Por Jorgelina Quinteros
Por la intersección de calles Los Gigantes pasan cientos de chicos como Franco por día. Algunos llevan gorra, van con o sin casco, acompañados o solos circulan en moto. Cada uno carga una historia de vida única e irrepetible. Son hijos, hermanos, amigos… son pibes de nuestra ciudad.
Desde el jueves, ven reflejado en el asfalto de Los Gigantes un mensaje imborrable acompañado por una imagen del rostro de Franco de gran tamaño y colocada en un poste, rodeada de carteles que denuncian la violencia del Estado hacia los jóvenes. En el aire, resuena el grito profundo y acongojado de ‘Franco Amaya ¡presente!’. Nadie que pasé por allí puede ser indiferente al crimen que se cometió a metros de calle Alem en la madrugada del 22 de febrero de 2017.
Franco Amaya tenía 18 años. Era un pibe trabajador, que en pocos días se iba a recibir de peluquero. Esa noche calurosa de verano Ulises Bueno tocaba en Molino Rojo. Junto a su primo Agustín encararon en moto a cambiarse para ir al baile. Pasando el puente Los Gigantes se encontraron con un control vehicular mal señalizado y que no cumplía con los requisitos establecidos por la reglamentación policial que exige la presencia de como mínimo cinco efectivos.
Esa madrugada, los oficiales Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos de 25 años y José Ezequiel Villagra de 22 estaban alcoholizados, cuando a Franco le fallaron los frenos de la moto y no pudo detenerse ante el control. En ese momento, Velardo Bustos empuñó su arma reglamentaria, disparó contra el joven y, luego, los efectivos policiales se negaron a prestarle auxilio.
Una intervención urbana realizada durante la mañana del jueves dejó una huella de memoria y un inquebrantable pedido de justicia en el sitio donde Franco cayó desvanecido después de un disparo a quemarropa efectuado por la policía de la provincia de Córdoba. Un año después de este crimen atroz y a pocos meses de que comience el proceso judicial que tiene a ambos policías imputados, familiares y amigos del joven, vecinos, organizaciones y artistas locales acompañaron a la mamá de Franco y la abrazaron en el dolor.
“Aquí se llevaron la vida de un chico con una juventud por delante y no queremos que Carlos Paz quede indiferente. No queremos que se repita, no queremos otro Franco. Los vecinos recibieron generosamente la actividad. Para la causa ellos han sido testigos claves muy importantes y cumplieron un rol fundamental”, explicó Analía Córdoba, una de las organizadoras.
Minutos antes de las 11, Laura Cortez volvió por primera vez al lugar donde su hijo fue asesinado. Envuelta en llanto y contenida por decenas de gestos de solidaridad enfrentó con fortaleza e integridad todo el acto en el que la memoria de Franco se convirtió en bandera de lucha por todos los pibes y pibas que asesina el Estado. “A los chicos los tenemos que proteger entre todos para que tengan una juventud libre y no reprimida ni criminalizada”, agregó Córdoba.
Se colocaron carteles para señalizar el lugar donde a Franco le arrancaron la vida. Los que se acercaban iban colgando gorras mientras la música sonaba soltando expresiones de libertad y de justicia. De a poco, el nombre de Franco se dibujaba en el asfalto junto a una estrella roja.
Entre las organizaciones que participaron se encuentran el colectivo #NiUnaMenos Carlos Paz, referentes de la Multisectorial y la Asamblea Punilla Sur. “Es una forma de dar testimonio para respetar la vida. Del dolor tenemos que sacar fuerzas para que no haya nuevos Francos, hacer notar nuestra presencia y que los jóvenes se sientan acompañados”, aseguró Gustavo Franceschini, delegado de UEPC e integrante de la Multisectorial.
“Estamos junto a la familia y en la lucha”, advirtió Claudia Ruiz Moreno, miembro del colectivo #NiUnaMenos Carlos Paz. “Luchamos por la vida”, agregó Jorge Herrou. “Aquí el Estado asesino se llevo la vida de un chico de 18 años”, denunció con tristeza.
Desde Córdoba Capital, se acercaron y expresaron su acompañamiento a la familia representantes del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos e integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil.
“Hay que escribir por todos lados el nombre de los pibes asesinados y acorralar a este aparato asesino que el gobierno utiliza para mantenernos dormidos. La salida a nuestros problemas no se resuelve con más policías en las calles ni destinando mas presupuesto en seguridad, sino por el contrario reforzando con partidas presupuestarias muchísimas otras áreas como salud, educación participación comunitaria y fortaleciendo la cultura”, argumentó Agustín del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos
“Tenemos que seguir apostando a una construcción colectiva. Estamos seguros que hay que organizarse y luchar, es la única salida”, remarcó.
