Por Evelina Ramírez
Unas 130 familias nucleadas en la organización “Nuestro sueño, nuestro hogar” vienen solicitando audiencias con las autoridades municipales a los fines de abordar la problemática del acceso a la tierra y la vivienda en Villa Carlos Paz.
El 13 de septiembre pasado ingresaron una nota al Concejo de Representantes donde pidieron tener una reunión “con la intención de armar una mesa de dialogo tendiente a desarrollar un trabajo conjunto”. Según indica la misiva, la agrupación viene trabajando desde hace dos años.
“Somos conscientes que este problema obedece a la falta de políticas públicas destinadas a la vivienda y que es el Estado, en sus distintos niveles, el que debe dar respuesta a esta necesidad que se traduce en un derecho consagrado en la constitución nacional y provincial”, se lee en el escrito.
Días después, fueron recibidos por los concejales Gustavo Molina, Natalia Lenci y Omar Ruiz, quien preside la Comisión de Desarrollo Social. De allí salió la propuesta de que los ediles participen de una de las reuniones que la organización viene haciendo todos los miércoles desde las 18:30 en la Plaza del Avión.
Y así sucedió el 10 de octubre. Al término del encuentro, Molina destacó que se trató de una reunión positiva. “Nos hicimos presentes para ayudarlos a poner en la agenda pública una problemática como es la falta de tierras y vivienda. Mientras más voces se expresen habrá más posibilidades de ir encontrando caminos que permitan la búsqueda de ese objetivo”, dijo a VillaNos Radio.
Y remarcó: “Los vemos bien organizados y con mucha capacidad de movilización”.
Por su parte Ruiz recordó que por ordenanza está vigente el programa Terrenos para tu Vivienda II que contempla un lote de 7 hectáreas. En la misma línea, les informó a los vecinos sobre otros proyectos que ha presentado como el Banco de Tierras Municipal y los pedidos de informes para saber si está funcionando el Registro Único de beneficiarios de viviendas.
“Lamentablemente todos estos proyectos duermen en el Concejo porque hay una mayoría que los hace dormir”, señaló el edil y aclaró que el Banco de Tierras está aprobado (ordenanza 2389 del año 1993) y que recientemente presentó un proyecto de reglamentación de esa normativa. “El municipio tiene que reconocer qué tierra tiene y ofrecerla para toda la gente que está alquilando”, expresó.
Y enfatizó: “El gobierno municipal actual no tiene un área de viviendas. Eso habla a las claras que no es una prioridad. Hay funcionarios que hacen esfuerzos individuales, como la arquitecta Liliana Bina, que siempre lo reconocemos. Pero no forma parte de las prioridades del gobierno actual”.
Organización colectiva
Convocar hoy en Villa Carlos Paz a 130 familias no es tarea sencilla. Sin embargo, desde la organización “Nuestro sueño, nuestro hogar” mantienen reuniones semanales todos los miércoles en la Plaza de Avión. Ahí se encuentran las familias que necesitan conseguir una tierra donde poder empezar a construir los cimientos de lo que será su vivienda.
Los requisitos para alquilar, el precio de los alquileres y los salarios que no alcanzan a cubrir las demandas del grupo familiar son los problemas compartidos por las familias que están analizando las alternativas posibles que les permitan acceder a un derecho constitucional como lo es la vivienda digna.
“No estamos pidiendo que nos den la tierra, sino que nos sea facilitado el pago. No queremos que nos regalen nada. Porque, así como estamos pagando un alquiler para vivir dignamente, lo mismo queremos hacer en nuestras futuras tierras. Queremos vivir dignamente”, expresó Eugenia Villafañe, una de las delegadas de la agrupación.
“Solicitamos que el municipio se ocupe de la problemática habitacional que hay en Carlos Paz”, reforzó Silvia Molina, tesorera y delegada de la organización.
La agrupación cuenta con el acompañamiento de la Corriente Clasista René Salamanca que en el año 2012 llevó adelante un proceso de toma de tierras en Malagueño. Se trata de una agrupación que tiene raigambre nacional y que ha respaldado diferentes procesos de lucha por la tierra en todo el territorio nacional.
Héctor “Cacho” Ramírez y Marina González integran la Corriente Clasista René Salamanca y la CTA Autónoma. Ambos estuvieron presentes en Villa Carlos Paz participando de la reunión en la plaza. Consultados sobre si la intención es replicar esas experiencias de organización colectiva en la ciudad, Ramírez respondió: “Sí, en Carlos Paz y en toda la provincia. Estamos acompañando todos los procesos de lucha por la tierra. Es un compromiso social y de clase el que asumimos”.
