Por Alejandro Gómez

El avilesismo impidió, en el Concejo de Representantes, la conformación de una comisión que investigue las irregularidades en el marco de la licitación del servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz.

La propuesta, impulsada por el edil Gustavo Molina y apoyada por Walter Gispert, Oscar Sequeira, Natalia Lenci, Omar Ruiz y Laura Orce, pretendía que a través de un decreto los tres vicepresidentes del cuerpo legislativo sean designados para elaborar un informe deslindando responsabilidades “por la falta de notificación en tiempo y en forma del decreto del D.E.M solicitando el nombramiento de veedores para la apertura de sobres”, y “por la omisión del art N°48 en el texto de la ordenanza Nº6273 de las publicaciones oficiales en medios gráficos y el boletín oficial”.

Tras un debate que se extendió por más de una hora, los seis votos del oficialismo (Alejandra Roldán, Mirtha Alessio, Carla Livelli, Soledad Zacarías, Hugo Bustos y Marcelo Cuevas) y el doble voto de la presidenta, sentenciaron la negativa.

Calificar como sainete el momento en que debió votarse el proyecto por segunda vez, tras el empate en la primera, sería más que apropiado. Y si no fuera porque está en juego la escasa transparencia que rodea la licitación del servicio más oneroso para la ciudad, y que se trata de funcionarios públicos electos por el voto popular, hasta podría ser realmente divertido.

Sucede que cuando Roldán se aprestaba a poner el proyecto a votación por segunda vez se dio cuenta que faltaba Zacarías, quien se había ausentado de la sala con lo que el oficialismo quedaba en minoría. Entre risas, le dio la palabra a Bustos con el solo objetivo de hacer tiempo, lo cual el edil hizo –obediente- apelando a lo que en la jerga se denomina ‘sarasa’. Palabras sin ton ni son durante algunos minutos hasta que volvió Zacarías y allí sí, con los seis votos asegurados, Roldán puso a votación el proyecto. Tras la ratificación del rechazo hubo más risas entre los allegados, festejando la ocurrencia.

Una verdadera vergüenza.

 

Argumentos

Hablar de debate no sería oportuno. Por un lado, hubo una andanada de argumentos por parte de la oposición a favor de la necesidad de garantizar la transparencia. Desde el oficialismo, en tanto, el único que habló en un tibio y confuso intento de defender el rechazo, fue Bustos.

Pero repasemos.

Molina sostuvo que el Concejo “necesita un informe por escrito para aclarar la situación, encontrar transparencia y echar luz sobre los procedimientos administrativos y legislativos”.

“Los tres vicepresidentes estarían en condiciones de iniciar un proceso de recabar datos que nos permitan arribar a conclusiones que traigan transparencia y tranquilidad”, insistió. Y tras pedir el acompañamiento al proyecto, puntualizó que de los tres vicepresidentes, dos (Cuevas y Bustos) “pertenecen al bloque que apoya con más efervescencia las decisiones del ejecutivo”.

La defensa de la postura del oficialismo recayó en Bustos. El edil ensayó una fundamentación bastante confusa donde, entre otros aspectos, señaló que la conformación de esa comisión estaría en contradicción  con la Carta Orgánica y el reglamento interno. “Se estarían vulnerando las atribuciones y deberes de los concejales. No se puede obligar a un concejal a emitir una opinión sobre una situación que escapa a la mera visión del mismo”, dijo. Y se preguntó: “¿Estamos en condiciones nosotros mismos de deslindar responsabilidad sobre nosotros mismos, el ejecutivo u otros órganos que son parte del municipio”.

“Creo que no”, respondió.

Le siguió en el uso de la palabra Gispert, quien arrancó contestándole a Bustos: “El decreto no entra en colisión con la Carta Orgánica”.

“La discusión es saber qué pasó. Presentamos un proyecto para que el ejecutivo establezca un proceso administrativo para deslindar responsabilidad, pero no fue tratado. Y queremos que esto se esclarezca porque hay cosas que no las podemos esclarecer porque no está la documentación suficiente”, afirmó.

Realizó luego un pormenorizado repaso por las irregularidades del proceso de licitación de la basura, incluyendo la demora de Avilés para enviar los pliegos, la suspensión del primer llamado por la publicación incompleta de la ordenanza y la última impugnación por no haberse respetado los plazos mínimos de publicación.

“No sé cómo van a explicar que para la licitación más importante de la ciudad, al tribunal de Cuentas se le informó el día antes”, alertó.

Trajo a colación los 129 mil pesos que se gastaron para la primera convocatoria que debió suspenderse porque se publicó el pliego sin el artículo 48, y afirmó que “no sabemos quién es el responsable o quién los va a poner”.

“El gobierno tiene altos niveles de rumores y sobre todo cuando hay una crisis todos se quieren sacar el sayo. Algunos dicen que la ordenanza de acá (Concejo) salió mal y otros que de acá salió bien. Queremos saber qué pasó.

Porque es muy grave que de acá haya salido mal, pero mucho peor es que hayan sacado el artículo del frente (ejecutivo). En ese caso no es un error, es una acción adrede”, planteó.

Consideró indispensable deslindar responsabilidades “para que los carlospacenses sepan cuál fue el error, quién devuelve la plata y quien tendrá que irse porque no cumplió su función. Está en juego la credibilidad de este cuerpo y la del tribunal de Cuentas”.

A su turno, Lenci (fue veedora por la minoría en la apertura de sobres y presentó una impugnación formal de todo el proceso por las distintas irregularidades) hizo foco en la “gravedad” de lo que se está discutiendo. “Es importante no solo una comisión del Concejo que pueda investigar los hechos y las responsabilidad de cada uno de los funcionarios, sino también una investigación administrativa del ejecutivo.

Si no es este procedimiento el que Carlos Paz Unido quiere, que haya otro, pero que se esclarezca y podamos contar con un documento certero de cómo fueron los hechos y quien tuvo responsabilidad”, expuso.

Orce, en tanto, reparó en que, “hubo recursos en juego, que son del ciudadano, y hay responsabilidades”, y apuntó como un “error grave” que haya documentación sin fecha de recibido. Después, se lanzó sobre los ediles del oficialismo: “si vamos a decir que estamos preocupados y que hay que investigar, entonces abordemos el tema de manera tal que eso se permita, sino solo son declaraciones para la tribuna”.

“¿Queremos saber o no qué ocurrió?”, disparó.

Roldán sólo pidió intervenir para salir al cruce de los que habían hablado de “autoincriminación” para referirse al hecho de que ella reconoció el error de no haber notificado del decreto.

“Se usó la palabra autoincriminación y eso es cuando uno se responsabiliza de un crimen. No lo hice. Decir que me autoincriminé es tratarme de delincuente. Yo me hice responsable de un error en la entrega del decreto, que desconocía que se había recibido. Me hice responsable de lo que hizo la secretaría legislativa que fue un error involuntario”, explicó.

Tras esto, el sainete de la votación.

“En uso de mis atribuciones uso el voto doble. No hay número suficiente”, dijo, y dio por finalizado el tratamiento del proyecto.

 

Nota correspondiente a la edición n° 492 del semanario La Jornada, del 19 de noviembre de 2017.

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