Jorge Conalbi Anzorena, presidente de Dypra (Diarios y Periódicos Regionales Argentinos), encabezó este martes una conferencia de prensa en Villa Carlos Paz donde denunció la persecución, el hostigamiento y el ahogo financiero que sufre La Jornada por parte de la administración municipal liderada por el intendente Esteban Avilés.
Cabe recordar que Dypra es una cooperativa que agrupa a unos 130 medios regionales de todo el país.
El encuentro con los periodistas locales se dio en el bar del hotel Los Sauces, a partir de la crisis que motivó que, tras 533 ediciones, el semanario discontinuara su publicación esta semana.
En la oportunidad, Conalbi Anzorena estuvo acompañado por Alejandro Gómez, director de La Jornada.
“Existe una situación compleja de determinadas políticas económicas que se llevan adelante en el país que afectan la actividad editorial. Pero además hay en algunos casos políticas concretas locales que agravan la situación de los periódicos regionales. Estos medios son las voces de sus ciudades, y protegerlos es una tarea que el Estado debe abordar. No es una cuestión de mercado”, alertó el titular de Dypra. Y planteó que el caso de La Jornada, en Villa Carlos Paz, “es paradigmático”.
“Además de las dificultades que atravesamos todos los medios gráficos del país, acá hay una persecución concreta por parte del municipio, del intendente Avilés, que salta a la vista, ya que no solamente discrimina a este medio marginándolo de la pauta publicitaria de la que gozan los otros medios de la ciudad, sino que además le genera un doble perjuicio a los vecinos. Por un lado los está privando de una mirada, de una voz, cuando se supone que el Estado debe garantizar los derechos humanos de vecinos, y acá se está vulnerando uno de esos derechos, que es tener la posibilidad de acceder a las distintas miradas que tiene para ofrecer el periodismo de Carlos Paz. Y por otra parte, al no pagar una cuantiosa deuda está empujando a La Jornada a demandar al municipio y a trasladarle un costo que será millonario, seguramente, a los vecinos. Hay elementos concretos de daños y perjuicios que se producen a este medio, fruto de la discriminación antojadiza del intendente, aunque seguro debe estar pensando que no será él el administrador que tendrá que pagar esa deuda y se las traslada a los vecinos de Carlos Paz”, subrayó.
Por su parte, Gómez reiteró que la versión gráfica de La Jornada “está atravesando una situación conflictiva y hoy no podemos dar una respuesta definitiva respecto a cómo va a seguir el proyecto periodístico”.
“Venimos alertando sobre esta situación a lo largo de los últimos años, esto que consideramos un atentado a la libertad de expresión, una discriminación clara por parte de la administración de Avilés que la sufrimos en lo económico y también en lo periodístico”, señaló.
