“Cabeza fría, corazón caliente”. Una frase que desde el 1 de agosto de 2016 se escucha una y otra vez en las asambleas de las y los trabajadores de la Cooperativa Integral. Una frase con la que se dan aliento. Una frase con la que se contienen. Una frase que los identifica. Porque al hablar del servicio de agua en Villa Carlos Paz hablamos de decenas de historias de vida de hombres y mujeres fuertemente involucrados en brindar un servicio de calidad. La cabeza y el corazón puesto en el trabajo. El cuerpo entero. La vida misma.
Nada de esto tiene en cuenta el gobierno de Carlos Paz Unido que el 26 de febrero pretende avanzar en el traspaso del servicio agua, sin siquiera haber presentado un plan técnico. Por estos días, el gobierno municipal solo ha emitido un escueto comunicado en el que informa que la “administración Central del Servicio de Agua Municipal funcionará en el Palacio 16 de Julio de 8:00 a 14:00 hs”.
Y asegura que el servicio de guardia telefónica estará disponible las 24 horas. ¿Con qué herramientas se reparará las cañerías?, ¿con qué insumos cuenta la municipalidad al día de hoy para asumir la tarea?
No existe ninguna precisión al respecto. Para Carlos Paz Unido solo interesa que la fecha del 26 de febrero se convierta en una victoria política sobre la “dirigencia cooperativista y sus aliados”. Y en ese enceguecimiento, no miden consecuencias. No interesa el servicio de agua. No interesa si está resuelto o no el traspaso de los trabajadores. No interesa si para imponerse deben acudir a la represión a través de la Policía y Guardia de Infantería.
Pero esta situación no es aceptada impávidamente por todo el mundo.
La delegación local del Colegio de Abogados emitió un comunicado expresando ‘su absoluta preocupación por la falta de diálogo existente y las graves consecuencias que esa actitud puede generar en la comunidad’.
Lo hizo tras la reunión de mediación concretada el viernes 19 de febrero a la que se convocaron a todas las partes de este conflicto: el municipio, la Cooperativa Integral y el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias). Nadie de la municipalidad asistió al encuentro, dejando en evidencia –una vez más- que quienes se niegan a dialogar son los representantes de Carlos Paz Unido.
‘Los participantes unánimemente expresaron con fundados motivos que la municipalidad no estaría en condiciones de prestar el servicio de agua potable partir del día 26 de febrero debido a la ausencia de un Plan Director y la alta complejidad propia de la prestación de un servicio esencial de estas características’, señala el documento.
La situación de los trabajadores
Otro aspecto central a la hora de pensar en el eventual traspaso del servicio de agua es la situación de las y los trabajadores. Tras pretender abandonar las negociaciones en el ministerio de Trabajo, el gobierno municipal fue conminado a incluir en su decisión a las y los trabajadores de la COOPI afectados al servicio de agua, con sus derechos laborales.
Lo hizo a través de un laudo arbitral que se dio a conocer el miércoles 17 de febrero por la noche, luego de que el cuerpo de trabajadores desarrollara una extensa jornada de protesta en Córdoba capital que incluyó el encadenamiento de seis operarios frente a la Legislatura, la protesta con quema de neumáticos frente al ministerio de Servicios Públicos y el intento de llegar al gobernador Juan Schiaretti y a su esposa, la diputada Alejandra Vigo, para entregar un petitorio en su vivienda particular.
“He decidido encadenarme para seguir luchando por nuestra fuente de trabajo junto a todos los compañeros que hoy están trabajando en la COOPI. Esta es una lucha constante que tenemos todos los compañeros para que el servicio que está brindando la cooperativa hace 57 años, continúe así”, resumió Ricardo Ferreyra, uno de los trabajadores que se encadenó frente al edificio de la Unicameral.
