Por Evelina Ramírez
Agosto es el mes de la Pachamama. Y también ha sido uno de los meses de mayor conflictividad en Punilla ante la decisión del gobierno provincial de seguir adelante -a como dé lugar- con la ejecución de la autovía, fuertemente cuestionada.
La obra ha sido presentada como alternativa a la actual ruta nacional 38 que pretende unir la ciudad de Córdoba capital con el Valle de Punilla, partiendo de la comuna de San Roque (Variante Costa Azul), hasta Molinari, cerca de Cosquín, evitando pasar por Villa Carlos Paz. En su trazado de 21,8 kilómetros de extensión arrasa con miles de hectáreas de bosque nativo, sitios arqueológicos y paleontológicos y desplaza a muchas familias que ocupan sus tierras ancestralmente.
Pero no es solo eso.
Las asambleas socioambientales de Córdoba también vienen advirtiendo que esta obra está vinculada al plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Se trata de un plan fondeado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras organizaciones, que apunta a integrar los sistemas de transporte, telecomunicaciones y energía de nuestra región con el fin de acentuar la exportación de materias primas a las potencias.
La mira está puesta en profundizar la salida al exterior de productos surgidos del agronegocio transgénico, minerales estratégicos para tecnológicas y automotrices –litio, tierras raras, coltán–, metales preciosos como el oro y la plata, hidrocarburos, maderas, carnes de feedlot y combustibles clave para la transición energética del Primer Mundo como el hidrógeno verde.
El proyecto de la nueva Ruta 38 pretende atravesar el Valle de Punilla como parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo para conectar puertos de comercio extractivista. La construcción de esa carretera para el transporte pesado y de alta velocidad.
En su afán por concretar la ejecución, el gobierno provincial ha apelado directamente a la represión a través del uso de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. En las últimas semanas fueron imputadas 16 personas, entre las cuales había un periodista.
Mientras las y los vecinos autoconvocados deciden poner sus cuerpos frente a las máquinas para frenar la destrucción de bosque nativo y sitios arqueológicos, los intendentes y jefes comunales de Punilla se reunieron en la sede de Caminos de las Sierras (la empresa a cargo de la construcción) para expresar públicamente su aval a la obra (ver aparte).
Poner el cuerpo
“Yo tengo la capacidad de entender. Si ustedes me dan una razón para que yo salga de acá, yo me muevo. Pero denme una explicación”, les dice a los policías Gisel Koussan, una de las defensoras ambientales detenidas el pasado martes 23 de agosto. El registro compartido en redes sociales es claro. Está sentada frente a las máquinas ejerciendo su derecho constitucional a la protesta social, en defensa de bienes comunes como lo son el bosque nativo y los sitios arqueológicos que están a la vera del río Yuspe, en Cosquín.
La respuesta de la policía es la brutalidad. Sin ninguna explicación, cinco agentes se la llevan detenida, agarrándola de los brazos y tironeando del pelo. “Si bien el acta que me obligaron a firmar dice que no me lastimaron, sí lo hicieron”, declaró la activista a VillaNos Radio tras recuperar su libertad.
En ese mismo episodio fue detenido el comunicador popular Juan Yacobs, integrante de radio Panamericana y delegado por Punilla del CISPREN y de la CTA Autónoma. “La verdad que el procedimiento fue muy irregular porque no se dio ninguna instancia de diálogo con la gente que estaba protestando. Rápidamente de un momento para el otro mientras se estaba leyendo la Constitución planteando lo que se estaba realizando fuimos rodeados por la Policía de manera violenta con algunas detenciones y golpes”, dijo Yacobs y reforzó que él estaba en el lugar cubriendo los hechos.
En las últimas semanas de agosto hubo 16 imputaciones y siete detenciones. La policía opera con un gran despliegue logístico (camionetas, armas largas, perros, caballos, escudos, cascos), mientras que las y los defensores ambientales sólo llevan banderas, un megáfono y muestran los papeles de las denuncias presentadas en distintas dependencias del Poder Judicial de Córdoba.
