El oficialismo puso a la firma un proyecto consensuado con bloques aliados que amplía los criterios para las internaciones involuntarias y modifica el funcionamiento de los equipos profesionales. Las diferencias sobre los recursos para las provincias complicaron el cierre del dictamen. La Libertad Avanza busca llevar la iniciativa al recinto el 22 de octubre.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 avanzó este jueves en el Senado, donde las comisiones de Salud y Legislación General pusieron a la firma un texto que introduce cambios importantes en los criterios de internación, el trabajo de los equipos interdisciplinarios y el tratamiento de las adicciones.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, llegó a esta instancia después de varios meses de negociaciones y modificaciones destinadas a conseguir el respaldo de legisladores aliados. Sin embargo, las diferencias por el financiamiento y la distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias generaron disidencias y demoraron la formalización del dictamen de mayoría.
El plenario se desarrolló en el Salón Azul del Palacio Legislativo, bajo la conducción de Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de Legislación General, ambas de La Libertad Avanza.
El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto el jueves 22 de octubre, aunque esa posibilidad depende del cierre del trámite parlamentario.
La discusión enfrenta dos posiciones centrales: quienes consideran necesario modificar la legislación para facilitar intervenciones médicas ante situaciones graves y quienes advierten que la prioridad debería ser fortalecer los servicios de atención, garantizar los recursos y preservar el enfoque comunitario establecido por la ley vigente.
Internaciones involuntarias: el principal cambio
Uno de los puntos más importantes de la reforma es la modificación de los requisitos para disponer una internación sin el consentimiento del paciente.
Actualmente, la Ley 26.657 establece que esta medida debe utilizarse excepcionalmente, cuando no existan alternativas ambulatorias eficaces y un equipo de salud determine una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.
El texto consensuado propone reemplazar ese criterio por el de “riesgo grave de daño”, con el objetivo de contemplar situaciones en las que los antecedentes clínicos y la evolución del paciente permitan anticipar consecuencias graves.
En casos de emergencia, la internación podría ser dispuesta inicialmente por un médico, sin exigir que sea necesariamente psiquiatra. Un equipo interdisciplinario deberá revalidar la decisión dentro de las 48 horas siguientes.
También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas en psiquiatría cuando las instituciones no cuenten con esos profesionales de manera presencial.
La propuesta modifica, además, la intervención judicial. La internación deberá ser comunicada al juez competente, quien conservará facultades para solicitar informes, ordenar peritajes y revisar la justificación de la medida.
El cambio busca facilitar una respuesta sanitaria más rápida ante situaciones críticas, uno de los principales reclamos planteados por asociaciones de familiares durante las reuniones de comisión.
El Gobierno defiende una intervención más preventiva
La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que la reforma modifica la manera de abordar los casos en que una persona atraviesa un trastorno de salud mental y no se encuentra en condiciones de decidir sobre su tratamiento.
Según explicó, la intención es intervenir antes de que se produzcan daños graves.
“Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos”, afirmó durante el plenario.
Bullrich defendió la necesidad de superar las limitaciones del criterio de riesgo inminente y aseguró que los cambios incorporados responden a planteos realizados por profesionales, familiares y representantes de distintas provincias.
Arrascaeta destacó que el proyecto fue debatido con más de 70 expositores y que las comisiones recibieron 16 informes provinciales.
“Esta reforma es para dejar de llegar tarde y para que ninguna familia se sienta sola”, sostuvo.
Durante las audiencias previas, organizaciones de familiares habían relatado dificultades para conseguir atención en situaciones de crisis, especialmente cuando las personas afectadas rechazaban el tratamiento.
Entre ellas, la trabajadora social Marina Charpentier, de Grupo Familia Esperanza, reclamó que se contemplen también las necesidades de los entornos familiares.
Por su parte, Patricia Di Pizzo, madre de un joven con consumo problemático y patología dual, cuestionó que las intervenciones se demoren hasta que aparezcan situaciones de extrema gravedad.
Equipos interdisciplinarios, adicciones y seguimiento de pacientes
La propuesta también modifica la organización de los equipos encargados de la atención.
El texto mantiene el abordaje interdisciplinario, con participación de psicólogos y profesionales de otras áreas, pero otorga mayor responsabilidad a los médicos en determinadas decisiones clínicas, especialmente en los casos de mayor complejidad.
La posibilidad de recurrir a teleconsultas psiquiátricas busca facilitar el funcionamiento de esos equipos en provincias y localidades donde la disponibilidad de especialistas es limitada.
Otro cambio es la ampliación del abordaje de las adicciones, con la incorporación expresa de problemáticas como la ludopatía, vinculada con la conducta de juego compulsivo.
También se prevén dispositivos diferenciados para niños, niñas y adolescentes, con equipos profesionales especializados y criterios específicos de atención.
En cuanto a las altas médicas, el proyecto incorpora la obligación de elaborar planes de egreso y seguimiento, destinados a organizar la continuidad del tratamiento y el acompañamiento después de una internación.
Para las internaciones prolongadas, se establece la intervención del Órgano de Revisión cuando superen los 180 días corridos o acumulados por reinternaciones durante un período de dos años.
