Por Evelina Ramírez
En la madrugada del jueves 6 de agosto, Valentino Blas Correas recibió un disparo de una bala policial que terminó con su vida. El joven, de apenas 17 años, iba con sus amigos en un auto por avenida Vélez Sarsfield al 4.500, en pleno centro de la capital provincial.
El vehículo no se detuvo en el control policial y los agentes Javier Alarcón (31) y Lucas Gómez (35) comenzaron a disparar. Una de esas balas fue al cuerpo de Blas, que viajaba como acompañante en el asiento trasero. Ambos policías fueron detenidos e imputados de homicidio calificado agravado, por el fiscal interviniente José Mana. Los dos agentes tienen rango de cabo primero y más de ocho años en la fuerza.
En el vehículo en el que iban los jóvenes apareció un arma. El primer intento de la policía fue cambiar la escena del crimen e instalar la versión del tiroteo.
La agente de menor rango, Wanda Esquivel, confesó –días más tarde- que “a instancias de uno de los otros dos imputados” plantó el arma calibre 22. Se trata de un revólver inservible, no operativo y que no contaba con el percutor. Su compañera, la oficial principal Yamila Martínez, también fue imputada por omisión de los deberes de funcionario público, delito que no prevé detención.
El fiscal Mana también decidió la imputación del subcomisario Sergio Alejandro González, acusado del delito de encubrimiento agravado y omisión a los deberes de funcionario público. El subcomisario González es Jefe de Compañía y estaba a cargo de todos los móviles de esa zona esa noche.
Tras lo sucedido, la memoria colectiva de Villa Carlos Paz revivió lo sucedido con Franco Amaya el 22 de febrero de 2017. Las similitudes entre los crímenes son dolorosas.
“Lo que pasó con Valentino Blas Correas nos remite mucho a lo que pasó con Franco Amaya en Carlos Paz, que también fue baleado por un oficial en un control. Incluso se había reglamentado que un oficial no puede dispararle a un vehículo en movimiento desde un punto de control”, remarcó Mauricio, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
En efecto, en agosto de 2017, el Ministerio de Gobierno, con la colaboración de los fiscales del Poder Judicial presentó el “Protocolo de Control Vehicular Policial Urbano”. Una de las disposiciones explícitas que aparece en ese protocolo es que “en ningún caso de evasión o fuga se apelará a la persecución por parte del móvil afectado al control vehicular ni al uso del arma de fuego”.
Nada de esto se tuvo en cuenta en el crimen de Blas Correas.
Para Laura Cortez, la mamá de Franco Amaya, lo sucedido con el adolescente cordobés “fue impactante”. “No podía creer que vuelva a pasar, de esa forma. Me volvieron todos los recuerdos de ese día. Escuché el relato de la madre. Blas tenía casi la misma edad que mi hijo. Tiene un hermano más grande, de la edad de mi otro hijo. Fue shockeante la noticia. Esto viene pasando hace años, pero se necesita una solución urgente. Así no se puede vivir. No sabes si tu hijo, que salió a la calle, va a volver”, dijo a VillaNos Radio.
Tras el crimen de Blas Correas, el Ministerio de Seguridad de la provincia removió la cúpula policial de la capital provincial. Frente a la Dirección General de Seguridad Capital quedó a cargo la Comisaria Mayor Liliana Rita Zárate Belletti. Es la primera vez que una mujer ocupa ese cargo de autoridad en la institución. También fueron removidos de sus cargos los Subdirectores de las Zonas Norte y Sur de la capital, Comisarios Mayores Rubén Turri y Gonzalo Cumplido, respectivamente.
Más represión en cuarentena
Valentino Blas Correas es la quinta persona asesinada por la policía de la provincia de Córdoba desde el comienzo de la cuarentena en marzo y la sexta en lo que va del año. Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil advierten que, “la emergencia sanitaria está sirviendo de excusa para legitimar una avanzada represiva sin antecedentes desde el retorno de la democracia”.
El programa de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales elaboró un informe que da cuenta del incremento de la represión y de la violencia policial en cuarentena. Valeria Plaza, abogada y coordinadora del equipo, sostuvo que entre los aspectos que habilitan la arbitrariedad está la ambigüedad de las disposiciones.
“Se registra, por un lado, una continuidad del hostigamiento policial tradicional, y que incluso, se identifica cierta profundización del mismo en virtud de las mayores facultades legales de control atribuidas al personal policial. Esto posibilita una mayor arbitrariedad, por lo que consideramos urgente y necesario reglamentar de forma detallada el procedimiento de solicitud de documentación, indicando de manera taxativa y con claridad los casos en que corresponde la detención y/o multa y regulando los casos en que no (circulación barrial en busca de mercadería y/o medicamentos por ejemplo). Asimismo, hacer de público conocimiento esta reglamentación”, detalla el informe.
El 27 de agosto se desarrolló una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil y Córdoba tuvo su protagonismo allí. “No son hechos aislados, son políticas de Estado”, fue la consigna que se levantó.
Y está claro que hablamos de una política represiva que es necesario de reconocer y erradicar. De lo contrario, seguiremos sumando nombres y rostros a la larga lista de víctimas de la violencia policial.
Nota correspondiente a la edición n° 556 del periódico La Jornada, del 26 de agosto de 2020.
