El concejal Gustavo Molina (Frente Cívico) ingresó un proyecto de ordenanza que persigue como objetivo eximir del pago de tasas municipales a víctimas del terrorismo de Estado.
De prosperar, serán exentos respecto de los inmuebles de su propiedad “los causahabientes, herederos, concubina/o, apoderado o víctimas, del accionar del terrorismo de Estado, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”.
La iniciativa dispone, además, que el departamento Ejecutivo reglamente los requisitos que deberán cumplimentar quienes soliciten adherirse a este beneficio.
En los fundamentos, Molina hace referencia a la Ley Nº 24.411 que establece una indemnización “a los causahabientes o herederos de personas que se encuentran en situación de desaparición forzada o hubieran fallecido como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”.
“El Estado municipal no puede estar ausente en el reconocimiento a aquellos que han sufrido la muerte o desaparición de un familiar a manos de la represión ilegal que azotó a nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976 o a aquellos que, aunque salvaron sus vidas, sufren, aún hoy, las consecuencias de las torturas físicas y/o psicológicas que sufrieran por parte de sus captores”, destacó.
Recordó, también, que el municipio “ya otorga beneficios a aquellos que arriesgaron su vida en la guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas”.
“Transcurridos varios años desde que ocurrieron estos hechos es necesario recordar la frase atribuida a Cicerón: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, y es que si no somos conscientes de los errores que se cometieron en el pasado, probablemente no se tomarán en cuenta para tomar las previsiones necesarias para el futuro”, opinó.
El proyecto tomó estado legislativo en la sesión del jueves pasado y fue enviado a comisión para ser analizado.
Nota correspondiente a la edición n° 464 del semanario La Jornada, del 07 de mayo de 2017.