Todos han quedado imputados de los delitos de resistencia a la autoridad y turbación de la posesión.
Al día siguiente de las últimas detenciones, la jueza de Control y Faltas de Novena Nominación, María Celeste Ferreyra exhortó a la Policía a abstenerse de aplicar medidas que amenacen la libertad de la protesta y recomendó al Gobierno elaborar un protocolo (ver aparte).
El recrudecimiento del conflicto se da en el marco de las dilaciones del Poder Judicial, que aún no se expide sobre el amparo ambiental colectivo presentado en 2017 ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Segunda Nominación.
Ante la falta de respuesta de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) la única respuesta que queda para las y los vecinos para defender sus derechos son las medidas de acción directa.
Esto es: poner el cuerpo. Plantarse frente a las máquinas y hacerle frente a lo que venga. Y lo que viene, cuando hay una decisión política resistida y sin consenso, es represión.
La policía con sus armas, palos, escudos, cascos, caballos ejecutan la decisión de desalojar a quienes se organizan en el territorio para defender el agua, la tierra, el monte y la vida.
En medio de las acciones de represión, intendentes y jefes comunales de Punilla salieron a respaldar la obra
Los intendentes, jefes y jefas comunales de 22 localidades de los departamentos Punilla y Cruz del Eje participaron el viernes 19 de agosto de una reunión de trabajo en la sede de Caminos de las Sierras junto al ministro de Obras Públicas de la provincia, Cr. Ricardo Sosa, el ministro de Gobierno, Facundo Torres, y el Cr. Jorge Alves e Ing. Isaac Rahmane, presidente y vicepresidente de la empresa concesionaria de la RAC, para conocer el avance y desarrollo de la obra Alternativa Ruta 38 que se encuentra en plena ejecución por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
“La construcción de la obra Variante Ruta 38 permitirá solucionar los problemas de tránsito que se presentan actualmente debido a la falta de capacidad de la traza actual y el recorrido por zonas urbanas, que genera congestionamientos y demoras en la circulación. Esta obra agilizará los traslados y repotenciará el turismo en todo el corredor de la Ruta 38, una de las actividades más pujantes de la economía regional”, destacaron las autoridades.
Los intendentes que participaron del encuentro fueron: Daniel Gómez Gesteira (Carlos Paz), Gabriel Musso (Cosquín), Dardo Zanotti (Santa María de Punilla), Matías Montoto (Huerta Grande), Javier Dieminger (La Falda), Omar Ferreyra (Villa Giardino), Marisel Sanchez (Charbonier), Ana Gaitán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja), Néstor Cuello (Villa Parque Siquiman), Gustavo Ceballos (Los Cocos), Ana Miranda (Tala Huasi), así como el secretario de Gobierno de Icho Cruz, Horacio Andreani y Roberto Grigioni en representación de la intendenta Patricia Cicerone (San Antonio de Arredondo).
En tanto, del departamento Cruz del Eje se hicieron presentes el legislador Alejandro Ruiz, Ariel Aliendro (Alto de los Quebrachos), David Sánchez (Cruz de Caña), Nestor Jachula (El Brete), Rafael Cortez (Las Cañadas), Víctor Archilla (Las Playas), Mariela González (Los Chañaritos), Jorge Carbelo (Media Naranja) y Cásar Briguera (San Marcos Sierras).
“Chupamedias”
El referente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, compartió en sus redes la foto de un grupo de ambientalistas frente a la sede de la departamental Punilla de la policía, tras la protesta del sábado 20 de agosto que derivó en que fueran liberados los activistas detenidos cuando intentaban impedir el avance de la Autovía de Punilla sobre un sector que reconocen como un yacimiento arqueológico. Y de paso, cargó contra intendentes y jefes comunales.
