En las últimas semanas trascendió, con gran revuelo mediático, la denuncia que hizo el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, en torno a la existencia de volcamientos de efluentes cloacales al arroyo de esa localidad. En su denuncia, el mandatario apuntó contra Cuencas Serranas, la sociedad comercial que representa a las 13 cooperativas que conforman ARCOOP (Asociación Regional de Cooperativas y Servicios Públicos).
“Son hechos que vienen ocurriendo hace tiempo con el vertido de líquidos en la planta de ARCOOP, en el arroyo Huerta Grande”, explicó el jefe municipal al diario La Voz del Interior.
La denuncia se hizo a mediados de agosto. En menos de un mes el fiscal de Cosquín, Martín Bertone, decidió imputar a Jorge Pafundo y Fernanda Eguiguren por los delitos de ‘Daño Calificado a un bien de uso público, Contaminación Ambiental Dolosa continuada, en concurso ideal’, y ‘Desobediencia a la Autoridad Reiterada en calidad de coautores’, por los hechos que se investigan en relación a la contaminación del arroyo Huerta Grande por volcamientos de fluidos crudos.
Pafundo es el coordinador operativo de la Cuencas Serranas S.A., y Eguiguren se desempeña como coordinadora General del área Comercial y Financiera. “Se tomó esta decisión atento a que se encontró una determinada cantidad de caudal probatorio suficiente como para atribuirle estos delitos”, dijo el fiscal a Radio Next (97.1 FM).
El funcionario judicial dijo que entre la documentación presentada se encontraba “documentación donde se los intimaba de manera clara a tomar medidas referente a hacer un recambio de la bomba de la estación de bombeo. Estas medidas no fueron cumplimentadas”, añadió.
Consultado sobre si tenía conocimiento de que los volcamientos en el arroyo persistieran, Bertone respondió que, “actualmente la situación se encuentra controlada”. “En el día de la fecha no hay vertidos en el arroyo”, aseguró.
Tras las imputaciones, la Cooperativa Integral –miembro de ARCOOP- salió a responder diciendo que objetará en el plano formal y de fondo las imputaciones. Del encuentro con los medios de prensa participaron los abogados Claudio Orosz y Julio Cesar Martínez, quien además es apoderado de Cuencas Serranas.
Los abogados detallaron que en el plano formal ya objetaron las imputaciones ante el Juzgado de Control de la ciudad de Cosquín puesto que el viernes 1 de septiembre se tomó declaración indagatoria a los imputados sin que se cumpla con la garantía constitucional de contar con un abogado que los represente.
“Se incurrieron en aberraciones procesales como tomar indagatoria sin abogado defensor. Eso no puede suceder. Hemos pedido la nulidad de ese procedimiento y lo vamos a discutir hasta las últimas instancias”, adelantó Orosz.
En cuanto a la imputación por “desobediencia a la autoridad”, el letrado refutó la acusación diciendo que tienen que ser oficio judicial dirigido con nombre y apellido a personas físicas, no jurídicas. “Es una falla concreta y básica de la imputación”, indicó.
En la misma línea rechazó la acusación de “contaminación ambiental dolosa”, ya que para encuadrarse bajo esa figura debe demostrarse intención y voluntad de contaminar. “Cuando uno hace lo posible para que eso no suceda, de ninguna manera se puede hablar de delito doloso”, remarcó.
Teniendo en cuenta esos aspectos, Orosz enfatizó en que poseen “abundante prueba documental y testimonial” que da cuenta que la omisión y desobediencia que se les achaca a los imputados en realidad tiene que ver con el incumplimiento de las autoridades estatales (provincia y municipios donde Cuencas Serranas presta el servicios de cloacas), quienes no realizaron las inversiones de infraestructura necesarias para llevar adelante correctamente la prestación del servicio.
“Estas omisiones no son atribuibles a quienes no las pueden realizar por cuestiones de fuerza mayor, que tienen que ver con la ausencia del Estado. Que se analice la responsabilidad de los funcionarios estatales, que son los verdaderos productores de estos desastres”, expresó.
A lo que Martínez completó diciendo que las cooperativas asumieron la prestación del servicio de cloacas en un “marco de emergencia”, a fines de 2002. La infraestructura que comenzaron a operar (tanto la planta de tratamiento de La Falda como la de Valle Hermoso con sus respectivos conductos) tienen una antigüedad mayor a 50 años.
A esto se suma que en los 15 años de prestación que lleva adelante Cuencas Serranas, el Estado “nunca asumió un rol protagónico para mejorarle la calidad de vida a la gente”.
“Las bombas colapsan por la antigüedad. No podemos prever en qué lugar se va a producir (el colapso) o cuándo se producirá un corte de luz eléctrica que saque de sistema estas bombas, por más planes de emergencia previstos a los efectos de sostener la situación”, dijo.
