Por Evelina Ramírez / Jorgelina Quinteros
Llegamos al último número de la edición 2017 del semanario La Jornada. Y como acostumbramos, nos proponemos hacer un repaso por los que consideramos han sido los temas del año. Y en ese recorrido nos damos con que este ha sido un año atravesado por conflictos de diversa índole.
El 22 de febrero Villa Carlos Paz se conmovía por el crimen de Franco Amaya, un joven de 18 años que fue asesinado por un policía en un control vehicular en el barrio El Fantasio. Le dispararon a quemarropa. Por su crimen se encuentran imputados el policía Rodrigo Velardo Bustos (de 25 años), acusado de homicidio agravado por ser quien efectuó el disparo; y José Ezequiel Villagra (de 22 años), imputado de omisión de los deberes de funcionario público. Bustos está detenido en la cárcel de Bouwer, mientras que Villagra continúa en libertad.
Está previsto que en los primeros meses del 2018 comience el juicio por el crimen de Franco. La investigación inicial estuvo a cargo de la fiscal del III Turno, Jorgelina Gómez. La pesquisa realizada dio cuenta que los policías imputados estaban alcoholizados. Según el dosaje realizado, los oficiales presentaban 0,84 y 0,87 de alcohol en sangre.
La mamá de Franco, Laura Cortez, sólo espera que en el juicio “les den la condena que corresponde”. “Más de que esté preso, otra cosa no le deseo. No me gustaría que su madre sufra lo que sufro yo. Sufrirá su madre al verlo preso, pero lo tendrá vivo que es distinto. Da un poco de alivio saber que por su error tiene que pagar”, dijo.
Este fue un año también donde resonaron con fuerza las palabras Memoria, Verdad y Justicia. Y particularmente en Villa Carlos Paz. A comienzos de abril la concejala Laura Orce denunció públicamente una macabra ‘broma’ realizada por el edil avilescista Hugo Bustos en torno a los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Bustos la desmintió y en su defensa agitó la teoría de los demonios.
El Concejo aprobó una declaración de repudio a las expresiones y creó una Comisión Investigadora, que no avanzó en el esclarecimiento de lo sucedido. Los ediles avilesistas Bustos y Carla Livelli (en calidad de testigo de la conversación) presentaron escuetos memorándums donde solamente negaron los hechos. A esto hay que sumar que en dos oportunidades la Legislatura provincial expresó su repudio en torno a este tema: primero, rechazando las expresiones públicas del edil; y segundo, rechazando la decisión del Concejo se nombrarlo vicepresidente segundo del Poder Legislativo. Lo sucedido tensionó fuertemente las relaciones en el Concejo, que tuvo consecuencias también en los debates parlamentarios posteriores.
A fines de junio, y una vez más con idas y vueltas, la ciudad eligió por segunda vez a su defensor del Pueblo. Solo participó el 36% del padrón y resultó ganadora la formula Daniel Mowzset y Néstor Mattheus, candidatos que se presentaron con el sello de Crecer por Carlos Paz y que contaron con un fuerte respaldo del aparato municipal. El traspaso del mando se hará el 2 de enero.
La elección también evidenció las serias dificultades -que aún siguen sin resolverse- en torno a la Junta Electoral Municipal. Una vez más la fiscalización de los comicios se concretó con una Junta provisoria integrada por representantes del Colegio de Abogados. Pero no se ha resuelto la cuestión de fondo. Recordemos que el artículo 209 de la Carta Orgánica establece que la JEM “se compone de tres miembros y se integra con Jueces de 1º instancia, miembros del Ministerio Público y/o Asesores letrados judiciales de la Provincia, con asiento en la Ciudad de Villa Carlos Paz”.
A partir del 1 de enero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso no volver a firmar convenios con municipios para integrar Juntas Electorales locales. Desde ese momento, nuestra ciudad no ha logrado resolver de forma definitiva la posibilidad de contar con un órgano fiscalizador de procesos eleccionarios. ¿Será el 2018 el año donde finalmente se subsane ese vacío normativo?
El 1 de septiembre fue otra fecha importante para nuestra ciudad y para la lucha del movimiento de mujeres. Fue el día en que se conoció la sentencia por el crimen de Ingrid Vidosa, la joven mamá de 24 años que fue asesinada en el Cerro de La Cruz el 24 de agosto de 2015. La Cámara Séptima del Crimen condenó a Marcos Haye a reclusión perpetua por encontrarlo culpable de su femicidio. La condena fue por homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género.
