El concejal Walter Gispert (Frente Cívico) acorrala al oficialismo por los ‘errores’ en el proceso de licitación del servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz. Y lo hace en múltiples frentes, apuntando al tribunal de Cuentas, a la secretaría legislativa, a la presidencia del Concejo de Representantes, y al intendente Esteban Avilés.
El reclamo se centra en lo sucedido en el primer llamado, que debió anularse porque los pliegos se habían publicado sin un artículo.
Vamos por partes. En el caso del organismo de control presidido por Daniel Gómez, el tema pasa por el presunto visado de una ordenanza incompleta (ver aparte).
En cuando a la secretaria legislativa, Alicia Osorio y al prosecretario, Miguel Ballesteros, Gispert presentó un proyecto de resolución pidiendo que aclaren “a qué responsabilidad se refieren” en la nota del 14 de diciembre pasado.
“Nos hacemos responsables y proponemos resarcir las erogaciones ocasionadas al municipio por la publicidad del llamado a licitación pública”, aseguran los integrantes de la secretaría legislativa en el texto que también firma la empleada administrativa Úrsula Tula. Cabe recordar que las publicaciones de rigor de ese primer llamado le costaron al municipio unos 130 mil pesos.
A través del mismo proyecto Gispert pretende que la presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, “informe por escrito la investigación que afirmó haber iniciado”, según consta en las actas de las sesiones.
La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión del jueves, y pasó a la comisión General.
Por otra parte, el viernes pasado, el edil del Frente Cívico envió una nota al intendente Esteban Avilés solicitándole que lo convoquen “a prestar testimonio” en la investigación ordenada por el decreto 675/DE/2017, y que tiene por objeto “esclarecer, determinar y/o deslindar responsabilidades en los hechos ocurridos en el trámite administrativo” relacionado al primer llamado a licitación de la basura.
En la misiva, Gispert le recordó a Avilés los intentos realizados por un grupo de concejales para que el tema se aclare, y puntualizó que en todos los casos el oficialismo se opuso. Esto, sostuvo, “ha imposibilitado que los ciudadanos sepamos quién o quiénes son los supuestos responsables de la falta de gestión que significa no solo una demora en el llamado a licitación (…) sino que además pudo haber significado un daño patrimonial al municipio”.
“Señor intendente, cuento con documentación no sólo del Concejo de Representantes sino también notas del tribunal de Cuentas que puede permitir conocer la verdad sobre las responsabilidades existentes por la no inclusión del artículo 48º en el texto de la convocatoria de apertura de sobres del 19 de octubre de 2017”, afirmó.
¿Hubo falsificación de documentos públicos?
La pregunta sobrevuela todo el proceso de licitación del servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz. Sobre todo en lo que tiene que ver con el primer llamado, y las dos ‘versiones’ existentes de la ordenanza 6273 (pliegos), promulgada el 18 de setiembre de 2017.
Estas dos versiones del mismo documento están firmadas por personal de la secretaría legislativa del Concejo de Representantes y también por el intendente Esteban Avilés, entre otros funcionarios. Una tiene el artículo 48º, y la otra no.
Cabe recordar que el primer llamado se cayó porque se habían publicado los pliegos sin el ya famoso artículo que refiere a la potestad del municipio de aumentar o disminuir el área de prestación.
A partir de allí, se suscitó un cruce de acusaciones sobre quién o quiénes fueron los responsables. Es decir, si el texto fue enviado desde el Concejo al ejecutivo sin ese artículo o si, en cambio, fue modificado allí.
Un dato firme aportado por el tribunal de Cuentas trae un poco de claridad: la ordenanza visada no tenía el artículo 48.
Esto dispara el interrogante de por qué se firmó un nuevo texto sin informar que se había tratado de un error.
Si se hizo a los efectos de ‘disimular’ la equivocación, habrá que dilucidar entonces si ese comportamiento no configura el delito de falsificación de documentación pública.
Y en ese caso queda claro que quienes están al tanto de esto (concejales y funcionarios) deberán llevar el caso a la justicia para que, finalmente, se puedan deslindar responsabilidades.
Nota correspondiente a la edición n° 498 del semanario La Jornada, del 22 de enero de 2017.
