Por Felipe Etkin
En el mes de junio, este semanario publicaba un informe referido a la conmemoración de los cien años de la Reforma Universitaria. En aquella oportunidad recuperamos documentos y testimonios de especialistas que pusieron en evidencia que los sucesos de 1918 son, elementalmente, un recordatorio incómodo que obliga a repensar la necesidad de profundizar el alcance de la educación pública en nuestra provincia y en el país. Desde la efeméride a esta parte, la realidad diaria nos confirmó en una coyuntura más adversa para las políticas públicas educativas y el financiamiento del sistema universitario a nivel nacional.
Los recortes presupuestarios a organismos estatales de ciencia y técnica, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en general y la crisis económica por la que navega la Argentina en los últimos meses son golpes frontales para el desarrollo habitual de las actividades académicas. De hecho, el indicador más concreto son las medidas de fuerza que fueron propagándose como un incendio voraz a lo largo y ancho del país. Tomas estudiantiles en la gran mayoría de las universidades, marchas y movilizaciones de dimensiones inéditas y un contundente paro docente fueron acompasando lo que debió ser el inicio del segundo semestre de clases.
Bajo este marco, la semana pasada finalizó en medio de asambleas gremiales y estudiantiles para definir cómo continuar con las medidas de lucha. Por parte de los docentes la oferta de un aumento del 25 por ciento significaba una llamativa diferencia en relación a las magras negociaciones elaboradas anteriormente por el gobierno. Para los estudiantes, luego de semanas manteniendo las tomas en sus facultades y el Pabellón Argentina, se abría la disputa de hasta cuándo sostener la decisión y qué pasaría ante un posible inicio de las clases.
Salario docente
El pasado 3 de septiembre, el Poder Ejecutivo de la Nación elevó una propuesta salarial para los docentes universitarios que implicaba aumentos, según el tipo de cargo, de entre el 24 y el 26 por ciento. Asimismo incluía dos cláusulas de revisión para los próximos meses de noviembre y enero. La oferta superaba por primera vez el 15% que el gobierno venía reiterando con sorda insistencia desde hace meses. Si bien los gremios docentes de Córdoba rechazaron mayoritariamente la propuesta, el pasado viernes el Ministerio de Educación logró que cuatro de los seis sindicatos universitarios (Conadu, Fedun, Fagdut y UDA) firmaran el acuerdo. Mientras que Conadu Histórica rechazó de plano el acuerdo, Ctera definiría una posición el viernes de esta semana.
Si bien a primera vista se trata de un paso concreto para ponerle paños fríos al conflicto, el acuerdo no implicaría el fin de la huelga docente; y -al cierre de esta edición- tanto las tomas como el paro persistirían. Ante esta posibilidad, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Hugo Juri instó a los docentes a volver a las aulas y hasta advirtió que si la mayoría decide mantener el paro renunciará a su cargo.
“Se trata de un año muy intenso y conflictivo con respecto a la disputa salarial. Desde sus comienzos hasta ahora no hubo ninguna propuesta medianamente aceptable la insistencia en un 15% de aumento en cuotas viene desde abril hasta agosto frente a una movilización inédita en la UNC”, comentó a La Jornada el secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) Javier Blanco.
El sindicalista aseguró que fueron desarrollado medidas de fuerza a lo largo de todo el año y destacó el gran acompañamiento al interior y hacia afuera de la institución que alcanzó el reclamo. En tal sentido, Blanco consideró que la movilización del pasado 22 de agosto que tuvo lugar en las calles de la ciudad de Córdoba fue “una de las marchas más grandes de la historia” de la universidad pública. “Estas grandes convocatorias dan cuenta de la importancia social de la defensa de la educación pública y en definitiva fueron lo que obligó al gobierno a hacer una oferta mucho más adecuada”, observó.