La reforma reconoce, además, la posibilidad de que las personas expresen anticipadamente sus preferencias sobre determinados tratamientos y designen representantes para situaciones en las que no puedan manifestar su voluntad.
Se mantiene la prohibición de los manicomios
Una de las modificaciones más significativas respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo fue la decisión de mantener la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales.
La propuesta inicial había despertado cuestionamientos porque contemplaba una mayor participación de instituciones especializadas en internaciones psiquiátricas, conocidas como establecimientos monovalentes.
Durante las negociaciones, legisladores de distintos bloques y autoridades sanitarias provinciales reclamaron preservar el principio de atención comunitaria que establece la legislación vigente.
El texto consensuado recuperó la prohibición expresa de esas prácticas y mantuvo dispositivos alternativos como hospitales de día, atención ambulatoria, asistencia domiciliaria, casas de convivencia y programas de integración social y laboral.
Estos cambios fueron determinantes para acercar posiciones con sectores que habían objetado la propuesta original del Gobierno.
El financiamiento abrió diferencias con los aliados
La discusión presupuestaria fue uno de los principales obstáculos durante la reunión del jueves.
El senador justicialista Jorge Capitanich pidió postergar el tratamiento para estudiar las modificaciones incorporadas y analizar su impacto sobre los sistemas sanitarios provinciales.
El legislador sostuvo que una reforma de esta magnitud requiere acuerdos con los gobernadores y ministros de Salud, además de definiciones sobre infraestructura, recursos humanos y financiamiento.
En la misma línea, Guillermo Andrada, de Convicción Federal, consideró que los problemas de la ley vigente están relacionados principalmente con las dificultades para llevarla a la práctica.
“La ley vigente no falló por sus principios, que son muy buenos, sino porque su implementación y su eficacia no se lograron realizar debido a que no hay recursos adecuados”, sostuvo.
El senador Fernando Salino, de Justicia Social Federal, también advirtió sobre las dificultades para garantizar prestaciones en territorios extensos y con recursos sanitarios limitados.
“Si no hay partidas presupuestarias, esto va a ser letra muerta”, afirmó.
El debate adquiere particular importancia para provincias como Córdoba, donde la aplicación de los nuevos criterios dependería de la capacidad de los hospitales, centros de salud y dispositivos comunitarios para conformar equipos profesionales y sostener tratamientos.
El proyecto consensuado recupera el compromiso de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias, pero legisladores aliados reclamaron garantías más precisas sobre las asignaciones presupuestarias.
Entre ellos, Gabriela Valenzuela, de la UCR, acompañó la iniciativa en disidencia al considerar necesario asegurar los recursos que permitan cumplir sus disposiciones.
También Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, respaldó los cambios introducidos respecto del proyecto original, aunque desde su espacio se plantearon observaciones sobre el financiamiento.
Las objeciones de las organizaciones profesionales
La reforma también enfrenta cuestionamientos de entidades vinculadas con la salud mental y los derechos de los pacientes.
La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) publicó este jueves un nuevo pronunciamiento de rechazo, en el que advirtió sobre posibles retrocesos en el carácter interdisciplinario de la atención y en los derechos reconocidos por la Ley 26.657.
La entidad cuestionó especialmente las modificaciones que otorgan mayor protagonismo a la evaluación médica y reclamó preservar la participación de los profesionales de psicología en condiciones de igualdad dentro de los equipos.
También manifestó preocupación por la ampliación de los criterios de internación involuntaria, al considerar que una formulación más amplia puede incrementar las restricciones a la autonomía de los pacientes.
Para la federación, los problemas del sistema requieren principalmente más presupuesto, profesionales y dispositivos comunitarios de atención.
Las objeciones se suman a las presentaciones realizadas durante el año por organizaciones de derechos humanos, asociaciones de usuarios y familiares y sectores universitarios, que reclamaron una discusión más amplia sobre las condiciones de implementación de la legislación.
Del otro lado, asociaciones de familiares e instituciones especializadas respaldaron la necesidad de actualizar la normativa para mejorar el acceso a tratamientos y permitir intervenciones oportunas ante situaciones complejas.
Un debate que continuará en el Senado
La reunión del jueves dejó encaminada una versión negociada del proyecto, pero también expuso las dificultades para alcanzar un acuerdo definitivo sobre su financiamiento.
Mientras algunas coberturas parlamentarias dieron por firmado el dictamen, otras informaron que al cierre de la jornada todavía faltaban adhesiones para completar el despacho de mayoría. El registro oficial del expediente 99/26 del Poder Ejecutivo aún no incorporaba la nómina definitiva de firmas.
La Libertad Avanza mantiene la intención de debatir la reforma el 22 de octubre, una fecha que dependerá de la situación reglamentaria del proyecto y de los acuerdos entre bloques.
El tratamiento en el Senado será el primer paso legislativo de una iniciativa que, para convertirse en ley, también necesitará la aprobación de la Cámara de Diputados.
En el centro de la discusión permanecerán dos cuestiones decisivas: cómo garantizar intervenciones oportunas ante situaciones graves de salud mental y con qué recursos se sostendrá la atención de los pacientes en todo el país.
