Por Alejandro Gómez (*)
El 7 de junio se celebró un nuevo Día del Periodista. La fecha fue establecida en 1938 por el 1º Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en Córdoba, en recuerdo de la fundación en 1810 por parte de Mariano Moreno del primer periódico de la etapa independentista argentina: “Gazeta de Buenos Ayres”.
La fecha suele ser propicia para realizar balances y para que los trabajadores de prensa sean homenajeados por autoridades de gobierno, entidades intermedias y empresas.
En esos brindis, frases como ‘libertad de expresión’ y ‘respeto a la prensa’ suelen aparecer en todos los discursos.
En Villa Carlos Paz también.
En esta ocasión decidimos usar este espacio para denunciar, públicamente, las condiciones de maltrato, irrespeto y discriminación que, hacia nuestro medio, lleva adelante sistemáticamente la gestión encabezada por el intendente Esteban Avilés.
¿Las razones? Solo una: no haber aceptado formar parte del sistema de medios ‘amigable’ que moldeó, a fuerza de premios y castigos, desde su asunción.
Alguno dirá que este reclamo tiene que ver con el reparto de la pauta oficial… Sí, también por eso. Pero ya nos ocuparemos más delante de este tema, específicamente.
La Jornada como proyecto periodístico nació en abril de 2002. Gobernaba la ciudad el intendente Gustavo Dellamaggiore. Luego siguieron dos períodos con Carlos Felpeto y, en diciembre de 2011, asumió Avilés, que fue reelecto en 2015.
En estos 16 años, La Jornada pasó por diferentes etapas. El diario no logró sobrevivir y el proyecto naufragó en 2007. Meses después, en enero de 2008, el proyecto volvió a las calles, en este caso en formato semanario.
El medio mantuvo, en los diferentes gobiernos, una postura crítica respecto a la gestión municipal. Desde ese lugar, la relación con los sucesivos intendentes fue tensa. La consecuencia principal de esta postura fue quedar fuera –o casi- del reparto de la pauta oficial.
Es que, sin una ordenanza que regule su uso, quien se sienta en el sillón del Palacio 16 de Julio dispone de esos fondos con absoluta discrecionalidad. Para los ‘amigos’, todo. Para la ‘oposición’, nada.
Son las reglas del juego, dicen. Y es cierto.
Tanto para Dellamaggiore como para Felpeto, La Jornada era ‘opositor’. Los favores, contados en pesos, eran para otros, más funcionales al poder de turno.
Este tema no era ajeno a Avilés quien, cuando fue presidente del Concejo de Representantes, en 2010, sostuvo una pauta con La Jornada a sabiendas que Felpeto nos relegaba. Se quejaba Avilés, en ese entonces, del ‘sistema de medios’ que, al calor de la publicidad oficial, le mezquinaba espacio a la oposición. Y denostaba a los responsables de esos medios.
Cuando asumió el gobierno quedó claro, al poco tiempo nomás, que el problema no era que un intendente condicione a un medio, si no que no era él quién tenía ese poder.
Las luces de las marquesinas mediáticas rápidamente lo encandilaron y se rindió ante la enorme tentación de tener, para sí, medios que le respondan directamente. En la construcción de este sistema puso al frente a alguien de su extrema confianza, como lo es el director de secretaría Privada, Prensa y Protocolo, Hernán Anders.
Ambos definen y reparten la cuantiosa pauta oficial de acuerdo al concepto ‘amigo/enemigo’ que tanto rédito le ha dado políticamente.
Obviamente, y tras algunos intentos frustrados por condicionar el contenido, La Jornada quedó completamente fuera de este esquema. Quizá el momento de quiebre fue a mediados de 2014, cuando la intervención directa del municipio obligó a levantar un programa de televisión (Café Pendiente) que contaba con mi participación. El único pecado, ‘hablar de política’ sin pedir permiso.
Desde ese momento, no hubo pauta para La Jornada, tanto para la gráfica como para la web, ni del departamento ejecutivo, ni de la secretaría de Turismo, ni del Captur… Nada sobre lo que tuviera Avilés el poder de decidir, y que el resto de los medios sí contaba –en muchos casos- como ingreso principal para su sostenimiento.
Quizá fue un error, pero lo aceptamos como parte de las ‘reglas del juego’ no escritas.
La apuesta del gobierno fue el desfinanciamiento para acabar con el medio. Pero, hasta ahora al menos, esta estrategia fracasó porque La Jornada sigue saliendo, aunque cada vez con mayor dificultad.
