Familiares, amigos y organizaciones de Punilla marcharán este sábado 6 de diciembre en Villa Parque Síquiman para reclamar justicia por Samuel Tobares, el trabajador de 34 años que murió tras un control policial. Dos policías están detenidos e imputados, mientras la querella pide agravar la acusación y denuncia violencia institucional.
La muerte de Samuel Tobares, de 34 años, ocurrida el pasado domingo 23 de noviembre a la vera de la Ruta 38 en Villa Parque Síquiman, vuelve a las calles. Para este sábado 6 de diciembre, familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha en la localidad para exigir justicia y reclamar que el caso no quede impune.
La movilización se realizará en la zona donde Samuel fue interceptado por una patrulla cuando regresaba de trabajar y se propone como una señal de acompañamiento a la familia, que sostiene que el control policial derivó en una agresión que terminó con su vida.
Por el hecho hay dos policías detenidos: el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero, a quienes el fiscal del Segundo Turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, imputó por el delito de homicidio preterintencional. La familia de Tobares considera que esa calificación resulta insuficiente y reclama que se agrave a homicidio calificado por la función, al entender que existió abuso policial.
Desde la querella, el abogado Carlos Nayi viene señalando que el expediente expone fallas estructurales en la Policía de Córdoba y que la violencia registrada en las primeras evidencias muestra una modalidad de actuación que no puede confundirse con un exceso aislado. Según planteó, los dos efectivos cuentan con más de diez años de servicio y el caso obliga a revisar la capacitación, los controles internos y el uso de la fuerza en los procedimientos de calle.
La defensa de los policías, por su parte, sostiene una versión opuesta. El abogado Federico Pizzicari afirma que sus clientes actuaron tras un llamado al 911 por una supuesta amenaza con una piedra y que, según su relato, Tobares se habría resistido, los habría atacado y les habría arrojado gas pimienta antes de ser reducido, esposado y trasladado al Hospital Domingo Funes, donde finalmente murió. El letrado remarca que los agentes niegan haberle pegado golpes y pide esperar los resultados de las pericias anatomo-patológicas y toxicológicas para determinar las causas del fallecimiento.
En paralelo, un amplio arco de organizaciones sociales, culturales, sindicales y de derechos humanos de Punilla difundió un pronunciamiento en el que advirtió que “en Punilla falta un joven, un hijo, un hermano, un trabajador, un vecino” y enmarcó la muerte de Samuel como un nuevo episodio de violencia institucional. En el documento cuestionan el uso del “instinto policial” para justificar intervenciones arbitrarias, reclaman garantías para los testigos y exigen que “caiga todo el peso de la Justicia” sobre quienes resulten responsables.
La causa sigue bajo secreto de sumario y con los dos policías detenidos a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Villa Carlos Paz, a la espera de informes periciales clave. Mientras tanto, la marcha del sábado se presenta como un nuevo capítulo del reclamo social para que la muerte de Samuel Tobares marque un límite claro frente a los abusos en los controles policiales en el valle de Punilla.