Sostuvo que “el Estado provincial y los estados municipales se desentienden de la logística y de los recursos”. “Es muy fácil venir a decir: ‘se rompió una bomba o salió de funcionamiento porque hubo un corte de luz, y a partir de ahí, imputar y realizar una caza de brujas para nunca hacerse cargo ellos, como responsables principales de la prestación de un servicio”, dijo Martínez.
Y aclaró, además, que “por contrato nosotros no tenemos obligación de modificar, renovar o sostener estructuralmente el mismo”.
Orosz insistió que tienen abundante prueba documental y testimonial que da cuenta del abandono del Estado. Desde ese lugar, sostuvo que con la imputación realizada por el fiscal Bertone, significa que en alguna medida “el Poder Judicial está encubriendo la ausencia de otra parte del Estado, que desde hace 15 años tiene descuidado el servicio, particularmente las amortizaciones de lo que hoy nos reclama a las instituciones que prestan el servicio como pueden e incluso poniendo en peligro su propio patrimonio”.
“Es enorme el caudal documental donde constantemente decimos que el material que está –particularmente las bombas- no está pudiendo ser amortizado porque el Estado no está respondiendo a todas y cada una de esas notas que han sido presentadas durante años.
“Por eso decimos que la agencia judicial, que forma parte del Estado, está cortando la cuerda por la parte más débil y olvidándose de quienes son los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Demostraremos la inocencia de nuestra gente que está imputada”.
Crear las condiciones para legitimar una privatización
A fines de 2002, el gobierno provincial otorgó la operación de las plantas de líquidos cloacales de La Falda y Valle Hermoso a ARCOOP, la Asociación Regional de Cooperativas y Servicios Públicos integrada por las 13 cooperativas, entre las cuales está la Coopi de Villa Carlos Paz.
La concesión del servicio de dio a las cooperativas luego de que la empresa francesa Suez y la española Aguas de Bilbao, se bajaran del proceso de licitación.
“Los servicios de saneamiento en esta zona pretendieron ser motivo de licitaciones para que fueran prestadas por empresasprivadas venidas del extranjero, que con el 1 a 1 (la convertibilidad de un peso, un dólar) hacían muy bien negocio y le sacaban dinero a los vecinos”, recordó Orosz y reiteró que cuando Argentina se vio subsumida en una profunda crisis económica, las empresas privadas decidieron retirarse de la licitación.
ARCOOP asumió la concesión en diciembre de 2002 y comenzó a operar las plantas en los primeros meses de 2003. La creación de una sociedad anónima para otorgar la concesión fue a sugerencia del gobierno provincial, en aquel entonces en manos de José Manuel de la Sota. Cuencas Serranas S.A. es la figura societaria comercial que representa la unión de estas instituciones integrantes de ARCOOP.
Orosz sostuvo que el ataque al trabajo que están llevando adelante las cooperativas tiene que ver con que en noviembre finaliza la concesión del servicio de cloacas y que, atento al contexto político y económico del país, una vez más habría intenciones de dejar el servicio en manos extrajeras. Para ello, resulta necesario crear un clima de deslegitimación de las cooperativas.
“Como no les salió el negocio con Aguas de Bilbao en 2001, ahora vienen a imputar a quienes se hicieron cargo de la emergencia. A quienes se hicieron cargo de darle el servicio a los vecinos como se puede y en las condiciones que este Estado ausente nos plantea”, remarcó.
Vale mencionar también que en octubre del año pasado, el mismo fiscal Bertone realizó allanamientos en la planta de líquidos cloacales de La Falda y en la sede central de la Coopi, tras la denuncia que hizo una vecina por presuntos volcamientos contaminantes en el arroyo Los Quinteros de La Falda. La denuncia fue pasada a archivo ante la contundencia de la prueba que daba cuenta de que las inversiones de infraestructura corresponden al ente concedente (la provincia) y no a la prestataria (Cuencas Serranas-ARCOOP).
El Concejo pidió que el defensor del Pueblo se constituya como querellante en la causa
El Concejo de Representantes aprobó el jueves pasado una resolución impulsada por el avilesismo para sugerirle al defensor del Pueblo que en función de las atribuciones procesales que le son conferidas por la Carta Orgánica Municipal, se constituya como querellante particular en la causa identificada como “Actuaciones labradas con motivo de la denuncia formulada por Matías José Montoto.- EXPTE. SAC N° 6552109”.
El artículo 2 de la resolución también le solicita que, en caso de realizar el acto procesal, remita copias de las actuaciones judiciales realizadas al Concejo de Representantes.
A pesar de que hubo contundentes argumentos en contra de la resolución, fue aprobada por unanimidad. Tampoco, fueron acompañadas por la mayoría del cuerpo legislativo las diferentes mociones que realizaron algunos concejales para modificar el articulado o enviar a comisión el proyecto para continuarlo trabajando.