La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil tiene cuatro años de trabajo y militancia denunciando la violencia que ejerce el Estado sobre los jóvenes de barrios populares en las calles y en los lugares de detención. “Le brindamos nuestro apoyo a la mama de Franco. Es muy importante el acompañamiento a todos los familiares, es lo que nos da fuerzas día a día. Nosotros salimos a la calle con mucho amor a gritar el nombre de cada pibe fusilado, no sólo por la policía que aprieta el gatillo, sino por el Estado que es el que avala y le garantiza la impunidad a estos policías asesinos”, declaró Romina, tía de Rodrigo Sánchez, un adolescente de sólo 16 años, asesinado por la espalda por el policía Lucas Carranza en septiembre de 2015.
El momento de mayor conmoción fue cuando se descubrió en un poste un cartel con su rostro y Franco estuvo más presente que nunca entre lágrimas y abrazos. El silencio cortaba el aire y su imagen nos interpelaba a todos. Sostener su memoria es luchar para que no vuelva a suceder nunca más.
Minutos antes, Laura tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los que se acercaron a participar de la intervención. “Pareciera que hubiese sido ayer. Quiero que no le pase a ninguna madre que te falte un hijo y que te lo maten de esa forma como si fuera un desperdicio”, manifestó.
En entrevistas a la prensa, aseguró que todavía no tiene noticias sobre el comienzo del juicio. “Mi vida la seguí igual porque nadie se acercó a hablarme, a pedirme disculpas. Nadie se comunicó desde el Estado, no espero nada tampoco de ellos”, afirmó.
Casi al final de la intervención, un vecino pidió el cambio de nombre de la calle “Los Gigantes” por el de “Franco Amaya” que apoyaron todos los presentes. Para Laura fue un gesto conmovedor. “Veo que todos los vecinos se pusieron mal porque no tiene que pasar esto, nadie tiene derecho a matar a alguien”, expresó.
Que a Carlos Paz la muerte no le sea indiferente…
La muerte de Franco fue un fusilamiento, lisa y llanamente. El policía que lo asesinó recibió un arma con sólo seis meses de antigüedad en la fuerza, después de nueve de formación. Durante la etapa de investigación las pericias indicaron que los dos policías que fueron imputados estaban alcoholizados cuando sucedió el hecho. Velardo Bustos y Villagra presentaban 0,84 y 0,87 de alcohol en sangre, indicó el dosaje realizado.
Según Carlos Nayi, el abogado de la familia de Franco, “aseguran los especialistas que los efectos que produce la presencia de alcohol en sangre con estas proporciones son ‘comportamientos incoherentes al ejecutar tareas, disminución del discernimiento y pérdida de inhibiciones’”.
“Está claro que estamos frente a funcionarios policiales que no estaban apto para llevar a cabo esta tarea”, fundamentó.
Mientras Franco agonizaba, unos metros más delante de donde recibió el disparo en el tórax, Agustín quiso ayudarlo, pero los oficiales no lo dejaban parar autos ni taxis. Finalmente, logró trasladarlo en un auto particular, pero fue demasiado tarde. Franco ingresó sin vida al hospital municipal Gumersindo Sayago a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Seis meses después del crimen la fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, solicitó la elevación a juicio de la causa. Bustos está acusado de “homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal” y se encuentra detenido en Bouwer. Villagra, en tanto, está imputado de “omisión de los deberes de funcionario público” y se encuentra en libertad. Sin embargo, no se avanzó en investigar a las responsabilidades superiores en torno a la capacitación que recibieron los policías y, tampoco, el accionar del personal policial que intervino en las detenciones de diez manifestantes que protestaron frente a la Departamental Punilla la tarde del crimen.
Cabe recordar que la policía actuó de civil y de manera violenta contra los jóvenes, entre los que había cuatro menores, quienes denunciaron golpes y vejaciones de parte de los oficiales durante las horas de estadía en la comisaria. Esa noche, todas las detenidas mujeres fueron obligadas a desnudarse.
La fiscal los imputó por daño calificado. Tras su liberación, los detenidos hicieron una presentación ante la fiscalía solicitando conocer las razones de las imputaciones y que se brinden explicaciones sobre la represión policial. No obstante, no recibieron respuesta desde la fiscalía.
