Después de casi 20 años, y fruto de la más absoluta irresponsabilidad del gobierno municipal, el servicio de gas natural en Villa Carlos Paz quedó al borde de ser reprivatizado. Una posibilidad sobre la que la gestión de Avilés/Gesteira fue insistentemente advertida de todas las formas posibles y desde distintos sectores, cuando materializó la decisión de ‘liquidar’ Carlos Paz Gas y terminar la sociedad con la COOPI.
El pasado 6 de junio, el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) notificó al municipio y a la COOPI (socios en Carlos Paz Gas) que quien debía asumir la prestación del servicio en nuestra ciudad en reemplazo de la empresa local era la Distribuidora de Gas del Centro SA (Ecogas).
Según se desprende de la extensa resolución, el principal motivo para no renovar la autorización otorgada en marzo de 2004 a Carlos Paz Gas ‘para operar y mantener como subdistribuidor las redes de gas en Villa Carlos Paz’ es que la empresa ‘deja de existir como persona jurídica de derecho privado, atento a haberse expirado el término por el cual se constituyó y a que no se pudo prorrogar por no existir acuerdo de los socios’.
Cabe subrayar, en este punto, que la decisión de dejar caer Carlos Paz Gas fue toda de la autodenominada Gestión Comunitaria, y se construyó desde el primer mandato de Esteban Avilés como intendente con el intento fallido -por propia responsabilidad- de expropiar las acciones de la COOPI, hasta terminar en el proceso de liquidación, ya con Daniel Gómez Gesteira a la cabeza del gobierno.
Esta situación, ‘compromete la prestación del servicio’ por lo que ‘corresponde tomar una acción en forma inmediata para garantizar la adecuada operación y mantenimiento de las instalaciones’, argumentó el ENARGAS.
Y como el municipio no fue capaz de presentar una alternativa real para hacerse cargo de la prestación (en abril de 2021 el Concejo de Representantes aprobó la creación de la sociedad VCP Gas con la Cooperativa San Roque, pero más allá de eso no hubo avances concretos), la ley determina que quien debe asumir el servicio es ‘la distribuidora del área de concesión’.
La intervención de Ecogas como ‘operador interino’ es por 120 días, prorrogables por el mismo plazo, ‘hasta tanto se designe y/o autorice, de conformidad con la normativa vigente, al sujeto que se hará cargo en forma definitiva de la operación y mantenimiento del sistema de distribución en Villa Carlos Paz’.
‘La inmediata puesta en funcionamiento de medidas que procuren asegurar los presupuestos mínimos de eficiencia y seguridad del servicio que se presta resulta indispensable a tenor de las circunstancias reseñadas’, señaló el ENARGAS.
Si bien la resolución del organismo nacional es por demás explícita respecto a las responsabilidades de todos los actores (quedó demostrado el esfuerzo realizado por la COOPI para sostener Carlos Paz Gas), la respuesta de Gómez Gesteira fue montar una descomunal puesta en escena, sobreactuando indignación y enojo.
Es que, como suele suceder, la Gestión Comunitaria evita hablar de sus propias -e indelegables- responsabilidades y, en cambio, busca culpables externos.
Siguiendo esta tradición, Gómez Gesteira atribuyó la decisión a que Villa Carlos Paz ‘es víctima de un atropello constante por parte del gobierno nacional y de dirigentes provinciales que responden al kirchnerismo, como Carlos Caserio, Martín Gill y funcionarios del INAES y del Enargas que responden al oficialismo nacional’.
‘Hoy los vecinos de Carlos Paz somos castigados y discriminados por un gobierno nacional, por dirigentes provinciales que responden al kirchnerismo como Carlos Caserio y Martín Gill, y por sus socios políticos a nivel local como Felpeto, el candidato k de la cooperativa Emilio Iosa, Serna y Mariana Caserio’, arremetió.
Ante algunos medios, el intendente planteó que Villa Carlos Paz ‘no ha sido beneficiada con importantes programas como el “Argentina Hace”, el Programa de Gas Zona Fría, programas habitacionales y ahora es castigada abiertamente con el servicio de gas; y además ha sufrido la presencia de sindicatos nacionales como el ATE que durante la temporada alta realizaron actos de vandalismo y cortes de ruta perjudicando al turismo de nuestra ciudad’.
‘Desde nuestra Gestión Comunitaria venimos trabajando desde el 2011 para garantizar los servicios públicos a los vecinos de Villa Carlos Paz, siempre en un marco de total legalidad y respeto a la ley, con planificación y responsabilidad’, afirmó.