Como decíamos, los representantes municipales –los abogados Darío Pérez, Marcelo Di Pietro y Marcelo Ambroggio- pretendieron abandonar las negociaciones en el ministerio de Trabajo en la audiencia del 3 de febrero. Su argumento fue que el proyecto de ordenanza con el que pretendían absorber a los trabajadores no se aprobó y que no había ninguna otra alternativa. Tras ello abrieron un Registro de Trabajadores del “servicio municipal de agua” para que cualquier persona se pudiera anotar para trabajar. Eso sí, el régimen de empleo sería el municipal. Es decir: en absoluta precarización, con sueldos magros y con contratos basura que se renuevan cada tres meses.
En ese marco, el plan de lucha del SIPOS se recrudeció con cortes en las avenidas principales. Vale mencionar que en una de las manifestaciones –en este caso referida a Carlos Paz Gas- el propio secretario General del gremio, Gustavo Valdez, resultó detenido y quedó imputado por daño calificado. Desde el sindicato salieron a denunciar la criminalización de la protesta que sostiene Carlos Paz Unido, con la recurrente estrategia de perseguir penalmente a todo aquel que reclama.
Con la reunión mantenida por los representantes de la COOPI con el presidente Alberto Fernández (ver aparte), el gobernador Juan Schiaretti no intervino directamente para abrir al diálogo tal como lo solicitó el mandatario. Más bien optó por no inmiscuirse en la decisión de fondo y limitarse a bajar la directiva de que se resuelva la situación de los trabajadores.
Por supuesto no está dispuesto a asumir el costo político que significa dejar cientos de trabajadores en la calle.
Así es como se llegó al punto en el que nos encontramos hoy, con el laudo arbitral del ministerio de Trabajo y la ordenanza aprobada el viernes 19 de febrero para ser ejecutora de esa decisión. El proyecto enviado por el intendente Daniel Gómez Gesteira dispone “la absorción, por parte del municipio, del personal dependiente de la Cooperativa Integral afectado al servicio de agua, de conformidad a lo dispuesto a través de la RESOLUCIÓN N° 05/2021, dictada por el ministro de Trabajo de la Provincia”.
La decisión fue tomada por el oficialismo, en completa soledad, tras un debate de más de tres horas donde los ediles de la oposición expusieron fuertes y categóricas críticas a la propuesta. Sobre todo haciendo énfasis en que se trata de una ordenanza que es violatoria de la Carta Orgánica Municipal en lo referido al Régimen de Empleo.
El texto dispone la absorción de los trabajadores afectados al servicio de agua, “que formen parte de la plantilla de personal al mes de diciembre de 2018”.
En teoría se reconocerá a quienes opten por incorporarse como dependientes del municipio los siguientes derechos: a) Fecha de ingreso con la antigüedad adquirida; b) Categoría Profesional; c) Reconocimiento de la Convención Colectiva aplicable; d) Reconocimiento de la Representación Gremial; e) Toda otra condición esencial que conforme el contrato de trabajo vigente, todo sujeto a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución N° 05/2021 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
Por último, el cuerpo legislativo facultó al intendente “a dictar los instrumentos necesarios para hacer operativa la absorción dispuesta en la presente ordenanza”, que comenzará a regir desde su promulgación.
No está de más decir que la resolución ministerial que habilitó la aprobación de la ordenanza es bastante confusa toda vez que en los considerandos se reconoce expresamente que la incorporación de los trabajadores bajo esta modalidad está vedada por la Carta Orgánica Municipal, pero a la vez se habilita la posibilidad de aprobar una ordenanza de excepción al Estatuto del Empleado Municipal, con mayoría simple.
Además, se establece que a los fines de la absorción el procedimiento debe implementarse dentro en un término de 7 días corridos a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. En dicho período los trabajadores interesados comprendidos en los alcances del presente deberán manifestar ante la Autoridad Administrativa del Trabajo su intención de continuar prestando servicios bajo la gestión del municipio, reconociendo el gerenciamiento de la misma y las facultades organización y dirección.
De no mediar manifestación expresa de aceptación de las previsiones antes expresadas, los trabajadores continuarán sin modificación de su vínculo preexistente con la COOPI.