“A nivel local ya tenemos una policía que ha tenido muchos casos de abuso en las mismas comisarias, de detención de chicos básicamente por ‘portación de rostro’. Eso se extiende a toda la provincia, porque está sostenido por un Código de Convivencia que así lo permite. Hay una criminalización particularmente hacia los jóvenes de sectores populares, que no son considerados por el Estado como sujetos de derechos”, subrayó Córdoba.
Por eso, el asesinato de Franco no es un hecho aislado, “forma parte de una larguísima lista de personas asesinadas por las fuerzas represivas”, aseveró Mariana Carmona, referente de Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional en Córdoba (CORREPI). Hubo 11 casos de gatillo fácil sólo en Córdoba en el 2017.
“Hoy en la gestión actual a nivel nacional y provincial estas situaciones están siendo avaladas públicamente. Es explícito que la represión es una política de Estado. No lo niegan y lo defienden. Eso nos preocupa en relación a todo lo que es el contexto a un año del asesinato de Franco”, enfatizó.
La mirada de Franco Amaya es un motor de lucha para fortalecer espacios de organización popular y poder acompañar los pedidos de justicia por los casos de abuso policial. Pero además, empezar a generar espacios de encuentro y de discusión del paradigma de seguridad vigente para, entre todos, pensar cómo queremos convivir y que seguridad tenemos que construir.
Que seamos muchos más, es el camino para que la justicia tome la forma del ‘Nunca más’ que garantice una vida digna, con sueños y libertad para todos los pibes y pibas.
Franco Amaya ¡presente, ahora y siempre!
No es un policía, es toda la institución
El jueves pasado por la noche se desarrolló la charla “El gatillo fácil como política de Estado”, en la sede de la Cooperativa Integral. La propuesta invitó a reflexionar, a un año del crimen de Franco Amaya, sobre la forma en que se instituye, opera y se consolida la represión como una política de Estado.
Disertaron a sala llena integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional en Córdoba (CORREPI) y Victoria Siloff, abogada del Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCoF) y militante en el Encuentro de Organizaciones.
La CORREPI es una organización que interviene en el campo de los Derechos Humanos para erradicar las políticas represivas del Estado. Su objetivo principal es caracterizar, denunciar y combatir la represión estatal y promover la lucha antirrepresiva. Tiene una trayectoria de más de 25 años a nivel nacional, en Córdoba se conformó en septiembre de 2017.
Por su parte, el FOCCoF trabaja hace años exigiendo justicia por los jóvenes asesinados por la policía y la derogación del Código de Convivencia. Está integrado por Zafarrancho Colectivo Revolucionario, el Encuentro de Organizaciones, Democracia Socialista y el grupo Marabunta, junto a militantes independientes.
“De esto se trata, de visibilizar, de contar, de esclarecer y hacer más publica nuestra postura sobre lo que está pasando. No son casos aislados, no son casualidades, no es una ‘manzana podrida’ dentro de las fuerzas de seguridad, sino que son políticas que responden a un diseño de gobierno, de Estado y del sistema”, sentenció Siloff.
Durante la charla, estuvieron presentes familiares y amigos de Franco Amaya, que se mostraron agradecidos por el acompañamiento que la comunidad de Villa Carlos Paz y alrededores les brindó en el marco del primer aniversario del asesinato del joven. También, participaron Magú Appella y Gonzalo Altamirano del grupo Sombraitoro, que interpretaron temas propios para el público presente.
Siloff valoró la importancia de estos espacios como una manera de mantener vivo el pedido de justicia y la lucha contra los abusos policiales y las políticas represivas: “Es una forma de hacer justicia. Una es la justicia del poder judicial y otra es la que nos da más esperanza, más ganas de seguir que es ésta: la convocatoria popular en los barrios, la visibilización, el seguir nombrando a los pibes e ir más allá del poder judicial que nos ofrece el capitalismo”.
Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios de encuentro abiertos a “quienes se sientan conmovidos y adviertan la injusticia de estos asesinatos se acerquen a la familia a dar fuerzas para que vean que no están solos en esto”.
Los casos de gatillo fácil que llegan a juicio lo hacen gracias a la organización y movilización popular que presiona al poder judicial para que las causas avancen. La gran mayoría de las causas “se tratan de enmarcar en la legítima defensa inmediatamente y rápidamente piden el sobreseimiento para cerrarlas”, advirtió Siloff. “Estamos en un momento de nuestro país en que estos asesinatos no son cuestionados por el gobierno y esto tiene influencia en la práctica policial. Hoy en día la policía está totalmente descontrolada, porque se sienten mucho mas impunes de lo que venían estando y contenidos por todo el aparato político estatal”, concluyó.
Nota correspondiente a la edición n° 503 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.
