Por Jorgelina Quinteros
Tras dos meses y medio de suspensión, el servicio de emergencias de la zona sur fue restablecido luego de que las localidades de San Antonio, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz y Cuesta Blanca firmaran un nuevo convenio con el gobierno provincial para su financiamiento.
El acuerdo implica el traslado de la base de operaciones de Mayu Sumaj al municipio de Icho Cruz (Av. Argentina 341), manteniendo los teléfonos para comunicarse 03541 15651187 o el 121 para llamar desde un teléfono fijo.
“El servicio cubre exactamente lo mismo que venía haciendo mientras estaba en Mayu Sumaj, es decir, la prioridad la tiene la accidentología en la ruta. Ante cualquier accidente primero asiste ahí y luego, en el resto de las horas que la ambulancia no está en este tipo de operación, asiste a los vecinos para urgencias y emergencias”, explicó Gloria Verra, concejala de Unión por Córdoba en San Antonio.
El nuevo convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En cuanto al aporte económico al que se comprometieron a hacer las partes, Verra detalló que la provincia pondrá $150.000 mensuales, $10.000 aportan las localidades de San Antonio y Mayu Sumaj, $5.000 Cuesta Blanca y Tala Huasi y el resto Icho Cruz (que serían alrededor de $60.000).
“Es mucho el esfuerzo de los municipios y las comunas para mantener estos servicios, pero la prioridad es esa. El Estado municipal o comunal debe velar por la salud y la seguridad del ámbito que le corresponde”, agregó Verra.
La unidad sanitaria cuenta con una ambulancia y un equipo médico integrado por 14 profesionales entre choferes, médicos y paramédicos. Sólo cinco de los trabajadores que integraban el equipo anterior fueron reincorporados.
Vale recordar que el convenio entre las localidades y el gobierno provincial que garantizaba la atención médica de emergencia desde San Antonio hasta el paraje El Cóndor en el camino a las Altas Cumbres había caducado en diciembre del 2015. Sin embargo, se sostuvo hasta mediados de mayo, pero adeudando los sueldos de cuatro meses a algunos de los trabajadores.
“Dejarme sin trabajo es una forma de querer callarme”
Más allá de que las autoridades provinciales y municipales de Punilla Sur garantizaron con sus aportes la continuidad del servicio, no brindaron una respuesta clara en cuanto a cómo se van a resolver los pagos de honorarios atrasados a los profesionales.
Una de las trabajadoras no reincorporada es Hilda Argañaraz, quien se desempeñaba como enfermera. “Me dejaron sin ese puesto de trabajo porque dicen que soy conflictiva. Uno sale a defender un derecho, porque la salud es un derecho y te quieren callar. Eso muestra la falta de humanidad de la gente que nos gobierna, la ignorancia e inoperancia de esa gente”, denunció.
Ella encabezó los reclamos por la continuidad de un servicio de emergencias que calificó “necesario y vital” para la zona y en el que trabajó durante ocho años. Al equipo lo recuerda como un “gran grupo humano”, que tuvo tolerancia con las autoridades de la zona porque siguió trabajando a pesar de que se les llegaron a adeudar cinco meses de sueldo.
“¿Seré conflictiva o será que estoy pidiendo que se garantice un derecho para todos?”, se preguntó. “Me quieren callar, pero las muertes que hubo muestran su inoperancia. El dejarme sin trabajo es una forma de querer callarme y generar miedo a la gente”, remarcó.
Durante los meses que no funcionó el servicios de emergencias hubo tres muertes en la zona, dos de ellas fueron producto de accidentes que ocurrieron en la ruta 14 y una sucedió en una vivienda, donde falleció un hombre de un paro cardíaco.
Desde el comienzo del conflicto, los vecinos autoconvocados, la gran mayoría de San Antonio, y algunos de los trabajadores de la salud comenzaron a manifestarse. Realizaron tres cortes de ruta, protestas frente a la municipalidad, presentaron notas al Concejo Deliberante y difundieron en los medios de comunicación la situación que estaban atravesando.
La indignación aumentaba cuando hacían referencia a la ambulancia de alta complejidad, entregada en el año 2013 por el gobierno nacional, que tiene el municipio parada en un galpón.
Los vecinos solicitaron información sobre este tema y el Departamento Ejecutivo Municipal encabezado por la intendenta Patricia Cicerone respondió: “Se pondrá en funcionamiento en lo posible a partir de agosto, como unidad de traslado a pacientes derivados del dispensario municipal y en apoyo al servicio 121”.
Vale recordar también que el municipio de San Antonio contrató a la empresa AMI (Asistencia Médica Integral) para que realizara la cobertura en ese tiempo. El acuerdo fue renovado y finalizaría a fines de agosto. Sin embargo, fue duramente criticada por las demoras en el servicio, ya que tiene su sede a 11 km en Carlos Paz.
A través de su perfil en Facebook, los Vecinos Autoconvocados de San Antonio de Arredondo expresaron que no festejan “que haya vuelto lo que nunca debió haberse ido, lo que por derecho corresponde, lo que pagamos con nuestros impuestos”.
Además, denunciaron que los trabajadores que encabezaron la protesta, no han sido incorporados. “A los ‘conflictivos’, a los que hicieron uso de sus derechos, a los que no se silenciaron, los dejaron sin trabajo”, remarcaron.
Nota correspondiente a la edición n° 428 del semanario La Jornada, del 07 de agosto de 2016.
