Los Gigantes le dicen ‘NO’ a los residuos contaminantes

Por Jorgelina Quinteros

El martes pasado se llevó a cabo una visita al sitio Los Gigantes, lugar donde se encuentra la vieja mina de uranio en las cercanías de Tanti. La recorrida fue convocada por el defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, quien llevó adelante la gestión frente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que se permitiera conocer el estado de los monitoreos y trabajos que se efectúan allí.

De la recorrida participó el senador nacional Carlos Caserio, autor de un proyecto para la remediación del sitio que fue aprobado por unanimidad en el senado a mediados del año pasado. También participaron los legisladores Mariana Caserio y Hugo Capdevila, intendentes, jefes comunales y funcionarios de la CNEA.

Estuvieron presentes entre otros, los intendentes José Gabba de Icho Cruz, Luis Azar de Tanti, Patricia Ciccerone de San Antonio de Arredondo y Eduardo Arduh de La Falda. De Carlos Paz asistió el defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, y su adjunto, Rudi Trossero. No participó de la visita el intendente Esteban Avilés ni funcionarios del ejecutivo.

En tanto, la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo (FUNEAT) lamentó que no fueran invitados a recorrer la antigua mina los integrantes del Foro Social creado dentro de Proyecto de Remediación Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU).

“Se trató de una visita de inspección totalmente necesaria porque ya ha tomado estado público esta intención de avanzar con la remediación de la mina de Los Gigantes. La situación de la planta nos ha dejado satisfechos así como la explicación de los técnicos y la permisividad de ellos de que podamos hacer todo tipo de preguntas y recoger muestras para que hagamos nuestros propios análisis para corroborar que manejemos los mismos valores”, explicó Decara.

El defensor del Pueblo de la provincia había visitado hace algunos años las instalaciones de la mina y comparó las condiciones en aquel momento con las actuales: “Está mucho mejor que antes. La última vez que ingresé era realmente un desastre. No había verde, era piedra pelada todo, los residuales en la laguna estaban derramándose, el excedente volcaba y se iba a los cauces de los arroyos que convergen al lago San Roque”. Y añadió: “Ahora está todo mucho más controlado y ordenado y en muchísimas mejores condiciones. Me ha dejado satisfecho la situación actual”.

Por su parte, el senador Carlos Caserio destacó en torno a la visita que fue muy positivo que personal de la CNEA haya venido desde Buenos Aires a guiar la recorrida. “En síntesis, ellos nos mostraron que tienen un sistema de monitoreo permanente de los sistemas de agua, tanto superficial como subterránea y para tranquilidad de la gente de la zona, los cuatro puntos que ellos monitorean sobre el río San Antonio no muestran ninguna clase de contaminación”, subrayó; y agregó que el monitoreo está bien pero se debe encaminar firmemente hacia la remediación: “Tiene que haber una solución definitiva y lo positivo es que aquí se anunció que se han comenzado los pasos en ese sentido”.

Durante la visita, las autoridades de la CNEA explicaron a los funcionarios presentes el Programa de Monitoreo de Agua que lleva a cabo ese organismo y manifestaron que sus muestras indican que el agua que se vierte al lago San Roque es apta para el consumo humano con tratamientos convencionales.

Enrique Sinat, gerente General de la Comisión Nacional de Energía Atómica, participó de la visita brindando todos los datos que la comitiva quería conocer en torno al trabajo que se realiza.

Sobre la peligrosidad de los residuos que permanecen en el sitio Los Gigantes, precisó que, “en principio hay que decir que se trata de un sitio que es natural, el material que hay aquí se encuentra en la naturaleza. En torno a nuestro trabajo, es un sitio que tenemos monitoreado de manera permanente tanto en las aguas de superficie como en profundidad. En este momento, tanto en calidad como en cantidad, no hay una influencia de estos materiales fuera del sitio”.

También, señaló que, “no podemos decir que esto va a ser así siempre, por eso lo que les decimos a los intendentes, legisladores y a las autoridades que estuvieron recorriendo es que, si bien hoy no lleva un riesgo, para hacerlo sustentable a través del tiempo para las generaciones futuras debe hacerse esta gestión del sitio que se está llevando adelante”.

En tanto, la legisladora Mariana Caserio valoró la importancia del anuncio de una remediación en tránsito: “Fue una visita que permitió esclarecer todas las dudas en torno a este proceso y también la firme decisión de Punilla y de Córdoba de que no se utilice este sitio para la remediación de ningún otro material contaminante”.

En esta línea, el senador Carlos Caserio recordó que, “el proyecto aprobado dice también que en Punilla no vamos a aceptar que sea transferido ningún tipo de material contaminante ni radiactivo, esto en torno a algunas versiones que hablaban de la posibilidad de traer material contaminante a remediarlo acá. Este planteo fue de todos, legisladores e intendentes que estuvieron acá, respecto a la negativa terminante a que se traslade aquí ningún tipo de material contaminante”.

El “chichón” de Dioxitek

Las expresiones del senador Caserio hacen referencia hacia otra de las áreas de Córdoba que hace más de 20 años convive con un pasivo ambiental grave heredado del proyecto nuclear nacional: el “chichón” de Dioxitek en barrio Alta Córdoba, de la capital provincial. 57 mil toneladas de residuos nucleares y un enorme basural industrial y radiactivo con un destino incierto.

Una de las opciones que baraja la CNEA para el tratamiento de estos residuos es que fueran trasladados hasta la mina de Los Gigantes para remediar todo el pasivo junto. La Comisión, responsable de la remediación de la ex mina de uranio cerrada en 1990, planteó esta opción al Banco Mundial, entidad que financia los trabajos que comenzarían en 2017.

