Por Evelina Ramírez
“El municipio planifica y ejecuta políticas de vivienda social, favoreciendo el acceso a la vivienda propia a las familias sin recursos. Gestiona, coordina y concierta programas con la Nación, la Provincia y otros organismos internacionales e instituciones sociales, respetando los siguientes principios: 1) Uso racional del suelo, 2) adecuación a la planificación urbana vigente, 3) calidad de vida, 4) respeto a las pautas culturales de los moradores. El municipio desalienta la especulación inmobiliaria, utilizando para ello los recursos a su alcance”. Artículo 73. Carta Orgánica Municipal.
Lo que enuncia nuestra Carta Magna se parece más a una expresión de deseos que a un verdadero mandato al cual la clase política local debe someterse. La gran demanda de alquileres y los elevados costos de construcción, ha dificultado la posibilidad de que gran cantidad de vecinos puedan disfrutar de un derecho constitucional como la vivienda digna.
En el presente informe, desde La Jornada brindamos un repaso por los distintos programas de acceso a la vivienda que el municipio ha emprendido y en qué situación se encuentra cada uno. La intención es ver cuánto se ha avanzado y qué es lo que es proyecta a futuro.
Terrenos para tu vivienda I y Hogar Clase Media.
Uno de los programas de acceso a la tierra que ha cobrado mayor resonancia es Terrenos para tu vivienda I, dentro de cual se encuentran incluidas las 51 familias que conformaron la Asociación Civil Hogar Clase Media.
Y decimos que adquirió resonancia a partir de lo sucedido el jueves 11 de febrero, donde el intendente Esteban Avilés fue increpado por una mujer que le reclamó por las demoras y la falta de respuestas efectivas en torno a la entrega de los terrenos sorteados en mayo de 2015.
Haciendo un breve repaso vale decir que el plan Terrenos para tu vivienda I involucra a 119 familias que salieron beneficiadas para la entrega de un lote ubicado en calle Gounod y Roma de barrio La Quinta III Sección. Son terrenos que tienen 450 mts² cada uno.
Vale aclarar que los terrenos deberán ser abonados por las familias adjudicadas. Así lo establece el artículo 6 la ordenanza 5990 que reglamenta las condiciones del plan: “El valor de cada unidad de lote, el plazo de financiación, la tasa de interés y el valor de la cuota deberá tener directa relación con los montos invertidos por el Gobierno Municipal en la realización del loteo. Con estos datos el Departamento Ejecutivo determinará el valor de la cuota, monto que deberá ser refrendado por el Concejo de Representantes”.
El valor que deberán pagar los adjudicatarios todavía no ha sido definido, aunque desde la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental del Municipio indicaron que ya se giró una propuesta al Cuerpo Legislativo. Así lo expresó la responsable del área, Liliana Bina: “El Ejecutivo elevó un proyecto al Concejo para cerrar un modelo de convenio para que, en las calles que vamos abriendo, poder darle la posesión a esos vecinos para que alambren, mantengan limpio su lote y eviten futuras usurpaciones.
“Si vamos abriendo calles y esperamos que los beneficiarios accedan a construir su vivienda cuando esté toda la infraestructura realizada, se pueden dar procesos de usurpación. Esa ordenanza apunta a que el Concejo nos apruebe un modelo de convenio que permite que el beneficiario acceda a la tierra. Ese proyecto también plantea una cuota accesible y mínima si uno lo compara con lo que salen los costos de infraestructura en Villa Carlos Paz.
“La idea es que con un financiamiento prolongado, los vecinos también vayan colaborando en la construcción de un fondo que nos permita como municipio ir dando respuesta a esto (en referencia a la progresiva dotación de servicios al loteo)”, expresó.
Hasta el momento, el proyecto no ha sido tratado en el Concejo.
La funcionaria también recordó que el Plan Hogar Clase Media formaba parte del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas promovido en el año 2006, dentro del cual el gobierno nacional se comprometía a girar los fondos para la inversión en infraestructura.
“Nunca llegaron al municipio los fondos para financiar esto. Es evidente que el municipio de Villa Carlos Paz no tiene capacidad financiera para abordar el tema de vivienda de manera unilateral”, dijo Bina y recalcó que por ello el gobierno municipal está apelando a “sistemas de autogestión”.
“A mi juicio, hace falta un esfuerzo concurrente: de los beneficiarios y del Estado”, afirmó.
Sostuvo que por lo pronto, la infraestructura de servicios para el loteo de calle Gounod la está afrontando el municipio. Cabe mencionar que en el Presupuesto municipal figura una partida de 4 millones de pesos para el programa Terrenos para tu vivienda I.
Consultada sobre si el loteo ya cuenta con la aprobación de la dirección Provincial de Catastro, Bina respondió que el proyecto ya está ingresado, pero que “le falta un tramo interesante”. “El trámite de aprobación de loteo no es simple. Tienen que tener aprobados todos los proyectos de redes de infraestructura: alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, cloacas y pavimento. Pero (el trámite) ya está ingresado”.
Bina sostuvo que ya se procedió a la apertura de una calle del loteo y que está en proceso de adjudicación (se abrió un concurso de precios) para la apertura del segundo tramo de calles.
