El miércoles pasado se presentó en la fiscalía de Ricardo Mazzuchi una denuncia penal contra la intendenta de San Antonio de Arredondo, Patricia Cicerone, sus colaboradores y los integrantes del tribunal de Cuentas en el período 2011-2015.
La presentación estuvo a cargo de los concejales Gloria Verra, Andrea Salluzzi, Ariel Moyano y la tribuna de Cuentas Silvia Tisera, todos de Unión por Córdoba.
Según se informó, “luego de una larga investigación realizada por los equipos técnicos se denunció ante la justicia las serias irregularidades con respecto a la forma de contratar de la actual gestión municipal en relación a la obra pública de agua potable Villa Las Jarillas y nexo de red de media tensión de Las Jarillas”.
De acuerdo a los denunciantes, Cicerone “habría puesto en marcha un oscuro sistema de contrataciones, que tiene como fin adjudicar las obras que ejecuta el municipio a personas y/o empresas de su entorno, hechos en los que estarían involucrados el tribunal de Cuentas de la gestión anterior debido a que fue herramienta fundamental y necesaria para poder pergeñar estos actos, toda vez que este órgano colegiado habría autorizado sin ningún tipo de control y de manera irresponsable las contrataciones a las que hacemos referencia en la denuncia”.
Asimismo sostienen que se lleva por parte de la municipalidad “un registro paralelo de los decretos y resoluciones, que tiene como objeto esconder los verdaderos actos de la administración”.
“No se ha cumplido con el régimen de contratación vigente por ordenanza 10/12 de la municipalidad.
En el caso referente a las licitaciones para la mano de obra de agua potable en la localidad de ‘Las Jarillas’ se habrían presentado tres empresas distintas. Una de las firmas es una concesionaria de camiones de la localidad de Villa María. Las otras dos empresas, al buscarlas en internet, resulta que no eran de Argentina. Cuando se describió esto se pidieron informes a la AFIP para saber si efectivamente las empresas que se habrían presentado a la licitación no tenían actividad en Argentina. AFIP contestó el requerimiento, informado que las firmas no tienen actividad económica en Argentina, con lo cual resultaría imposible que se hubieran presentado a un concurso de precios en nuestra municipalidad. La empresa a la cual se le adjudicó la mano de obras por parte del municipio su objeto es la compra y venta de camiones”, advierten. Y agregan: “Esa misma concesionaria de camiones ganó otro concurso de precios en el marco de las contrataciones por la obra de tendido de alta tensión de ‘Villa Las Jarillas’. En este caso se le compró un camión VW cero kilómetro. El camión en cuestión fue abonado por mayo de 2015 pero a la fecha la municipalidad no cuenta con ningún camión de esas características. Tal es así, que el controvertido camión nunca fue incorporado al patrimonio municipal”.
Por otro lado, detallan que, “en la licitación y adjudicación de la obra de nexo de red de luz a ‘Las Jarillas’, habrían participado empresas donde el adjudicatario formaría de manera indirecta parte de las mismas, entre otras cosas”.
“Hemos descubierto, además, numerosas irregularidades con respecto a las obras de ‘Cordón Cuneta avenida Costanera” financiada con fondos transferidos por el gobierno nacional durante 2015, se compró material y en ese año no se construyó ningún cordón cuneta.
Estos y otros hechos fueron puestos a disposición de la justicia para que investigue”, remarcan Verra, Salluzzi, Moyano y Tisera.
“No dan información”
En diálogo con el espacio ‘Off The Record’ (VillaNos Radio 100.7), Verra señaló que el municipio de San Antonio se caracteriza por “no dar información”.
“No tenemos Boletín Oficial y hace meses que no se sabe qué ha hecho el ejecutivo”, sostuvo.
Valoró la labor que está desarrollando en esta nueva gestión la tribuna de Cuentas Silvia Tisera, y anticipó que están comprobando “otras irregularidades que se van a ir presentando a la justicia”. Puso como ejemplo que el municipio efectivizó pagos a proveedores “sin visación del Tribunal de Cuentas”.
Todo apunta a que la justicia investigue y pueda determinar si Cicerone y sus colaboradores incumplieron los deberes de funcionarios públicos, lo que configura un delito de acuerdo al Código Penal.
Nota correspondiente a la edición n° 408 del semanario La Jornada, del 13 de marzo de 2015.