Previo a concretarse la firma del acuerdo, desde Adiuc adelantaron que el conflicto no quedaría resuelto. “Quedan muchísimos ejes de disputa; el reclamo por la defensa de la Universidad pública está pendiente y el peligro, junto con nuestras preocupaciones, siguen estando”, afirmó el secretario e indicó que la disputa continuará con la definición del presupuesto 2019 que ya comenzó este mes.
En tal sentido, Conadu, Sadop y Cetera organizaron una marcha nacional para el próximo jueves con el objetivo de que los legisladores “se tomen en serio la situación financiera” de las universidades.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), María Inés Peralta, evaluó que el año en curso pasará a la historia como un momento paradigmático. “Se han conmemorado los 100 años de la Reforma Universitaria y a su vez estamos frente a una de las mayores crisis que ha vivido la universidad pública”, observó la académica. Si bien consideró que la cuestión presupuestaria “es terrible”, aclaró que la UNC aún conserva “cierta espalda” para sobrellevar estos momentos críticos; a diferencia de otras instituciones públicas “que no pueden afrontar ni las tarifas de luz eléctrica”. No obstante, informó que se frenaron obras de infraestructura que implicaban mejores condiciones para estudiar y enseñar. En este panorama, Peralta remarcó que la inflación y depreciación de los salarios “afecta profundamente el funcionamiento de las universidades” y deviene en estos escenarios de conflictividad “que no permite ver salidas claras”.
En relación a las medidas de fuerza implementadas, la decana consideró que en el caso de la FCS hubo un gran compromiso: “Nuestra Facultad tiene una gran trayectoria de defensa e involucramiento con el gremio. Muchos docentes somos fundadores del mismo desde 1987, por lo que hay un gran respeto, organicidad y participación. Esto generó un alto nivel de acatamiento a las medidas de fuerza por lo que las clases no comenzaron; en este marco, la visibilización y nacionalización del conflicto fue un gran logro. Es una de las luchas universitarias más generalizadas que hubo”.
Además de la problemática salarial docente, Peralta destacó la importancia de las políticas de permanencia universitaria que en la actualidad, de acuerdo con la decana, se encuentran en peligro. “Se realizaron recortes en programas vinculados a estrategias de sostenimiento para los estudiantes con mayores dificultades. Afortunadamente en la FCS aún podemos sostener iniciativas orientadas a mantener la permanencia; en una Universidad Nacional esto es una tarea fundamental, pero implica financiar políticas de inclusión que hoy están siendo pérdidas de derechos conquistados”, expresó.
Asimismo, respecto el panorama nacional, la docente enmarcó esta conflictividad en una lucha política integral, y manifestó: “Se está debatiendo cuál es el lugar que ocupan las inversiones estratégicas de un país y un modelo de desarrollo donde la educación, la ciencia y la técnica es una cuestión estratégica. Claramente estamos frente a un gobierno que ubica en último lugar estas cuestiones”.
Tras largas semanas de paro y medidas de fuerza, Peralta sostuvo que uno de los debates más importantes es cómo mantener el eje de la conflictividad sin vaciar totalmente los espacios de la UNC; y destacó que ninguna medida gremial puede ser descontextualizada ya que “hay escenarios políticos particulares” que demandan determinadas acciones colectivas. “En este caso tenemos que sostener planes de lucha cada vez más abiertos, más movilizados y en articulación con todos los claustros”, concluyó.
En el mismo sentido se expresó su par de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) Juan Pablo Abratte quien subrayó que la situación es compleja e integra distintas dimensiones conflictivas: “Una es la salarial que fue transitando distintos momentos en las últimas semanas. Otra dimensión aún más importante es la presupuestaria en general que se enmarca en un proceso de recortes; y finalmente la tercer dimensión es la de la movilización, la cual arroja un éxito rotundo porque mediante distintas estrategias el conflicto logró instalarse y alcanzar visibilidad pública y respaldo a nivel nacional”.
