Otro tema que termina en Tribunales. Otro tema de impacto social cuya mejor vía para resolución –y estamos convencidos de ello- es la política y el diálogo, termina judicializado. En junio de 2014 La Jornada publicaba un informe en el que abordábamos la temática de lo que se ha dado en llamar la “judicialización de la política”. Y lo planteábamos considerándolo como el fracaso de la política como instancia de resolución de problemas sociales.
Hoy lo ratificamos.
Y quizás, lo que está sucediendo con el conflicto del agua instalado por el intendente Esteban Avilés, es la máxima muestra del fracaso de la política que ha dado este gobierno. Porque la vía política, del diálogo, el debate y la construcción de consensos, fue descartada de plano por el mandatario.
“Esteban consideró ir directamente por la cuestión legal, porque necesitamos un tiempo razonable para tener todo listo antes de la temporada. Y la cuestión de la judicialización también hay que preverla. Por eso fue directamente por decreto, que puso fin a una situación de precariedad del municipio con la Cooperativa, porque no tiene contrato”, admitió el secretario de Gobierno y asesor letrado, Juan Villa, a Radio Next (97.1 FM).
Si bien el intendente acusa a los concejales de “frenar la participación popular” y “dejar de lado al vecino”, en lo concreto quien está dejando de lado a la ciudadanía es el propio intendente al avanzar de manera intempestiva en su anhelo de quitarle la concesión del servicio de agua a la Coopi, después de 53 años de trabajo.
Porque hay que decirlo con claridad: ninguna de las propuestas ha sido debatida con toda su complejidad en el Concejo de Representantes. Ni la ordenanza enviada por Avilés, ni los tres proyectos de referéndum que salieron del bloque de Carlos Paz Unidos (el de Gispert planteado para octubre de 2017, en el marco de las elecciones legislativas nacionales; el de los concejales avilescistas, pensado primero para el 30 de octubre y luego para el 20 de noviembre de este año; y el de Ruiz, proyectado para fines de junio de 2015, previo desarrollo de mesas de debate y audiencia públicas informativas).
Antes de ser intendente, Avilés fue ocho años concejal. Sabe bien que los proyectos de tal complejidad no se resuelven de un día para el otro. Lo sabe bien. Por eso, quien le cierra el camino de la política es Avilés.
Su decretazo lo demuestra. No diálogo. No consenso. No consulta al vecino. Solo firma… y a los Tribunales.
Cruce de denuncias penales
El martes comenzó el cruce de denuncias. Primero, la Cooperativa Integral denunció al intendente Avilés por los delitos de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) y malversación de fondos públicos (artículo 260). La presentación se hizo en la Fiscalía N°2 a cargo de Ricardo Mazzuchi y fue presentada por la presidenta de la institución, Alicia Clérico, acompañada por los abogados patrocinantes José D’Antona y María Eugenia D’Antona.
La acusación de abuso de autoridad apunta a que se investigue la posible violación de la ordenanza 5264 por la publicación que el municipio hizo el domingo 14 de agosto en el diario La Voz del Interior.
La mencionada ordenanza establece que “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá abstenerse de utilizar cualquier forma de comunicación institucional que importe promover explícita o implícitamente, intereses de algún partido político, ni estar al servicio de destacar actos de gestión en la figura o nombre de persona, ni para promoción personal de funcionario alguno, ya sea con utilización de nombres propios, de slogans o similares”.
“El suplemento era de turismo y en él sale una foto central en primera plana del intendente. Eso no estaría permitido por la propia ordenanza. A esto se suma que en el reverso hay toda una carilla dedicada a las supuestas irregularidades de la Coopi, inexistentes por cierto”, explicó el doctor D’Antona.
Además recordó que siendo concejal, Avilés promovió la sanción de esta ordenanza que había sido vetada por el entonces intendente Carlos Felpeto e insistida por el Cuerpo Legislativo.
Vale decir también que el propio Defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, ha solicitado información al Ejecutivo sobre la publicación realizada en el mencionado matutino, indicando que se podría estar promoviendo “publicidad engañosa”.
A esto hay que sumarle el mensaje que el municipio ha difundido en el dorso de los cedulones municipales, donde se habla de la municipalización del servicio de agua y falazmente vuelve a acusar a la Coopi de una serie de irregularidades.
La acusación de malversación de fondos, en tanto, se explica a partir de que el municipio no ha precisado qué fondos ha utilizado para difundir estos mensajes difamatorios con la Cooperativa Integral. “Es una cuestión republicana que deberán explicar de dónde salieron los fondos”, remarcó D’Antona.
El mismo día, el procurador del Tesoro Municipal, Darío Pérez, realizaba en la misma fiscalía una presentación judicial en nombre del municipio contra Alejandro Eguiguren y Rodolfo Frizza, gerente General y sub gerente General de la Cooperativa Integral, respectivamente.
