El abogado constitucionalista y representante de la Cooperativa Integral, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, se refirió a las condiciones formales que debería tener un llamado a referéndum para ser emprendido con seriedad.
En principio sostuvo que “no se está en contra de que se consulte a la ciudadanía”, pero que esto debe cumplir con una serie de requisitos formales que hacen a la transparencia de la medida.
Lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo municipal es justificar por qué quiere quitarle la concesión del servicio de agua a la Cooperativa Integral. Tiene que dar los fundamentos de su medida y esto debe figurar en el proyecto de ordenanza que se pretende someter a referéndum.
Y aquí citó el artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal que, entre otras cosas, expresa que el municipio le reconoce a las cooperativas “estructura jurídica idónea para la ejecución de obras y prestación de servicios”.
“Esto implica que hay una presunción constitucional de idoneidad. Por lo tanto, para quitarle la concesión, el municipio tiene que demostrar las razones técnicas y los fundamentos por los cuales le quiere quitar el servicio”, comenzó explicando Rodríguez Villafañe. Y remarcó: “Si no hay nada objetivo en cuanto a la calidad del servicio, ¿por qué se la presupone inidónea para algo que la COM la presupone idónea?”.
El jurista hizo hincapié en que el llamado a referéndum debería hacerse con transparencia, sobre todo informando a la población de las consecuencias económicas de la medida. En este sentido, dijo que se deberían precisar los costos que le significarían al municipio hacerse cargo del servicio.
“Si van a llamar a referéndum, que lo hagan con transparencia e información”, remarcó.
Consideró además que el Ejecutivo municipal plantea engañosamente la de reducción del 25% de la tarifa de agua, sin precisar sobre qué calcula ese porcentaje. Pero tampoco dice los gastos que implicaría llevar adelante la medida de municipalización.
“Esto hace al principio de transparencia. La ciudadanía tiene que saber que lo que está decidiendo implica un beneficio de 39 pesos, pero un perjuicio en cuanto a cantidad de dinero que no se está informando. En el día de mañana, eso puede tener como consecuencia un aumento de la tarifa del agua o un aumento de las tasas municipales”, advirtió.
Indicó que el intendente y los concejales que están de acuerdo con la medida deberían precisar qué monto en dinero le implicará adquirir –indemnización mediante- la infraestructura que hoy tiene la Cooperativa para la prestación del servicio, porque no todos son bienes públicos municipales.
En la misma línea dijo que se tendría que especificar qué erogación económica le implicará al municipio la contratación de empleados, con el mismo sueldo y categoría. Y aquí planteó que llevar adelante esa medida implicaría violentar lo establecido por la COM (artículo 130) en cuanto a que la incorporación de personal deber hacer a través de concursos públicos.
“Incluso tendrá que asumir crédito que ha tomado la Cooperativa a cinco años para obras de infraestructura que, al pasar a la municipalidad, tendrá que hacerse cargo”.
Y añadió: “Acá tampoco se está diciendo que esta es una confiscación de un capital social si esto llevara a, técnicamente, la desaparición de la Cooperativa. Esto también debería aclararse en el referéndum”.
Rodríguez Villafañe remarcó que precisar toda esa información tiene que ver con el principio de transparencia. “Se le tiene que decir al vecino que la medida implica un beneficio de 39 pesos, pero con consecuencias económicas millonarias”, reiteró.
Nota correspondiente a la edición n° 431 del semanario La Jornada, del 28 de agosto de 2016.