La aplicación de la figura de femicidio a los asesinatos cometidos en un contexto de violencia de género con la pena de cadena perpetua para los femicidas es producto de los avances impulsados por el movimiento de mujeres para visibilizar y ponerle nombre a las diferentes formas de violencia machista. En un país donde muere una mujer cada 18 horas en este 2017, la mayoría en manos de sus parejas o exparejas. El abogado de la familia Vidosa, Carlos Nayi, sostuvo que se trató de una “sentencia histórica”. La mamá y el papá de Ingrid expresaron su desahogo diciendo que “se hizo justicia”.
Las otras dos muertes ocurridas en el Cerro de La Cruz –Andrea Castana y Hernán Sánchez- aún esperan su esclarecimiento.
En términos periodísticos y humanos, la cobertura del juicio de Ingrid fue movilizador. Porque nos hizo ver que hay agresiones que no dejan marcas visibles en el cuerpo, pero que producen un daño profundo, doloroso y difícil de revertir: la violencia psicológica. Que el caso de Ingrid Vidosa siente un precedente no sólo en sentido jurídico –ante lo contundente de la condena- sino en el necesario proceso de reflexión que debemos involucrarnos colectivamente. Para desnaturalizar prácticas violentas y machistas. Para que no vuelva a suceder.
El último tramo del 2018 nos encuentra atravesando días convulsionados en torno a otro tema crucial del año: la prestación de servicios públicos.
Primero, con los tres llamados a licitación de la basura. En las tres oportunidades, la única oferente fue COTRECO (Compañía de Tratamientos Ecológicos). Los dos llamados anteriores fueron anulados por presentar una serie de irregularidades. El primero porque habían publicado de forma incompleta los pliegos, y el segundo por no haber respetado los plazos mínimos de publicación aunque la explicación oficial fue que buscaban darle ‘mayor transparencia’ al proceso.
Desde enero el concejal Walter Gispert venía advirtiendo que el contrato con COTRECO vencía el 31 de marzo. Sin embargo de forma inexplicable, el Ejecutivo fue demorando el envío de la documentación para concretar el llamado a licitación. La última prórroga otorgada a la prestataria fue por decreto y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.
Las dos frustradas convocatorias generaron un gasto al municipio de alrededor de 500 mil pesos. “Hay que determinar las responsabilidades y que se devuelvan los 500 mil pesos que se gastaron”, subrayó la concejala Natalia Lenci. Además, queda pendiente que se aclare quién es el culpable del error en la publicación incompleta de los pliegos en el primer llamado.
Las otras prestaciones que están en disputa son los servicios de agua y cloacas. Al cierre de esta edición se dio a conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que avaló el decreto de Avilés en torno al servicio de agua.
En la resolución, se esgrimió que “la municipalización del servicio público de provisión de agua potable en la ciudad de Villa Carlos Paz surge de los propios postulados de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto impone a la administración la responsabilidad de garantizar la gestión efectiva de tal servicio a la comunidad, ya sea mediante el sistema de prestación directa o bien de forma indirecta a través de cooperativas de usuarios locales (artículos 69 y 70)”.
Como consecuencia, en virtud de lo resuelto, corresponde a la administración municipal “asumir la prestación efectiva e inmediata del servicio de provisión de agua potable” y, por ende, al Departamento Ejecutivo deberá “readecuar los plazos establecidos” en el decreto a los fines de concretar la reasunción del servicio.
A través de un comunicado, el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral confirmó que apelará ante la Corte Suprema de la nación, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que avaló la decisión del intendente Esteban Avilés de municipalizar el servicio de agua a través de un decreto. “Esta decisión del TSJ será apelada por la Coopi en todas las instancias correspondientes hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirma el documento.
Además, sostiene que esa postura “representa una total amenaza para el futuro de la Coopi”. “La quita del servicio de agua y después el de cloacas, representa su quiebra y su desaparición como institución”, remarca.
En cuanto a las cloacas, el Alto Cuerpo dispuso que la Cámara competente sustancie la acción de amparo promovida por la Cooperativa Integral. Como consecuencia, mientras se desarrolle el proceso y hasta que recaiga una resolución sobre el fondo de la cuestión, la Coopi seguirá a cargo de dicho servicio.
Todo hace ver que el 2018 será otro año de conflictos. Sólo queda apelar a la racionalidad, a la palabra y a la política. Porque, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, es en esa área donde deben dirimirse los temas públicos.
Nota correspondiente a la edición n° 495 del semanario La Jornada, del 10 de diciembre de 2017.
