Con fecha 21 de diciembre de 2015, la jueza de primera instancia Viviana Rodríguez falló contra la municipalidad de Villa Carlos Paz en el marco del amparo presentado por vecinos de TierrAlta por el acueducto que lleva agua al desarrollo inmobiliario ubicado sobre la autopista a Córdoba.
La jueza resolvió admitir la acción de amparo contra la municipalidad de Villa Carlos Paz, declaró la invalidez de la paralización de las obras y ordenó al gobierno que, dentro del plazo de diez días desde que quede firme la presente resolución, permita la continuidad de los trabajos hasta llegar a su definitiva conclusión.
Además, calificó de “ilegítimo, irrazonable y arbitrario” el accionar del municipio.
En diálogo con VillaNos Radio, Miguel Vargas, uno de los propietarios impulsores del recurso judicial sostuvo que fue una resolución muy esperada. “Fue una alegría recibir esta noticia, porque esto nos permitirá de una vez por todas, terminar lo poco que queda de hacer del acueducto”.
Vargas estimó que el municipio no apelará “porque la jueza ha sido muy clara y contundente”.
Al ser consultado sobre cómo afrontaron los días de intenso calor, el propietario respondió que “el acueducto ya está funcionando”. “Se estaban haciendo pruebas. Hay que recordar que la obra avanzó en un 95%. Prácticamente no estaba faltando nada. En el 2012 y 2013 ya se había aprobado la toma y la planta potabilizadora. Eso quiere decir que en este momento ya estamos tomando agua del lago San Roque”, dijo y añadió que hace 10 días aproximadamente que el acueducto ya está funcionando.
Fundamentos
En el fallo, la jueza afirmó que “las causas invocadas por la municipalidad para parar la obra han sido arbitrarias e irrazonables”.
“Esperar que una obra de tanta importancia llegue a un 95% de ejecución y detenerla por motivos que no habían sido advertidos con anterioridad, no parece razonable y se acerca más a una conducta abusiva que proviniendo del Estado es al menos reprochable”, expresa. Y agrega: “A modo de corolario, el proceder de la Municipalidad de Villa Carlos Paz -en los aspectos señalados- se torna violatorio de los derechos y garantías constitucionales enunciados, reprochando de “arbitrario”, “irrazonable” e “ilegítimo” su comportamiento al atentar respecto de derechos que a mi entender conforman el plexo normativo de orden público constitucional y supraconstitucional”.
“Impedir la conclusión de una obra que llevará nada menos que agua potable a una comunidad, sin una causa razonable, afecta derechos básicos de las personas y merece reproche jurídico. Privar de agua potable a todo un emprendimiento, sin una razón fundada en derecho, es ilegítimo, irrazonable y arbitrario; la demandada no ha logrado a mi criterio acreditar la razonabilidad de su obrar y ello me lleva a concluir que debe hacerse lugar a la acción intentada por los actores. La conducta desplegada por la Municipalidad, pudo hacer pensar a la empresa que ejecutaba la obra, que la traza estaba autorizada y convenida, ya que observó y alertó otras cuestiones menos esta. Dice también la demandada que controló “exhaustivamente” la obra, pero ello no es cierto porque o no advirtió que se estaba realizando por una traza distinta o dejó hacer sin decir nada”, subrayó.