La concejala Laura Orce (UPC) aseguró que el proyecto “no es viable, el defensor del Pueblo no es representante para poder constituirse como querellante particular, lo es el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Es un profundísimo error”.
El artículo 171 de la Carta Orgánica Municipal establece que la “Defensoría del Pueblo es un organismo independiente que actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de otra autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses (…) ante hechos, actos u omisiones de la administración pública municipal”. “Es donde sí o sí tienen injerencia para intervenir”, afirmó Orce luego de citar el artículo.
La oposición planteó que si se demanda a la defensoría constituirse como querellante en esta causa, la misma petición se le puede hacer en torno a otros temas. Sin embargo las mociones no contaron con los votos suficientes. Incluso la presidenta del Concejo, Alejandra Roldán, apeló sin prurito al poder del doble voto para rechazar las propuestas.
El argumento del avilesismo fue que no podían ser indiferentes ante estos hechos después de haber aprobado el 30 de marzo pasado la emergencia ambiental en nuestra ciudad. “El saneamiento del lago tiene que trascender diferencias partidarias e intereses sectoriales, así como cuando el concejal Molina (Gustavo) presentó la declaración de emergencia ambiental fue acompañado por todos”, dijo Roldán. Y explicó por qué impulsaron este pedido: “el arroyo Huerta Grande es tributario del río Cosquín que desemboca en el lago, por eso entendemos la intervención del defensor del Pueblo ante cualquier contaminación hecha en alguno de esos afluentes que tiene incidencia y repercusión sobre el San Roque, afectando de forma directa la vida de todos los habitantes de Carlos Paz”.
Walter Gispert del Frente Cívico remarcó con preocupación que los concejales no tenían en su poder el expediente que figura en el artículo uno de la resolución. “Me gustaría tenerlo para saber qué vamos a votar”, dijo y durante el debate mocionó que se lo saque, pero no contó con los votos. Soledad Zacarías (CPU) aseguró que el dato fue tomado “a través de los diarios”.
Omar Ruiz (GEN) fue uno de los concejales más críticos a la resolución. “No entiendo cuál es el apuro, no tenemos conocimiento de la causa”, reconoció. “Siento, como muchas veces en este Concejo, que la motivación política puede más que la comprensión”, añadió.
Fue tajante asegurando que “la representación del municipio la tiene el Departamento Ejecutivo” y se refirió a que no se estaba apuntando “al problema de fondo, si queremos resolverlo el problema de fondo tenemos que pedir que se convoque al Comité de Cuenca”.
Para eso propuso que el proyecto vuelva a comisión a los fines de “discutirlo más en profundidad”. Esta moción tampoco fue aprobada por el doble voto de Roldán.
Más allá de la diversidad de argumentos que se oponían a este pedido impulsado por Carlos Paz Unido y las diversas mociones para que fuera modificado, el punto fue aprobado por unanimidad y sin que se modifique el articulado original.
Imputaciones que llegan en un marco de construcción de acuerdos para resolver el problema
Lo que más llamó la atención en los sectores cooperativistas es que la imputación se haya dado en un marco de construcción de acuerdos entre los diferentes actores involucrados en la problemática, para dar solución al problema. Las reuniones de trabajo en esa línea se vienen concretando desde mediados de agosto.
De hecho, el día anterior a las imputaciones hubo una reunión en la que participaron el secretario de Gobierno del municipio de Huerta Grande, Diego Franco Carranza; los legisladores Mariana Caserio y Hugo Capdevilla; los representantes de ARCOOP, Fernanda Eguiguren y Jorge Pafundo; el ingeniero Jorge Vaz Torres en nombre del ERSEP y el ingeniero Juan Vallejos de la secretaría de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del gobierno provincial.
El plan de emergencia diseñado contemplaba, entre otras cosas, la “renovación y acondicionamiento de tres bombas, el acondicionamiento de grupos electrógenos y de los sistemas de seguridad para evitar roturas por vandalismo (que también ocurrieron en reiteradas oportunidades).
“Considero que en la denuncia hay mala fe, porque se da en un proceso de acuerdo y negociación del cual surge una hoja de ruta y algunas cuestiones protocolares a los efectos de resolver el problema”, remarcó Martínez y añadió: “El plan de emergencia que se diseñó es la consecuencia de un proceso de negociación”.
El 7 de septiembre hubo un nuevo encuentro entre ARCOOP y el intendente Montoto. Allí se le explicó el nivel de avance del plan de acción acordado entre las partes.
Además, la entidad cooperativista dirigió una nota al ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos donde también se le brinda información sobre el avance de las tareas previstas en el plan de trabajo y se solicita un encuentro con el ministro Fabián López “para analizar la real situación de todo el servicio de cloacas del algo San Roque, y en especial de la Cuenca Norte, dado el deterioro de la infraestructura general del servicio”.
Nota correspondiente a la edición n° 482 del semanario La Jornada, del 10 de setiembre de 2017.