No hubo explicación, en tanto, sobre por qué el municipio no logró conformar en tiempo y forma una empresa en condiciones de reemplazar a Carlos Paz Gas.
Y aunque dejó entrever que el municipio está dispuesto a seguir con la prestación por su cuenta, hay que decir que la ley 24.760, sancionada durante el menemato, no lo permite ya que determina que, ‘el transporte y distribución de gas natural deberán ser realizados por personas jurídicas de derecho privado’.
Las repercusiones no tardaron en llegar. Un grupo de vecinos autoconvocados se movilizó bajo la consigna ‘no perdamos la empresa local de gas natural’, y a través de una nota se pidió que cese el proceso liquidatorio de Carlos Paz Gas, para que la empresa pueda seguir brindando el servicio.
En el ámbito político hubo coincidencia en rechazar las acusaciones y señalar como único responsable de esta crisis al gobierno de Carlos Paz Unido.
En Carlos Paz Inteligente fueron más allá y apuntaron directamente contra el exintendente Esteban Avilés: ‘Hay una clara intencionalidad de que Ecogas tome el servicio’.
Juntos por el Cambio advirtió, asimismo, que hubo ‘desidia’ por parte de las autoridades de gobierno. ‘El municipio nos toma por estúpidos’, resumió el espacio.
Para Carlos Paz Despierta, ‘los vecinos somos castigados por la soberbia y la torpeza de Avilés/Gesteira y sus secuaces’; mientras que el concejal Jorge Lassaga planteó que lo sucedido ‘muestra la tremenda incapacidad del gobierno para gestionar soluciones para los vecinos’.
Desde el INAES, en tanto, remarcaron que no tienen ‘nada que ver’ con la resolución del ENARGAS y consideraron ‘desafortunadas’ las declaraciones del intendente.
La COOPI, por su parte, levantó la histórica bandera de la defensa del patrimonio público y realizó una propuesta muy concreta, y muy favorable al municipio, para evitar la reprivatización del servicio.
El planteo es ‘levantar’ la liquidación de Carlos Paz Gas y reconducir la empresa para que el ENARGAS pueda otorgarle nuevamente la habilitación como subdistribuidora (ver página 5), con una especie de ‘manos libres’ al municipio para que, con más tiempo, pueda conformar una alternativa con otro socio.
Desesperación
Como si se hubiera dado cuenta tarde del terrible error cometido, el oficialismo aprobó de apuro en la sesión del 9 de junio un proyecto para extender la vida útil de Carlos Paz Gas, una empresa a la que denostó sistemáticamente durante más de 10 años.
Con los votos de CPU más el de Natalia Lenci, se facultó al intendente a ‘la designación de Carlos Paz Gas S.A. en Liquidación, como Operador Interino, por un plazo de 120 días, el que será renovado en forma automática, hasta tanto esté en condiciones de operar la nueva sociedad anónima constituida a través de la Ordenanza Nº 6701 (VCP Gas)’.
Una decisión inentendible teniendo en cuenta que el ENARGAS fundamentó claramente por qué no podía prorrogar la licencia de subdistribuidora a la empresa en liquidación.
Sobre VCP Gas, integrada por la municipalidad y la Cooperativa San Roque, se informó sin más precisiones que, ‘al día de hoy, se encuentra en trámite de aprobación por parte el INAES la documentación pertinente a fin de la prestación del servicio de gas natural’.
Durante la misma sesión se aprobó (en primera lectura y con los votos de CPU+Lenci), también, el contrato de concesión con la Cooperativa San Roque para la prestación del servicio de agua en Villa del Lago. Después de muchos años con el convenio vencido, la urgencia se leyó como un intento por dotarla de ‘volumen institucional’ para levantar su imagen.
En cambio, un proyecto presentado por ediles de las minorías pidiendo que el intendente Daniel Gómez Gesteira sea interpelado y concurra al recinto legislativo a dar explicaciones, fue rechazado por el oficialismo.
Una iniciativa similar, pero en este caso convocando a los ‘liquidadores’ Roberto Rizzi, Marcelo Cuevas y Fernando Cotti, fue bloqueada en una sesión posterior.
También fue rechazado por CPU un proyecto para suspender el cobro de la contribución para obras de gas y que se devuelvan los fondos recaudados en 2022.
Así las cosas, habrá que esperar qué responde el ENARGAS al descargo presentado por el municipio para saber si, finalmente, el servicio de gas en nuestra ciudad será reprivatizado, o existe alguna posibilidad de mantenerlo en manos de una empresa local.
Nota correspondiente a la edición n° 578 del periódico La Jornada, del 29 de junio de 2022.
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