En cuanto a si las familias pueden tomar posesión de los terrenos sin que el loteo haya sido aprobado por Catastro, la funcionaria respondió afirmativamente y aseguró: “En el marco de que este es un plan social y la ordenanza permite que el municipio establezca otros criterios. Incluso tenemos medidas diferenciales de lotes.
“El barrio Obrero, por ejemplo, también tiene una ordenanza especial porque tiene un uso de suelo diferente: apoyan en medianera, construyen con mayor densidad. Todos los planes de vivienda sociales (municipales, provinciales o nacionales), según nuestro Código de Edificación, pueden tener una ordenanza especial. Evidentemente la lógica no es la de la especulación, sino la de la resolución de una problemática social. De esta manera, uno puede flexibilizar ciertas cuestiones”, dijo Bina.
Desde la Asociación Civil Hogar Clase Media, en tanto, no están conformes con lo que el municipio hizo a 9 meses de realizado el sorteo. “La primera calle que abrieron ya está llena de yuyos de nuevo. Y con la segunda calle, todavía ni empezaron”, dijo a VillaNos Radio Fabián Rostagno, integrante de la entidad.
Y remarcó: “Para los funcionarios, hacer y decir es lo mismo”.
Además, confirmó que después del episodio ocurrido con el intendente Avilés, todavía no han sido convocados por ningún funcionario ni concejal para darles precisiones sobre en qué están trabajando. “La pregunta que les estamos haciendo es ¿cuándo van a entregar los terrenos? Les preguntamos algo concreto. Pero está claro que los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros. A nosotros nos apura el bolsillo, porque estamos pagando alquileres que son caros”, expresó.
“De la costa al barrio”
Otro de los programas de acceso a la tierra que el municipio emprendió tiene que ver con la relocalización de 121 familias que viven en la costa del río San Antonio, en barrio Miguel Muñoz B, en el sector popularmente conocido como “la Vizcachera”. En septiembre del año 2014, el municipio emprendió un relevamiento de las familias para actualizar los datos socio-económicos. La última información con la que contaba el municipio databa del año 1976.
La relocalización comenzó con el traslado de tres familias cuya vivienda estaba erigida sobre el trazado de lo que será la ruta interbalnearia. Esas viviendas fueron construidas con los kits enviados por el gobierno provincial.
El predio donde se reubica a las familias está emplazado en la intersección de calles Brasil, Río Grande y Costanera. Allí se fraccionó un lote en cinco manzanas y acordó con los vecinos el reparto de los terrenos. “Los lotes tienen una dimensión que va de los 300 a los 450 metros cuadrados. En cada lote van dos familias”, precisó Bina.
¿Cómo interviene el municipio? En este caso, las familias no deben abonar el valor del terreno (se hace valer su derecho posesorio, puesto que en algunos casos hace décadas que viven en la costa del río), pero sí deben conseguir los materiales para afrontar la construcción de su casa. Y allí es donde radica la dificultad. Porque bien vale decir que gran parte de estas familias vive de changas o trabajos informales.
El acuerdo que han firmado los vecinos es que una vez terminada la casa nueva, deben demoler su anterior morada. La intención, explicó Bina, es evitar que la costa vuelva a poblarse. La funcionaria dijo que para aquellas familias a las que se les dificulta conseguir los recursos, el municipio ha lanzado el plan “Materiales para tu vivienda”.
Se trata de una campaña solidaria que coordina el Centro Vecinal Miguel Muñoz B. La intención es que los vecinos que quieran donar ladrillos, bolsas de portland o lo que sea necesario para levantar una casa, pueden acercar su donación.
Además, Bina explicó que en el predio de la ex fábrica textil se ha instalado una bloquera comunitaria. Allí, las familias van a construir los blocks que necesitan para levantar su casa. Los materiales necesarios para ello, los provee el municipio.
La funcionaria valoró este proceso de gestión de viviendas, poniendo la mirada en el proceso de organización social que está suscitando. “Hemos desencadenado un proceso de autoconstrucción donde la gente realmente se ha sumado”, dijo.
Jorge es el primer vecino que ha logrado construir su casa a partir de haber pedido un préstamo para comprar los materiales. “Tenía algo ahorrado y además pedí un préstamo. Además, contraté a mi sobrino, que es el que me la construyó y le fui pagando de a poco. Igual, me queda una deuda grande. Pero lo importante era terminar la casa acá y salir de la costa”, dijo.
Durante 20 años vivió en la costa. “Casi toda una vida”, contó. Hoy, en su casa nueva, vive con su mamá. Sostuvo que en cuatro meses pudo levantar su nueva vivienda. “Todavía le faltan algunos detalles, pero lo importante era terminarla para mudarnos”, expresó.
Una cuestión importante para tener en cuenta es que en la nueva vivienda, Jorge no cuenta con energía eléctrica ni agua potable. Los servicios los obtiene a partir de la solidaridad de sus vecinos. “La instalación eléctrica está lista para cuando tenga el pilar frente a mi casa. Y para el agua, una vecina nos tira una manguera y de ahí sacamos”, describió.