En este sentido, el decano señaló que existe una “gran afrenta” contra la universidad pública presente en el discurso de los funcionarios del Poder Ejecutivo y en los medios de comunicación que, a medida que iba creciendo la conflictividad, también se intensificaba. “Esto está íntimamente emparentado con otras decisiones del gobierno que tienen que ver con el recorte presupuestario y el lugar simbólico que tienen ahora los ministerios desjerarquizados; lo que da cuenta de las prioridades que tiene el gobierno nacional respecto de las áreas de Salud, Cultura, Ciencia y Tecnología y Trabajo”, comentó en relación a la decisión que tomó la semana pasada Mauricio Macri de eliminar 13 ministerios.
Dicho ataque a la universidad encuentra su contraposición, según Abratte, en el conjunto de la población que se moviliza por la defensa de la educación y le otorga legitimidad al conflicto. Indicó, a su vez, que esto es posible por la fuerte tradición que la educación superior tiene en este país “como un espacio de formación profesional, de ciudadanía y de participación política”.
Cabe destacar, en tal sentido, que el caso de la FFyH es una de las instituciones con mayor actividad política por parte del estudiantado y de los claustros docentes, no docentes y egresados; lo cual aseguró medidas de fuerza contundentes y un acatamiento al paro casi absoluto. “Es una facultad compleja por las diferentes escuelas y carreras que la componen; pero las diferentes unidades elaboraron propuestas y actividades concretas para trabajar la problemática como clases públicas, el abrazo a la UNC, las movilizaciones y reuniones interclaustro”, aseguró el docente.
Consultado respecto del rol que está asumiendo el Rectorado en la actualidad el académico explicó que desde su espacio político tienen una visión crítica en torno al modelo de educación que Hugo Juri está generando en la UNC por tender a una progresiva mercantilización de la formación universitaria.
Finalmente, Abratte adelantó que el escenario de movilización está lejos de concluir. “Más allá de cómo se resuelva la cuestión paritaria el conflicto sigue”, sentenció.
No se vende, se defiende
Con el estallido del conflicto universitario, una de las respuestas más inmediatas fue la del estudiantado organizado. Al igual que otras instituciones de grandes ciudades, la UNC nuclea a una gran cantidad de jóvenes de partidos políticos, movimientos sociales y autoconvocados que decidieron actuar frente al estado de situación. La toma de pabellones y facultades constituyó el instrumento y la táctica privilegiada del último mes; decisión que logró altos niveles de masividad mediática y acciones de solidaridad en otras Universidades e institutos. En el caso de Córdoba, la última toma contundente tuvo lugar en el Pabellón Argentina en el marco de la Asamblea Universitaria de noviembre de 2016 donde los estudiantes intentaron impedir que se concretara una reforma política comandada por el rector.
Este año, además del Pabellón se ocuparon las Facultades de Psicología, Artes, Comunicación, Ciencias Sociales, Filosofía y Arquitectura. Al igual que en el resto del país, estas acciones tienen el objetivo de acompañar el reclamo salarial docente, como así también elevar un conjunto de demandas propiamente estudiantiles a las autoridades y los funcionarios.
Por su parte, el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) Samir Mohuanna -militante de Franja Morada- expresó que si bien apoyan el reclamo de los profesores, no acompañan la metodología de las tomas. “En el caso de Córdoba nosotros no acompañamos ni estamos de acuerdo con las tomas porque generan segmentaciones y en muchas facultades hubo un gran disenso por parte de las mismas comunidades. Las tomas generan un vaciamiento de la Ciudad Universitaria y aíslan a los estudiantes del reclamo salarial de los docentes”, sostuvo el titular del gremio estudiantil.
Respecto del presupuesto universitario, Mohuanna descartó que la UNC haya tenido grandes dificultades financieras; aunque de cara al próximo año hay que aumentar la inversión en educación y tecnología. “No sólo es necesario adecuarse a la inflación, sino que para salir de la crisis que estamos atravesando es una de las medidas estratégicas”, consideró.