Según explicó el letrado, la denuncia tiene que ver con “los hechos que ocurrieron el pasado 1 de setiembre”, posterior al decretazo de Avilés por el servicio de agua.
Según relató Pérez, ese día, aproximadamente a las 14, “un grupo de personas identificadas como trabajadores de la Coopi, contra la voluntad expresa de las recepcionistas, y luego de agredir al personal, irrumpieron en el municipio y accedieron a la planta alta profiriendo insultos y amenazas”.
Además, sostuvo que, “estuvieron en la oficina de Asesoría Letrada, y con posterioridad detecté la ausencia de una carpeta con documentación relacionada al contrato de concesión del agua”.
La denuncia, dijo Pérez, está dirigida contra Eguiguren y Frizza, “a quienes identifiqué como los dirigentes que arengaban al grupo y daban instrucciones”.
“Se excedieron en el derecho de peticionar a las autoridades”, subrayó.
Amparo con admisibilidad
La otra acción judicial se realizó el miércoles y fue la presentación de una caución de amparo, como medida cautelar a través de la cual la Cooperativa Integral impugnó por inconstitucional el decreto dictado por el intendente Esteban Avilés mediante el cual pretende quitarle el servicio de agua.
El recurso fue presentado en la Cámara Contenciosa Administrativa de Primera Nominación y en menos de 24 horas fue resuelta su admisibilidad.
“Es importante señalar la celeridad con que la Cámara dio admisión al reclamo para analizar la grave crisis desatada por el decretazo de municipalización. Esta celeridad queda plasmada también en las 72 horas para la presentación de informe del intendente cuando los plazos normales suelen ser de no menos de ocho días”, evaluaron desde la Coopi a través de un comunicado cuando se conoció la noticia.
La presentación fue acompañada por una nutrida comitiva de trabajadores e integrantes del Cuerpo Social de la Coopi.
La rápida admisibilidad de la acción de amparo presentada indica también la correcta fundamentación por parte del cuerpo letrado de la Coopi, encabezado por el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe.
En este sentido, el abogado afirmó que “hay muchos amparos que se desestiman”. “Los jueces revisan si lo que se está planteando tiene verosimilitud: es decir, si lo planteado es serio y el agravio grande. Pero además, de tiene que cumplir una serie de requisitos formales”, explicó al programa Sin Envoltorios (VillaNos Radio 100.7 FM).
“La Justicia ha visto tan adecuado nuestros argumentos que es poco común que se tome una decisión con la urgencia que lo han hecho. Es más, en general se suele dar más tiempo: 8 o 12 días para que contesten. Solo le dieron 3 días”, dijo y evaluó: “Eso nos pone al borde de que dicten un fallo con prontitud. Ojalá que se dé en los tiempos, como lo merecemos. Invito a la responsabilidad de la clase política, del partido que sea, para encontrar caminos de diálogo, encuentro y articulación. Este tema no puede ser llevado desde la indiferencia y la exclusión”.
Cabe recordar que el amparo persigue dos objetivos: que se declare nulo el decreto por inconstitucional y que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, se dicte una medida cautelar para que no se aplique
Por su parte, el subgerente de la institución, Rodolfo Frizza, consideró que la actuación de la Cámara “es una pequeña gran noticia para la Coopi”. “Sabemos que aún no está resuelto que lo hemos planteado. Pero la Cámara también podría haber dicho que el recurso no era aceptable, porque no es lo que corresponde, no es la vía idónea o el planteo no está bien formulado. Pero lo que ha hecho la Cámara es darle admisibilidad al amparo porque ha entendido a prima facie que se puede estar incurriendo en una posible grave violación de derechos de la Cooperativa Integral”, dijo a Radio Nacional Córdoba.
Además, remarcó que mientras “todos apuntaban al diálogo y al consenso, el decreto de Avilés hizo todo lo contrario”.
Ahora la Cámara deberá escuchar el informe del intendente. “Si le da elementos suficientes para resolver la cuestión de fondo, puede ordenar no aplicar el decreto o lo admite, con lo que resolvería el amparo. Si quiere seguir indagando la Cámara, podrá dictar una medida cautelar”, dijo Frizza y añadió: “Creemos que la Cámara tratará de resolver pronto. Por hora admitieron la demanda y han demostrado que se quieren abocar al tema”.
El intendente, por su parte, minimizó la situación en la que hoy se encuentra. “Es como todos los recursos –le dijo al noticiero Hora 19-. Tiene un trámite de admisibilidad. Lo importante es que no dictaron una cautelar, lo cual significa que se deja en suspenso el decreto. Nos notificaron hoy (por el jueves) al mediodía. Tenemos tres días hábiles para contestar esta notificación. Lo único que ha hecho la Cámara es darle un espacio a la contestación de nuestra parte”.
El martes se cumple el plazo fatal para que el intendente dé las razones de su decreto.
