La concejala Natalia Lenci advirtió sobre las “incongruencias y falacias del proyecto de municipalización del servicio de agua” que impulsa el intendente Esteban Avilés.
“A modo de enmarcar el accionar municipal podemos decir que el municipio no sería la primera vez que intenta llevar a cabo una acción abusiva, arbitraria, e ilegal.
Recuerdo la expropiación del gas. La justicia dijo: ‘entiendo que debe admitirse parcialmente la acción de amparo declarando válido el art. 1° de la ordenanza N° 5559, respecto de la declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación de las acciones de la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos vivienda y consumo de Villa Carlos Paz Lda., y declarar la invalidez de los artículos 2,3,4,5,6,7 y 8 de la misma norma, referidos al procedimiento de ejecución de la expropiación, en cuanto afectan derechos de manera arbitraria e ilegalmente manifiesta. Como consecuencia de ello, deberán revocarse todos los actos que la demandada llevó adelante y significaron la ejecución de la norma. Igual suerte deberá correr el Derecho de Promulgación N° 543 que solo producirá efectos sobre el art. 1° de la Ordenanza que fue declarado válido’.
También cabe recordar que la empresa Carlos Paz Gas S.A solo pudo independizarse en lo referido al proceso contable pero el resto de los procesos, facturación, distribución, gestión técnica etc., lo continúa realizando el socio cooperativo a través del gerenciamiento, dado que el socio municipal no tiene capacidad para hacerlo”, expresó.
En cuanto al proyecto para municipalizar el servicio de agua, sostuvo que, “se visualiza la falta de fundamentos fácticos de los supuestos incumplimiento de las obligaciones contractuales, y las sanciones que deberían haberse aplicado a la prestataria. Por lo que infiero que la Justicia volvería a declarar este proyecto de arbitrario, abusivo e ilegal”.
Alertó, además, que Avilés “no tuvo en cuenta de que la provisión se realiza desde otra localidad y que la concesionaria tiene obligaciones contractuales con todas las comunas del sur: San Antonio, Icho Cruz, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca.
Por lo tanto, exorbita las facultades municipales y se debería haber dado intervención a la provincia quien es la responsable en materia de los recursos hídricos sobre la región afectada”.
“Esto no se ha tenido en cuenta y es un hecho grave en materia de violación de deberes y obligaciones de las distintas comunas con la concesionaria del servicio”, aseguró.
Puso el énfasis, también, en los cambios que propone el intendente al artículo 21 Bis de la Ordenanza 6011 sobre la organización Funcional Municipal. “Se habilita a que otros ‘entes prestatarios’ puedan prestar, administrar o ejecutar el servicio de agua y desagües cloacales. Lo que dicho de otra manera es una privatización encubierta que viola el espíritu de la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 70”, remarcó.
En lo establecido en materia laboral del personal cooperativo “también se incurre en una falacia, dado que una municipalización es sinónimo a una estatización y donde el Estado debería absorber a la totalidad de los empleados que deseen traspasar en idénticas condiciones laborales a las ya adquiridas y correspondería indemnizar a aquellos empleados que no acepten el traspaso, lo que significa una cifra millonaria que los carlospacenses deberemos afrontar si esto se lleva a cabo (en nuestro país existe mucha jurisprudencia en estatizaciones, por ejemplo: AFJP, Aerolíneas Argentinas entre otros)”.
“Esta decisión luego de cinco años de no dialogo con la institución y sin prever las consecuencias, económicas, legales y sociales que conllevan, no hace más que ratificar una actitud arbitraria e irresponsable en el ejercicio de la administración pública”, finalizó.
Nota correspondiente a la edición n° 428 del semanario La Jornada, del 07 de agosto de 2016.