Ante esto, la decisión fue redoblar la apuesta. Y comenzaron a marginarnos de las conferencias de prensa, se nos niega el acceso a la agenda oficial, y son contados con los dedos de media mano, los funcionarios que acceden a responder consultas por temas de gestión. El ‘filtro’ que impone el área de Prensa del municipio es implacable.
Así, se organizan ‘recorridas’ y ‘pseudo’ conferencias de prensa con los medios ‘afines’, donde cada quien sabe perfectamente qué se puede preguntar y qué no para darle rienda suelta al discurso y no incomodar al funcionario de turno.
En abril de 2017, el Concejo de Representantes reconoció a La Jornada como “medio destacado de la información pública de Villa Carlos Paz”.
“Este medio de comunicación de nuestra ciudad cumple 15 años de servicio informativo tanto en lo local como en lo provincial y es de suma importancia para generar y dar lugar a las distintas voces en cuanto a información periodística plural en Villa Carlos Paz”, decía el proyecto presentado por la concejala Natalia Lenci y que fue aprobado por unanimidad.
Al recibir el reconocimiento, alertamos sobre la política de comunicación oficial, a la que consideramos discriminatoria y que condiciona el acceso a la información.
Pero nada pasó para mejor. Más bien, el cerco se intensificó.
Nada de lo que expresamos hasta acá puede suponer alguna novedad. Y puede que a algunos les resulte irrelevante.
Pero es necesario desenmascarar los edulcorados y falsos discursos del ‘respeto a la libertad de expresión’.
Lo que sí es una novedad (al menos es la primera vez que lo hacemos público), es que Avilés no sólo margina a La Jornada del reparto de la pauta oficial, si no que se encargó de bloquear pagos por servicios prestados a otros organismos del Estado municipal, como el Concejo de Representantes y la defensoría del Pueblo.
Uno se preguntará… qué tiene que ver el intendente con las contrataciones que se realizan por fuera del Ejecutivo… Nada. O si. Cada cheque que entrega el municipio debe ser autorizado por Avilés. Así, nos puso en una ‘lista negra’ y se acumularon facturas sin pagar desde 2014 hasta diciembre de 2017. La única explicación –a lo largo de estos años- en la oficina de Proveedores fue que no estábamos en la lista que diariamente enviaba Anders, por instrucciones de Avilés.
¿Por qué no lo dijimos antes?
Bueno… confiábamos en que en algún momento primaría el sentido común. Pero está claro que no.
Por esta indebida retención de los pagos hablamos con integrantes del gabinete, del Concejo de Representantes y de la defensoría del Pueblo. Tras un primer momento de estupor, tipo ‘no puedo creer que Esteban haga eso’, el compromiso de todos y cada uno fue interceder para destrabar el tema. Pero así como fueron… volvieron.
La sugerencia, insólita, es que debemos iniciarle un juicio al municipio para poder cobrar lo que se nos debe. Y decimos insólita porque viene de parte de integrantes del gobierno, lo que no hace más que confirmar un manejo absolutamente discrecional en este tema.
A esta altura llevar el reclamo a la justicia es la alternativa que estamos analizando, aunque resulta más que obvio que a Avilés eso no le mueve un pelo, más aun si tenemos en cuenta que el dinero que maneja no es de él. Es decir, si judicializó prácticamente cada aspecto de su gestión en el que encontró resistencia a llevar adelante su voluntad, por qué no lo haría con el reclamo de un medio comunitario.
Este 7 de junio no fuimos invitados al agasajo oficial por el Día del Periodista. No hacía falta, de todos modos. Un café y una medialuna no nos hace más ni menos periodistas. Y no nos interesa compartir un espacio para la foto y la hipocresía.
No abrazamos esta vocación para hacernos amigos de los funcionarios. Buscamos, desde el primer día, con errores pero con honestidad intelectual, informar.
Desde ese lugar, volvemos a pedir respeto. Porque no hay posibilidad de construir calidad democrática, si no es con respeto. Desde ahí volvemos a pararnos para decir que la información es un bien social, no una mercancía. Y que la pauta oficial sale de fondos públicos que deberían manejarse con un criterio lo suficientemente capaz de generar pluralidad de voces.
(*) Director Semanario La Jornada / La Jornada Web
Nota correspondiente a la edición n° 518 del semanario La Jornada, del 11 de junio de 2018.