Daniel, en tanto, se encuentra en pleno proceso de construcción de su casa. “De a poco estoy levantando un baño, dos piezas y un comedor. Voy avanzado de poco. A medida que voy haciendo changuitas, compro los materiales”, dijo.
Y añadió: “Lo que avancé hasta el momento lo pude hacer porque en el verano compré los materiales y me dediqué todo enero a levantar las paredes. Mi novia es la que laburaba y bancaba la comida”.
Daniel tiene 26 años y toda su vida vivió en la costa del río. Hoy trabaja como obrero de la construcción y con sus propias manos está levantando su nueva casa. “Calculo que en dos meses puedo terminar para poder mudarme”, dijo y comentó que su idea es irse a vivir con su novia.
“Tener mi casa sería una gran felicidad. Porque es algo que es tuyo y que uno mismo lo construye”, valoró.
La situación de Elena, en cambio, es más complicada. Ya tiene su lote señalizado, pero aun no puede empezar la construcción. “Gracias a Dios, ya tenemos nuestro terreno. Pero todavía no hemos podido empezar a construir. Estamos con la idea de empezar a comprar algo para arrancar con la construcción de nuestra propia casa. Nuestro lugar”, dijo.
Hace 22 años que vive en la costa y su marido hace 42. Sostuvo que “es una gran alegría” contar con un pedazo de tierra propio. “Es una tranquilidad, porque sé que eso ya le queda para mis hijos y nietos”, expresó.
Prácticamente en la misma situación se encuentra Vanesa, quien también ya tiene su lote asignado, pero aún no ha podido comenzar con la construcción de su vivienda. “Tenemos poco dinero. Estamos viendo si podemos comprar los hierros para poder arrancar”, dijo.
Relató que con cada lluvia, su casa se inunda. No porque suba el nivel del río, sino porque vive al final de una pendiente donde la escorrentía de la lluvia descarga agua y barro. Además, comentó que cuando comenzó a construirse el country Monte Potrero (justo al frente de la Vizcachera, del otro lado del río San Antonio), tiraron dinamita en el terrero, lo cual le ocasionó fisura en las paredes de su casa.
“Por ese hueco se me meten las arañar que aparecen después de cada lluvia”, graficó.
Vanesa es, además, secretaria de la comisión de vecinos que se ha organizado con el objetivo de conseguir la relocalización de todos. “Venimos avanzado lento, pero a paso firme”, evaluó esperanzada.
El presidente del Centro Vecinal Miguel Muñoz B, Judas Ramos, también ha tenido una participación muy activa en este proceso. Remarcó que lo fundamental es lograr que las 121 familias puedan construir su casa. “Nosotros nos seguimos movilizando para ver hasta dónde podemos llegar. El Centro Vecinal tiene que estar al servicio de las necesidades de la gente”, afirmó.
PROMEBA
Otro de los programas que, al parecer se reactivará en el corto plazo es el PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios), creado en el año 1997 y que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares de los segmentos más pobres de la población residentes en villas y asentamientos irregulares.
A través de la formulación y ejecución de proyectos barriales integrales se propone mejorar de manera sustentable el hábitat de esta población. Se trata de un programa nacional que en Córdoba se ejecutaría en 10 asentamientos. En el caso de Villa Carlos paz, se aplicaría para las viviendas ubicadas en calle México, en la zona conocida como “El Zanjón”.
Al respecto, Bina recordó que durante los gobiernos de Carlos Felpeto y de Gustavo Dellamaggiore se trabajó en la documentación requerida por nación para la ejecución de este programa que luego quedó en la nada. “Tenemos copiosa documentación de respaldo de lo que nación quería, y no se hizo”, dijo.
Indicó que este relanzamiento abre nuevas esperanzas. “Estamos trabajando para que se ejecute este programa”, afirmó.
En este sentido, la legisladora Mariana Caserio aclaró que el programa no contempla la construcción de nuevas viviendas. “Es un programa que se aplicará específicamente para El Zanjón y se aplicará para solucionar el problema que tiene de cloacas, desagües pluviales, agua potable, energía y estado de las calles. También se pueden hacer algunos mejoramientos de viviendas, pero quiero dejar buen en claro que no se construirán viviendas nuevas. Esto hay que dejarlo bien en claro para no generar falsas expectativas”, dijo Caserio.
La ejecución del PROMEBA implicará un trabajo conjunto entre municipio, provincia y nación. En este sentido, la legisladora afirmó que “hay acuerdo de las tres partes para que este programa se concrete”.
Sin dudas que la intervención del Estado en materia de acceso a la vivienda, es necesario.
Dejar la regulación de este derecho constitucional al mercado implica desigualdad e injusticia para los sectores más vulnerables e históricamente marginados. Ese rol, debe ser fuerte. Debe implicar asignación de recursos para garantizarlo.
Y esto involucra a todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional. Así lo fijan las distintas constituciones. Así lo establece también el bien común por el que deben velar.
Nota correspondiente a la edición n° 407 del semanario La Jornada, del 06 de marzo de 2015.