¿Cuántos trabajadores?
“El proceso de absorción definitivo quedará circunscripto a los trabajadores afectados al servicio de agua sobre el universo de trabajadores de la COOPI de acuerdo a la plantilla de personal a diciembre de 2018, que obra en el expediente y en los registros del Sistema Provincial de Rúbrica de Documentación de Libros y Planillas dependiente del Ministerio de Trabajo de conformidad a lo que la partes indicaran oportunamente en el decurso de las actuaciones administrativas”, dice la resolución ministerial.
Y acá reside uno de los puntos sobre los cuales versará la negociación de estos días de cara al 26 de febrero.
Entendiendo que se trata de una resolución ministerial de cumplimiento obligatorio, el SIPOS resolvió presentar la lista de trabajadoras y trabajadores afectados al servicio de agua. Pero han solicitado al organismo que corra la fecha de corte al 30 de octubre de 2020.
El pedido no es caprichoso. Lo fundamentan diciendo que hay que tener en cuenta que existen trabajadores que se jubilaron y cuyo reemplazo debe ser considerado, pensando en la operatividad y sostenibilidad del servicio. Además, la pandemia del 2020 ha demandado la incorporación de más personal para la atención a través de medios virtuales y el cuidado de trabajadores que son parte de los grupos de riesgo. Además, se trata de la fecha más próxima a conocerse el dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el ministerio aun no han respondido a ese pedido.
En cuanto a la cantidad de trabajadores, el ministro Omar Sereno hizo referencia al tema en una entrevista concedida al portal Carlos Paz Vivo. Allí menciona que serían 150 los trabajadores que estarían en condiciones de ingresar al municipio.
“En función de ello tendrá que trabajar el sindicato al que le damos un plazo de hasta 48 horas para que acompañe la documentación de las personas que manifiesten su conformidad de acogerse a este sistema y estas pautas. Y, por supuesto, el municipio tendrá que analizar si el personal que se absorbe de manera directa está vinculado al agua. El municipio ha aceptado los alcances de la resolución y hemos recibido una nota en la cual se nos dice que ellos van a ajustar todas las normas internas para facilitar el proceso y también entendemos que el sindicato ya está trabajando en esa misión de encontrar a las personas interesadas en continuar en el servicio”, expresó el funcionario.
En cada alusión pública al tema, los representantes municipales han hablado de no más de 50 trabajadores. Lo ha dicho el intendente, el asesor letrado, los concejales del oficialismo. ¿Se mantendrán intransigentes en ese número?
Desde el SIPOS, en tanto, presentaron la lista el pasado lunes y el número de trabajadores afectados al servicio de agua está cerca de los 170.
Los días que vienen son cruciales. Desde el gremio han planteado en reiteradas oportunidades que “no habrá 26 de febrero si no está resuelta la situación de los trabajadores”.
Quedan un par de días para que lo que no se acordó en años, sea definido.
Y de manera descarnada se habla de cantidades sin ver que detrás de cada nombre, hay una historia de vida, hay una familia, hay un ser humano que lo arrancan de su lugar de trabajo, de su cotidianeidad, en contra de su voluntad. Porque solo basta con acercase a hablar con cada trabajador y cada trabajadora de la Cooperativa Integral para entender el sentido de pertenencia que sienten con la institución.
“Trabajar en la Cooperativa es un sentimiento. Es organización, compañerismo, colaboración con los vecinos. No estamos dispuestos a entregarle nada el 26 a la municipalidad si no aseguran nuestros puestos de trabajo y la estabilidad del servicio a los vecinos”, expresó con claridad Juan Carlos Quevedo, quien tiene 26 años de servicio en la COOPI. Se viven días de mucha incertidumbre, angustia, tristeza, dolor. La impotencia ante una decisión injusta es lo que embarga al colectivo de trabajadores y trabajadoras de la COOPI.
Nota correspondiente a la edición n° 562 del periódico La Jornada, del 24 de febrero de 2021.
