El organismo provincial relevó a personas con discapacidad, familias, instituciones y profesionales y describió un deterioro sostenido del sistema de prestaciones. Registró demoras de hasta un año en pagos, esperas de meses para tratamientos e insumos y una fuerte pérdida del valor de los aranceles frente a la inflación.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó un informe que advierte sobre un progresivo deterioro del sistema de prestaciones y apoyos para personas con discapacidad y describe una situación sostenida, según el relevamiento, por el esfuerzo económico y personal de familias, instituciones y profesionales.
El trabajo, denominado “Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba”, fue elaborado durante junio y julio a partir de grupos focales y entrevistas con distintos actores del sector.
Durante la presentación, el Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, expuso demoras de entre cuatro y nueve meses para la autorización y provisión de prótesis y medicamentos, y atrasos que pueden llegar a entre nueve y 14 meses para altas en prestaciones de centros de rehabilitación.
El organismo señaló además que existen trámites de pensiones no contributivas que acumulan esperas de dos a tres años o incluso más.
A esto se suma el problema de los pagos a prestadores. El relevamiento encontró demoras que van desde varios meses hasta un año y entidades que todavía reclaman períodos adeudados desde 2025.
Una brecha de 111 puntos frente a la inflación
Uno de los datos centrales del estudio es el deterioro del valor de las prestaciones.
Según la Defensoría, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 los valores establecidos por el Nomenclador Nacional aumentaron en promedio un 225%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período alcanzó el 336%.
La diferencia fue así de 111 puntos porcentuales.
El informe sostiene que ese desfasaje, combinado con las demoras en los pagos, genera dificultades crecientes para sostener equipos profesionales y servicios.
Entre los efectos relevados aparecen profesionales que recurren al pluriempleo, abandonan prestaciones o buscan ingresos en otras actividades, mientras las instituciones toman créditos, organizan eventos para recaudar fondos o reducen gastos y personal de apoyo.
Más de 400 mil cordobeses con limitaciones permanentes
El documento señala que más de 400.000 personas en Córdoba conviven con limitaciones funcionales permanentes, mientras que 127.774 cuentan actualmente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
El acceso al propio certificado presenta también dificultades.
En la ciudad de Córdoba funcionan siete hospitales con juntas evaluadoras y, según el relevamiento, los turnos pueden registrar demoras de dos a tres meses.
La investigación también plantea problemas en el acceso a medicamentos, insumos, transporte y tratamientos, situaciones que en algunos casos terminan derivando en presentaciones judiciales para obtener las coberturas reclamadas.
El costo que termina absorbiendo la familia
Uno de los capítulos del informe pone el foco en las consecuencias que el funcionamiento del sistema tiene dentro de los hogares.
Las familias consultadas señalaron que deben financiar de manera particular terapias, traslados y otras prestaciones cuando las coberturas se interrumpen o demoran.
La Defensoría advierte además que esa carga recae especialmente sobre madres y mujeres cuidadoras, que terminan asumiendo buena parte de las tareas necesarias para sostener tratamientos y acompañamientos.
El documento identifica también una brecha entre quienes disponen de cobertura social y quienes dependen exclusivamente del sistema público.
“Una torre de Jenga”
Para describir el escenario, el informe utiliza la imagen de una torre de Jenga a la que se le van retirando piezas.
Según el diagnóstico, el sistema todavía logra mantenerse por el esfuerzo adicional que realizan las propias personas con discapacidad, sus familias, profesionales e instituciones.
El estudio atribuye parte del agravamiento registrado desde fines de 2023 al retraso de los aranceles, los problemas administrativos y las modificaciones implementadas en organismos nacionales vinculados con discapacidad.
También recoge cuestionamientos de los actores consultados a las auditorías sobre pensiones y al funcionamiento de las oficinas nacionales, así como reclamos por la reducción de personal presencial en Córdoba y el cierre de la sede de Río Cuarto.
Al mismo tiempo, reconoce distintas medidas adoptadas por gobiernos provinciales y locales para contener la situación, aunque los participantes del estudio las consideran insuficientes frente a la magnitud del problema.
Para la Defensoría, la prioridad pasa ahora por regularizar la cadena de pagos, reducir las demoras administrativas y garantizar la continuidad de las prestaciones, evitando que el costo de sostener el sistema continúe trasladándose hacia las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sector.