Desde la agrupación “Nuestro sueño, nuestro hogar” invitan a los interesados a acercarse a la Plaza. En las reuniones se toma asistencia y se anota a una persona por cada grupo familiar. También se cobra una cuota de 50 pesos para los gastos administrativos que demandan las gestiones que se vienen haciendo. Las reuniones se hacen los miércoles a las 18:30 en la Plaza del Avión.
“Nos estamos movilizando. Lo único que falta es la respuesta del poder político”, dijo Silvia. A lo que Eugenia agregó: “Estamos esperando la respuesta de Avilés que no se ha dignado a atendernos. Hace dos años venimos presentándoles cartas pidiendo una mesa de diálogo. Como votantes y vecinos de Carlos Paz le exigimos que nos atienda”.
En las últimas semanas, y por gestiones del concejal Ruiz, las familias se reunieron con la directora de Planeamiento Físico Ambiental, Liliana Bina. El lunes pasado, al cierre de esta edición, tenía previsto concretarse una reunión con los ediles del oficialismo. Desde la agrupación también han hecho presentaciones ante la defensoría del Pueblo.
Barrio Comechingones, un hito en la lucha por la dignidad
Desde el año 2012 unas 20 familias vienen ejerciendo la posesión legal de tierras en barrio Comechingones de Cuesta Blanca. A pesar del hostigamiento policial, la persecución judicial y las amenazas de empresarios inmobiliarios, reivindican su derecho a acceder, habitar y trabajar la tierra y el monte.
La posesión es un derecho amparado por el Código Civil y Comercial. Concretamente el artículo 1909 establece que, “hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”.
En otras palabras, legalmente la posesión implica tener un terreno o vivienda y actuar como dueño, a pesar de no tener la escritura pública inscripta en el Registro de la Propiedad. Para ello, la persona debe realizar “actos posesorios” como cuidar el terreno y habitarlo pacíficamente.
En las últimas semanas, el barrio volvió a ser noticia luego de que Yanina Arias fuera citada el lunes 8 de octubre por el fiscal interviniente, Gustavo Marchetti, quien pretendió que la vecina firmara su propio desalojo. Yanina vive junto a sus cuatro hijos en un lote que le cedió un amigo cuya familia habitó el lugar por más de 30 años. La persona que reclama la posesión (porque no tiene títulos sobre la tierra) es Ana María Crosetto, quien pretende el lote para uso comercial y no como vivienda familiar.
A través de un video, Yanina relató que la notificación que Marchetti pretendía que firme era una intimación a un desalojo por decreto. “Me negué y ahí empezaron los aprietes de distinta forma, con intimidaciones de la policía y del poder de la justicia corrupta de Carlos Paz”, expresó en la filmación.
Pero el tema no quedó allí. El jueves 11 de octubre por la mañana Yanina fue citada una vez más para ampliar su declaración indagatoria. Se presentó y en el mismo momento en que se encontraba en fiscalía, personal policial se hizo presente en su casa acompañada por Ana María Crosetto, quien colocó un cartel de propiedad privada. La intención, denuncian los vecinos de Comechingones, fue llevar adelante un desalojo ilegal.
Como si esto fuera poco, al día siguiente de que se le tomara declaración indagatoria (y a dos días hábiles de que la causa prescriba), el fiscal Marchetti planteó el pedido de elevación a juicio. De esta manera frenó la prescripción.
El pasado jueves 25 de octubre, el juez de Control Daniel Strasorier resolvió declarar nulo todo el proceso judicial que llevó adelante el fiscal Marchetti contra Arias. “Lo que dijo Strasorier en su resolución es que fueron violadas todas las garantías constitucionales. La principal garantía de un derecho constitucional es ser escuchado. Marchetti no escuchó ninguna de las afirmaciones de Arias. Afirmaciones que no sólo están fundadas en sus declaraciones, sino en los testigos de la zona”, dijo Juan Martín Hissa, abogado defensor de Yanina Arias.
Y remarcó: “Está demostrado en la causa que ella no cometió ningún delito”.
Vale mencionar que Comechingones también integra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que quedó reconocido en la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial, aprobada días pasados en la Cámara de Senadores.
Comechingones es uno de los más de 4.400 barrios populares cuyos habitantes podrán acceder al título de propiedad de la parcela que ocupan.
Nota correspondiente a la edición n° 534 del periódico La Jornada, del 31 de octubre de 2018.