Petitorio a la racionalidad política
El jueves por la mañana, en tanto, los concejales Walter Gispert, Oscar Sequeira y Gustavo Molina (CPU-Frente Cívico) y Natalia Lenci (UCR), ofrecieron una conferencia de prensa donde anticiparon que entregarán al intendente Esteban Avilés un petitorio solicitándole que retire el proyecto de municipalización del servicio de agua.
“Nos dirigimos mediante la presente a los fines de advertirle sobre la ilegalidad del Decreto N° 466 de 2016 dictado por Ud. ya que viola el derecho que se ejerce desde la soberanía popular, no respetando las atribuciones que se disponen desde la división de poderes, el Poder Legislativo (Concejo de Representantes) encargado de dictar todas las leyes u ordenanzas necesarias para hacer efectivos los derechos y deberes consagrados por la Constitución y la Carta Orgánica sin alterar su espíritu y el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la administración, formular y dirigir políticas y ejecutar las leyes u ordenanzas.
“La CARTA ORGANICA MUNICIPAL de nuestra CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, establece en su Art. 121 las atribuciones del Concejo de Representantes: ‘Sancionar ORDENANZAS sobre materias inherentes a la competencia municipal’, como así mismo ORDENANZAS en lo referente a la contabilidad y régimen jurídico que hagan a la municipalización de cualquier servicio”. Además, establece en su Art. 123 que, “queda prohibida la delegación legislativa en el departamento Ejecutivo, salvo en caso de emergencia pública, por el plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases que el Concejo de Representantes establezca”, se lee en la misiva.
“Pedimos al intendente que retire el decreto”, dijo Lenci, y explicó que “existen cuatro proyectos sobre el tema agua en estado legislativo, y no se ha cumplido el plazo de 45 días hábiles que establece la Carta Orgánica (COM) para ser tratados”.
Los proyectos mencionados son los aludidos al comienzo de esta nota. A saber: la ordenanza de municipalización inicialmente enviada por Avilés y los tres proyectos de referéndum que salieron del bloque de Carlos Paz Unidos (el de Gispert, el de los concejales avilescistas y el de Ruiz).
La concejala radical también recordó que en la sesión del 25 de agosto, el Cuerpo Legislativo aprobó por unanimidad presentar estos cuatro proyectos al Consejo de Partidos Políticos (CPP). “Consideramos que seguir con el decreto sería violar todas las atribuciones que tiene el Concejo para tratar el tema, y no darle entidad al CPP que ha sido creado por la COM”, señaló.
Gispert, por su parte, aclaró que, “hay una estructura normativa que debe ser respetada” y que, al contrario de lo que sostiene Avilés, “el referéndum en ningún caso dice que debe algo de emergencia”.
“Lo que le estamos diciendo al intendente es que retrotraiga todo a la situación anterior al decreto, y acompañe al Concejo de Representantes que votó por unanimidad que el tema sea tratado en el CPP”, remarcó.
Expresó, al mismo tiempo, que el petitorio busca “garantizar la paz social tanto para los trabajadores de la Coopi como para el conjunto de la ciudadanía”.
A su turno, Molina consideró que el ‘decretazo’ de Avilés, “es un atropello para el cuerpo legislativo y una forma de evitar el diálogo”.
“Hay que hacer un esfuerzo muy importante para recuperar la paz social, y por eso estamos haciendo este nuevo llamamiento al diálogo”, manifestó.
Para Gispert, el intendente firmó el decreto municipalizando el agua “en soledad” y, de esa forma, “intenta resolver la situación pero no sólo no la resuelve si no que profundiza el conflicto”.
“El decreto no era necesario. Le hemos dado salidas desde el legislativo y ahora hacemos un llamamiento a ser prudentes”, insistió.
En diálogo con VillaNos Radio 100.7, el edil opinó que, “fue una decisión aislada de Avilés que no tuvo en cuenta ninguno de los proyectos presentados, ni siquiera el que fue votado por unanimidad para discutir el tema en el Consejo de Partidos Políticos”.
Reiteró que, hay que “entablar el diálogo”, y consideró que el panorama tras la firma del decreto, en cuanto a la toma del servicio, “es muy confuso”.
“No hay ninguna precisión en el decreto. Nada dice sobre el 25 % menos en la tarifa que Avilés publicitó, no está en ningún lado que los trabajadores van a cobrar el mismo sueldo, no se dice nada de la planta de Cuesta Blanca ni de la relación con otras comunas, ni tampoco figuran cambios en el organigrama, lo cual debe hacerse por ordenanza”, reseñó.
Sobre la escalada judicial, Gispert graficó: “La ciudad está más en los Tribunales que en la discusión política, y esto es la demostración del fracaso de la política”.
“Nuestra posición es apostar nuevamente al diálogo y somos optimistas”, concluyó.
Nota correspondiente a la edición n° 433 del semanario La Jornada, del 11 de setiembre de 2016.
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