En ese sentido, el defensor del Pueblo de Carlos Paz, Alejandro Luchessi, y su par de la provincia de Córdoba expresaron un tajante rechazo a esa iniciativa. “Trasladar los residuos de uranio del chichón de Alta Córdoba a Los Gigantes es inaceptable”, dijo Decara. A su vez, adelantó que van a ser notificadas las autoridades de la CNEA sobre esta posición. “Les vamos a expresar, por las vías que corresponda, que de ninguna manera queremos ni vamos a permitir que esos residuos puedan ingresar al departamento Punilla por las consecuencias que podrían surgir de ese traslado. Decidida y definitivamente todos los que estamos acá involucrados en la temática nos oponemos a que se haga ese traslado”, concluyó.

Se expresó en esa misma línea el secretario de Minería de Córdoba, Aldo Bonalumi, quien recomendó que no se realice el traslado.

Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam), sostuvo al portal “La Tinta” que trasladar las 57 mil toneladas de residuos a Los Gigantes o a otro lugar “es un absurdo técnico de alto riesgo ambiental y sanitario”.

Más allá de la clara y contundente oposición política y social a esta posibilidad, esta acción está prohibida por la Carta Orgánica Municipal de nuestra ciudad.

El artículo 16 define a Villa Carlos Paz como “zona protegida”. Por lo tanto, establece que “no pueden radicarse en él centrales, reservorios, basureros o industrias nucleares ni de cualquier otro tipo afín;(…)se prohíbe la generación, la manipulación, el uso, la producción o el transporte de sustancias tóxicas, insumos nucleares o residuos peligrosos que pudieren poner en peligro la salud y el ecosistema”.

En cuanto al proyecto presentado por Caserio y aprobado por unanimidad por el senado de la nación en julio del año pasado, vale recordar que dispone la prohibición expresa de autorizar futuras explotaciones en el lugar y/o trasladar residuos tóxicos al mismo.

El proyecto S-0680/16 impulsa comenzar un proceso de remediación inmediata del “pasivo ambiental en el sitio denominado ‘Complejo Minero Fabril Los Gigantes’ con encapsulamiento del material (cola del mineral) que ha quedado depositado en el lugar”, iniciar un proceso de reforestación para mitigar el impacto ambiental y, al mismo tiempo, evitar el derrame de material sobre arroyos circundantes. Determina que la remediación se llevará a cabo con la participación y la fiscalización de organismos independientes nacionales e internacionales “capacitados a los efectos de controlar el tratamiento de los residuos radiactivos y no radiactivos del lugar” y de la secretaría de Ambiente de la Provincia, “en el marco del PRAMU, programa nacional que asigna partidas presupuestarias específicas en relación a la temática”.

Asimismo, la iniciativa contempla la convocatoria a “audiencias públicas en el marco de la ley nacional N° 25675 y el derecho constitucional de la ciudadanía a ser consultada a los efectos de cumplir con la necesidad de consenso social en la realización de los trabajos de remediación ambiental y su monitoreo, que se relacionan con la protección y preservación del ambiente, que sean de incidencia general o particular”.

La remediación, un reclamo de hace 30 años

La abandonada mina de uranio en Los Gigantes está situada entre los arroyos El Cajón, El Cambuche, Los Vallecitos y Malambo, todos convergentes en el río San Antonio. Se trata de la zona donde se encuentran las fuentes de agua de la mayor densidad poblacional de Córdoba. Se ubica a 28 km de Tanti y a 33 km de Villa Carlos Paz.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reconoce que en el Sitio Los Gigantes se encuentran acopiadas 2.400.000 toneladas de colas de mineral, 1.600.000 toneladas de material estéril de cantera, marginales, lodos de precipitación y efluentes líquidos en el dique principal.

En los años 2005 y 2006, la CNEA solicita al Banco Mundial un crédito para la remediación ambiental de los entornos afectados por las minas de uranio a cielo abierto de nuestro país. En respuesta a ese pedido y como requisito de contralor, el BM solicita la convocatoria de un organismo titulado Foro Social. El programa destinado al trabajo sobre las minas se denomina PRAMU.

Este Foro está integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, APROAS (Asociación de Protección al Ambiente Serrano), FUNEAT, ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), CEDHA (Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y FUNAM, Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz y Grupo Antinuclear Suquía. Una vez obtenido el crédito, la CNEA le quitó el reconocimiento al Foro, según denunciaron sus miembros en un petitorio presentado a las autoridades regionales, provinciales y nacionales a fines del 2015.

El 16 de marzo de ese año se realizó en Tanti una reunión donde participaron vecinos y referentes de las organizaciones que integran el Foro Social para exigir la urgente remediación de la mina y reactivar el trabajo de esta entidad. La propuesta es retomar las reuniones y demandar que el Foro sea consultado antes de ejecutar cualquier instancia de remediación.

Por lo tanto, exigen en primer lugar el control de una auditoría independiente del Estado y, en segunda instancia, que todas las acciones que se lleven a cabo sean presentadas como proyecto con el estudio de impacto ambiental correspondiente.

La intención de avanzar en la remediación de la ex mina de uranio ha puesto en alerta a vecinos de la región, organizaciones sociales, ONG ambientalistas y a los miembros del Foro Social.

La posibilidad de que se haga efectiva la remediación de los residuos radioactivos abre la pregunta sobre cómo se va a llevar a cabo este proceso y fortalece la demanda de la ciudadanía de acceder a información, mayor participación y control con respecto a uno de los pasivos ambientales de la minería de uranio en el país.

Nota correspondiente a la edición n° 460 del semanario La Jornada, del 09 de abril de 2017.