El abogado de los dos policías detenidos por la muerte de Samuel Tobares en Parque Síquiman sostuvo en Cadena 3 que los agentes no golpearon al joven y que actuaron ante un llamado al 911. Mientras la familia y organizaciones de Punilla denuncian violencia institucional, la causa sigue bajo secreto de sumario a la espera de peritajes clave.
El abogado Federico Pizzicari, defensor de los dos policías detenidos por la muerte de Samuel Tobares, de 34 años, en Villa Parque Síquiman, aseguró que sus clientes niegan haber golpeado al joven durante el operativo y reclamó que no se saquen conclusiones hasta conocer el resultado de las pericias.
En declaraciones a Cadena 3, el letrado remarcó que la actuación policial se originó a partir de “un llamado al 911 por una supuesta amenaza” y planteó que la investigación recién podrá esclarecer lo ocurrido cuando se conozcan los informes médicos y toxicológicos. La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Villa Carlos Paz, que investiga el hecho como homicidio preterintencional.
Qué dice la versión de los policías
Según relató Pizzicari, la intervención comenzó cuando una mujer habría denunciado que una persona la amenazaba con una piedra. “El personal policial lo quiere identificar y lo primero que advierten es que era una persona que no estaba en sus cabales”, explicó al reconstruir el relato de sus defendidos.
El abogado indicó que, de acuerdo con esa versión, Tobares habría atacado a uno de los agentes y luego les habría quitado el gas pimienta para rociarlos a ambos. Frente a esa situación, los policías “lo reducen, lo tiran al piso, lo esposan” y posteriormente lo trasladan al Hospital Domingo Funes, donde se produjo el fallecimiento.
Pizzicari añadió que, siempre según el informe policial, en la mochila del joven se habría encontrado “una cantidad bastante grande de fármacos y medicamentos”, un dato que –remarcó– deberá ser analizado en el marco de los estudios toxicológicos.
Detención preventiva y pericias bajo la lupa
Consultado por la decisión de la fiscalía de ordenar la detención de los policías antes de contar con todos los informes periciales, Pizzicari dijo entender la medida como una herramienta para resguardar la investigación. Afirmó que la fiscalía busca garantizar que los efectivos no puedan influir en testigos ni entorpecer el avance del expediente y que, en ese sentido, “han hecho lo correcto”.
El abogado subrayó que todavía no se conocen los estudios más sensibles: el informe anatomo-patológico y las pericias toxicológicas. “Una vez que estén estos informes se va a dilucidar realmente cuáles son las causales propias de la muerte”, señaló, insistiendo en que serán determinantes para entender qué ocurrió entre el momento de la reducción y el fallecimiento del joven.
Ante las versiones sobre golpes y pérdida de piezas dentales denunciadas por la familia, Pizzicari recordó que el expediente está bajo secreto de sumario y que no tiene acceso a la totalidad de la documentación. “Lo que sí sé es la versión de mis clientes, que dicen que en ningún momento le pegan”, reafirmó. Y pidió no “formar una opinión anticipada” hasta que toda la prueba esté incorporada a la causa.
El contrapunto: la versión de la familia y la querella
La mirada de la defensa contrasta de lleno con el relato de la familia de Tobares. Su mamá, Carmen, contó en el programa Fuerte y Claro, de Canal 10, que su hijo volvió de trabajar, bajó del colectivo cerca de las 21.30 y fue interceptado por una patrulla cuando cruzaba la ruta para regresar a su casa. Según su testimonio, lo que debía ser un control de rutina terminó en una violenta agresión que dejó a Samuel con severas lesiones en la cabeza y en la mandíbula. “Lo mataron a patadas”, denunció,
La familia describe a Samuel como un joven tranquilo, sin antecedentes y en buen estado físico y emocional, y sostiene que la intervención policial fue desproporcionada. Su hermana, Abigaíl, rechazó versiones sobre supuestos problemas de conducta y consideró que, si hubo una reacción, fue porque se sintió atacado.
El abogado Carlos Nayi, representante de la familia, afirmó que el caso vuelve a exponer falencias profundas en la Policía de Córdoba. Señaló que los dos efectivos detenidos tienen más de diez años de servicio y planteó que situaciones como esta revelan “falta de capacitación y control”. La querella anticipó que buscará agravar la imputación a homicidio calificado por la función, al entender que la violencia registrada en las primeras evidencias del expediente configura “una particular manera de matar” y debería ser castigada con prisión perpetua.
Organizaciones de Punilla denuncian violencia institucional
La muerte de Samuel también generó un pronunciamiento amplio de organizaciones sociales, culturales, educativas y sindicales del valle de Punilla. En un documento que circuló en los últimos días, los espacios firmantes advirtieron: “En Punilla nos falta un joven. Un hijo, un hermano, un trabajador, un vecino”, y enmarcaron el caso como un hecho de violencia institucional.
Las organizaciones reclamaron el derecho a la libre circulación sin ser tratados como “sospechosos permanentes” y cuestionaron la apelación al “instinto policial” como justificación para intervenciones arbitrarias. Señalaron que, en muchos procedimientos, se habilitan golpes, agresiones verbales o detenciones solo porque una persona “parece sospechosa”, lo que calificaron como una práctica “arbitraria y cargada de discriminación”.
El comunicado sostiene que la Policía de Córdoba y de Punilla vuelve a quedar bajo sospecha, “no solo de abuso de autoridad sino de ser ejecutores de un crimen, otro más de una lista que se engrosa con los años”, y subraya que la violencia policial “produce miedo y dolor” y no puede naturalizarse como parte de sus funciones.
Entre los reclamos concretos, exigen una investigación sin presiones de altos mandos, protección para los testigos que declararon lo que vieron y que “caiga todo el peso de la Justicia hacia quienes hayan ocasionado la muerte” del joven. El texto cierra con una consigna contundente: “La violencia institucional mata”.
El pronunciamiento lleva las firmas de colectivos de derechos humanos, bibliotecas populares, fundaciones, espacios culturales, radios comunitarias, gremios y organizaciones socioambientales de la región, que coinciden en un mismo eje: que la muerte de Samuel Tobares no quede impune y marque un límite claro frente al uso abusivo de la fuerza en los controles policiales.
Un caso abierto y bajo secreto de sumario
Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto y con los dos policías detenidos a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Villa Carlos Paz, a la espera de los informes periciales que deberán precisar cómo y por qué murió Samuel. Entre la versión de la defensa, el reclamo de la familia y la denuncia de las organizaciones, el expediente se encamina a convertirse en un caso testigo sobre el accionar policial y la violencia institucional en Punilla.
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