Consultado respecto de las políticas públicas educativas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, el presidente de la FUC expresó: “Lo que se ha venido planteando por parte del gobierno es perseguir un mejor desempeño de las universidades. La situación que hoy tenemos es producto de varios años de gobiernos que eligieron otras estrategias; y las medidas que hoy se están tomando por parte del gobierno se van a ver reflejadas de acá a cinco o siete años por lo menos”.
Finalmente, señaló que en el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), dónde él cursa su carrera, las clases comenzaron normalmente. “Se trata de una Facultad que rara vez adhiere a una medida de fuerza”, subrayó.
Desde otra unidad académica, Aisha Jalil, una estudiante de la carrera Letras de la FFyH que participó de la toma de manera autoconvocada evaluó que la cuestión presupuestaria de la Universidad sí es alarmante y discrepó con el presidente de la Federación. “Hay muchas cuestiones que no están aseguradas para el claustro estudiantil y que terminan repercutiendo en las altísimas tasas de deserción”, explicó. La estudiante comentó que desde el movimiento estudiantil remarcan la necesidad de generar programas de becas ya que las mismas han sufrido “un ajuste brutal por el vaciamiento que se realizó en todas las instituciones que dependen y articulan con la UNC; como el INTA, INTI y Conicet”.
Además, en relación a la asignación del presupuesto, Aisha precisó que existe un problema de distribución interna de los recursos. “Hay una heterogeneidad y desigualdad muy grande en relación a las condiciones de cursado de las diferentes unidades académicas. El pabellón principal de la FFyH no tiene agua potable hace 10 años, los baños no tienen puerta, las aulas se caen a pedazos. Sin embargo y de manera simultánea se están construyendo ‘campus virtuales’ de dudosa procedencia que nadie sabe para qué se van a utilizar”, ejemplificó.
Finalmente, la estudiante negó cualquier tipo de intento por parte del rectorado en querer establecer canales de diálogo entre los estudiantes y las autoridades. Por el contrario, aseguró que efectivos de la Policía Federal persiguieron a otras estudiantes hasta su casa, les tocaron la puerta y las interrogaron con respecto a su actividad política.
“Más allá de que se resuelva la propuesta salarial del gobierno, nosotros vamos a continuar con las tomas. Entendemos que no solamente estamos luchando por presupuesto docente sino que estamos contra un modelo de país que rechazamos porque ajusta, mata a los trabajadores y trabajadoras y va contra el derecho de los estudiantes a cursar dignamente y de los docentes a tener un salario digno”, declaró.
En tanto, Martina Biotti, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), destacó la importancia de las lógicas asamblearias mediante las cuales se tomaron cada una de las decisiones a lo largo de estas semanas. “En Comunicación decidimos realizar una toma del edificio centralmente para reclamar por mejores condiciones presupuestarias para la educación pública. Desde los comienzos del gobierno de Mauricio Macri y el rectorado de Hugo Juri se fue debilitando la importancia que tienen para el país las universidades”, observó la militante de la agrupación Caleuche. Junto con el desarrollo de la toma y las movilizaciones, la estudiante enfatizó en la importancia de otras instancias fundamentales como las clases públicas que se implementaron en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, los debates abiertos y jornadas de acciones con el estudiantado en general.
Al ser interrogada sobre un posible fin de la toma, la estudiante observó que se definirá esta semana en una instancia plenaria; aunque, el estado de movilización se mantendrá hasta que “los golpes al sistema universitario público para favorecer la educación privada” no cesen por parte del gobierno nacional.
En cierta medida resulta inútil esbozar anticipaciones en tal panorama. Esta semana probablemente sea definitoria respecto a cuál sera la senda por la que continuará su derrotero este conflicto. De momento, la única certeza es que con acuerdo o sin acuerdo, con clases o sin clases, la enardecida disputa universitaria está lejos de enfriarse.
Nota correspondiente a la edición n° 531 del semanario La Jornada, del 10 de setiembre de 2018.
