El proyecto de adhesión a la ley nacional pasó a Comisión de Interpretación y Reglamento en la sesión del jueves pasado.
Ahora, si Carlos Paz adhiere a la ley nacional pero mantiene una ordenanza que es restrictiva del acceso a la información pública ¿cómo se subsana esa contradicción?.
“Desde el punto de vista legislativo y de tener una mejor técnica legislativa y del ordenamiento jurídico local, lo ideal es tener una ordenanza propia. Como la que hicimos y se aprobó por unanimidad. Por eso me parecen desacertados los cambios que se hicieron. Mi propuesta será volver a la ordenanza anterior, para no tener que hacer un engendro”, consideró el concejal.
Por su parte, la concejala peronista Laura Orce también expresó su rechazo a los cambios aprobados. La edila recordó que ella tampoco estuvo presente en la sesión donde se aprobaron los cambios y consideró que las modificaciones “desnaturalizan la ordenanza original”.
“No me sorprende en absoluto que promuevan los cambios de esa manera. Carlos Paz Unido habla de transparencia, de participación ciudadana y considero que son premisas que no son reales”, dijo.
Sostuvo que el argumento de la adecuación a la ley provincial de Procedimiento Administrativo Nº6658 “es una mentira”. “No sé si leen otra cosa, si no entienden cuando se habla de publicidad de los actos de gobierno, de sistema republicano, de sistema de gobierno representativo. No sé si entienden lo que es la democracia”, dijo y remarcó que los cambios en la normativa “violan principios básicos constitucionales”.
“No existen en la ley provincial semejantes disposiciones”, afirmó y enfatizó que, “es otra mentira de Carlos Paz Unido para hacer lo que quieren, como quieren y cuando quieren”.
Planteó además que no se trata de una práctica nueva, sino que hace cinco años que el gobierno de Avilés viene retaceando información pública. Como ejemplo mencionó los pedidos de informe no respondidos o contestados con ambigüedades e imprecisiones, lo que derivó en un pedido de declaración de repudio en el Concejo, presentado en febrero pasado y que nunca fue tratado.
La posibilidad del veto
Los concejales de la UCR (Natalia Lenci) y el Frente Cívico (Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira), elevaron el miércoles pasado una nota al intendente Esteban Avilés pidiéndole que vete la reforma a la ordenanza que regula el acceso a la información pública.
“Es un retroceso a los derechos del vecino de conocer las acciones del municipio, y no está a la altura de los reclamos de mayor transparencia de la sociedad contemporánea”, expresan en la misiva.
Por eso, y más allá de pedirle que vete las modificaciones, los ediles del interbloque FC-UCR solicitaron al intendente que “las posibles modificaciones se discutan en el Concejo de Representantes como corresponde y con los tiempos necesarios para lograr una norma superadora”.
“Es la primera vez que se trata sobre tablas un proyecto sin acuerdo. En este caso se impuso”, advirtió Gispert, sobre la actitud asumida por el oficialismo ‘duro’ al negarse a pasar el tema a comisión.
“Es la política del decretazo”, dijo e insistió en que, “no se puede reclamar interés legítimo al que pide información”.
Sobre el voto positivo del concejal macrista Marcelo Cuevas, Gispert también se mostró extrañado. “Le advertí en la banca que estaba por votar en contra de un proyecto de Macri”, aseguró. Y consideró que, “si Macri es conservador, este proyecto está a su derecha”, como para que quede claro el alcance de las restricciones impuestas.
Nota correspondiente a la edición n° 436 del semanario La Jornada, del 02 de octubre de 2016.