“En Córdoba detienen a los que defienden la Ley de Ambiente y protegen a los que la vulneran. Así es el modelo de progreso cordobés. Mi total apoyo a quienes alzan su voz para que se conozca el avance de un modelo político que de sostenible no tiene nada!! Las generaciones futuras de cordobeses se lo agradecerán, no como a los chupamedias que hacen fila para sacarse una foto en contra de la sostenibilidad ambiental y en detrimento de la vida con tal de no quedar mal con el Gobernador”, escribió Iosa.
Ataque a Radio Panamericana
A través de un comunicado la radio comunitaria de Huerta Grande “Panamericana” y la Cooperativa Llamcay denunciaron hechos de “amedrentamiento que atentan contra el derecho a la información y el ejercicio de nuestra profesión’”.
“En primer lugar repudiar la ilegítima detención e imputación a nuestro compañero Juan Yacobs, delegado de CTA Punilla y del Cispren, quien se encontraba realizando labores de prensa el día martes 23 de agosto por la mañana en la zona del obrador del Río Yuspe, a cargo de la empresa SACDE, contratada por Caminos de las Sierras S.A. para la realización de la Autovía de Punilla. En ocasión de una protesta por la manera irresponsable que se viene llevando adelante la obra, un grupo de vecinas y vecinos se encontraba impidiendo el avance de las máquinas contra un sitio arqueológico, en una zona repleta de morteros y restos de comunidades indígenas. En esa ocasión la Policía de la Provincia de Córdoba, arremetió contra lxs defensores ambientales y nuestro compañero que se encontraba registrando dicho suceso”, se lee en el escrito.
A ese hecho se sumó que el día jueves 25 de agosto, fecha de aniversario de la radio, encontraron rotos los vidrios del salón de la cooperativa donde hace siete años funciona la radio. “En horas de la tarde volvimos a encontrar más roturas de vidrios, en un acto cobarde de amedrentamiento. Nos vemos en la necesidad de denunciar estos hechos, los cuales fueron radicados en la comisaría de Huerta Grande bajo sumario 258/22”, precisaron los comunicadores.
Y cierra el documento: “Denunciamos a la comunidad en general estos hechos y hacemos un llamado a estar alertas ya que lejos de amedrentarnos nos impulsan a continuar con nuestro deber de informar, comunicar, con el mismo compromiso con un ambiente sano, la defensa de los territorios, la soberanía alimentaria y la economía social. Invitamos a la comunidad a solidarizarse con nuestro pedido, y agradecemos abiertamente a quienes siempre nos acompañan. Por una comunicación popular al servicio del pueblo, no nos van a callar”.
Protestar no es un delito
Haciendo lugar a un planteo presentado por los abogados Eugenia Scarpinello, Rocío Loza, Lucas Cocha y Juan Carlos Smith, la jueza de Control y Faltas de Novena nominación, María Celeste Ferreyra, dictó una resolución a través de la cual exhortó a la Policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar “medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria” del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, “que se manifiesten pacíficamente en favor del medio ambiente”.
¿Qué dice la resolución?
1. Exhortar a la Policía de la Provincia de Córdoba para que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, que se manifiesten pacíficamente en favor del medioambiente, siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos taxativamente previstos en el CPP.
2. Exhortar a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba para que haga conocer a todo el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba que en el ejercicio de las facultades que se correspondan con la ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba y con el Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la Provincia de Córdoba, la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria; que las razones que la determinan deberán constar expresamente y que particularmente deberán tener presentes las consideraciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” (sentencia del 26 de agosto de 2011), y las disposiciones plasmadas en el Acuerdo de Escazú (ley 27.566).
3. Recomendar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, para que a través del Ministerio de Seguridad elabore un protocolo destinado específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, entre ellos los derechos ambientales reconocidos por el Acuerdo de Escazú (ley 27.566).
4. Encomendar a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba que el personal superior de la fuerza policial se interiorice del contenido de la presente resolución.
5. Remitir copia de la presente al Tribunal Superior de Justicia, al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba y a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba.
Nota correspondiente a la edición n° 580 del periódico La Jornada, del 31 de agosto de 2021.
