El tribunal de Cuentas de Villa Carlos Paz envió al Concejo de Representantes para su tratamiento y eventual aprobación, el dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 2017.
Los tribunos oficialistas Daniel Gómez Gesteira y Raquel Merlino votaron a favor, mientras que el radical Daniel Viale lo hizo en disidencia.
“Según mi criterio, el municipio manipula información pública, ya que los datos consignados son expuestos por el departamento Ejecutivo de manera tal que aparezca un superávit mayor e irreal”, planteó Viale. Y agregó: “lo que digo lo he plasmado con fundamentos técnicos en mi voto en disidencia obrante en el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el análisis de la Cuenta General del Ejercicio; habiendo estudiado el mismo y analizando los informes del secretario de Economía y Finanzas del municipio, y del Auditor de Gestión, Alejandro Díaz, quien en distintos análisis ha coincidido conmigo en numerosos aspectos planteados en su informes semestrales”.
“En principio la inclusión sistemática de las becas como formas de pago no están incluidas en la Carta Orgánica Municipal, como forma de empleo municipal (Art 103) ni responden a los fundamentos de la Ordenanza 4.088 (Capacitación, Metas, Programa). No es nuevo nuestro posicionamiento con respecto al pago de los sueldos de los directores de Carlos Paz Gas. Entendemos que deben ser pagados por la misma sociedad anónima al regirse la misma por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550”, ejemplificó.
Sostuvo, al mismo tiempo, que “tampoco es nueva nuestra insistencia de que en el análisis de la deuda municipal debería figurar el monto correspondiente a los sueldos del mes de diciembre 2017, de lo cual no se hace referencia, siendo que los mismos oscilan alrededor de 35 millones de pesos”.
En este punto, el dirigente radical explicó en qué consiste la irregularidad: “en el ejercicio presentado por el intendente no se observan el monto correspondiente a sueldos del mes de diciembre del año 2017 (los cuales fueron abonados durante el mes de enero de 2.018) recordando que el ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año, tampoco se observa dicho monto como deuda, ni como Residuos Pasivos, ni como Órdenes de Pago impagas ni como Obligaciones del Tesoro pendientes de pago. Al no ser tenido en cuenta estas cifras, y no figurar en ningún lado; la Cuenta General del Ejercicio 2017 no refleja cabalmente la ejecución presupuestaria.”.
Por otra parte, Viale indicó que, “del análisis del Ejercicio Económico se destaca notablemente la subutilización de las cuentas de afectación específicas por cifras que superan los 150 millones de pesos, que tiene su correlato con declaraciones del intendente quien expresó en conferencia de prensa que el municipio dispone de 197 millones de pesos para ejecutar obras (que esperan), demostrando así una vez más la gran presión tributaria que ejerce el municipio sobre el vecino y la incapacidad de gestión. Es de destacar que el superávit primario que informa la resolución del Tribunal de Cuentas Municipal es de $246.541.921,40”.
Esta situación, denunció Viale, “tiene su correlato con la baja ejecución presupuestaria de las principales secretarías: Economía y Finanzas 62%; Turismo 64%; Desarrollo Urbano Ambiental 67%; Calidad Institucional 56%, preguntándose para qué presupuestar tanto si no se ejecuta después”.
“Solo nos queda reflexionar que de esta manera se sobredimensionan los presupuestos para justificar el aumento de los impuestos y tarifas, lo que combinado con el buen comportamiento fiscal del vecino al pagar sus impuestos, logra un excelente colchón para mantener un inmenso aparato burocrático con alrededor de 1.400 empleados”, finalizó.
30 días
El dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el balance 2017 ingresó oficialmente al Concejo de Representantes en la sesión del último jueves. A partir de esa fecha, el cuerpo legislativo dispone de un plazo de 30 días hábiles administrativos para “examinar, aprobar o rechazar” la Cuenta General del Ejercicio, que se tendrá por aprobada si no es observada. La falta de tratamiento del balance por parte de los ediles “configura seria irregularidad”, advierte la Carta Orgánica Municipal.
Nota correspondiente a la edición n° 515 del semanario La Jornada, del 21 de mayo de 2018.
