Por Evelina Ramírez
Las distintas luchas ambientales que se han dado en Villa Carlos Paz en los últimos años han generado una masa crítica de ciudadanos que, ante cada espacio de expresión abierto, vuelve a repetir su contundente rechazo a que sigan avanzando las construcciones sobre las laderas montañosas.
Así se vio en la última audiencia pública donde se puso a consideración de los vecinos la reglamentación de las áreas protegidas AP1. Se trata de la normativa mediante la cual se establece la intangibilidad del sector Este de la ladera montañosa, delimitado por la ordenanza 5310 sancionada en el año 2010.
Si bien se consideró que la iniciativa es un avance en el cuidado del faldeo serrano, hubo críticas en el sentido de que deja abiertas “algunas ventanas” para que se puedan llevar adelante distintas intervenciones. Además, piden que sea más precisa por ejemplo a la hora de hablar de emprendimientos preexistentes.
Desde el centro vecinal Alto de las Vertientes, su presidenta, Carmen Pratto, subrayó la necesidad de derogar la ordenanza 4850 que pretende regular el emprendimiento inmobiliario View Lake, aprobado originalmente como el country Le Quartier de la Montagne.
“En la nueva ordenanza traen la 4850 y le están dando entidad, cuando nosotros tenemos muchos argumentos para pedir la derogación”, dijo. Y criticó que el proyecto utiliza términos “demasiado amplios que habilitan diferentes interpretaciones”.
“No le tenemos miedos a los juicios. Tenemos sobrados argumentos y documentos que avalan que no se puede construir y la justicia fallaría a nuestro favor”, remarcó.
Aunque valoró que en tres últimos años “se suspendieron los trabajos” en el polémico emprendimiento, abogó por la sanción de una ordenanza que lo frene definitivamente. “Pedimos la derogación y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Hay unidad barrial”, advirtió.
En este sentido, cabe reparar en el detalle que todos los vecinos que se identificaron como habitantes del barrio Altos de las Vertientes, se expresaron a favor de la derogación de la ordenanza 4850. Una de ellas fue Marta Sánchez, que desde los comienzos de la pelea en contra de la instalación de Le Quartier, viene planteando la necesidad de preservar las laderas montañosas.
Recordó que la formación del centro vecinal estuvo vinculada a la protección de la montaña y que a lo largo de los distintos gobiernos, las opciones siempre fueron entre la naturaleza y el dinero. “Los funcionarios de turno siempre le dieron concesiones al dinero en detrimento del medio ambiente. Fueron dando autorizaciones, decretos, resoluciones, ordenanzas”, expresó.
Insistió en la necesidad de que se derogue al ordenanza 4850. En este sentido remarcó que “es un cuco” el tema de los juicios y que hay argumentos técnicos, jurídicos y ambientales que refuerzan la posibilidad de dejar sin efecto esa normativa, sancionada en el año 2007 y que permitió el avance del emprendimiento inmobiliario Le Quartier de la Montagne.
Y explicó: “La ordenanza 4850 no tiene razón de ser. Fue hecha para legalizar un barrio privado de la empresa Green Time. Posteriormente esos terrenos fueron vendidos. Green Time no existe más. Le Quartier no existe más.
“Ahora rompen la montaña. Pero no sabemos quiénes son. No tienen ninguna titularidad sobre las parcelas que están interviniendo. Hemos ido a averiguar a Catastro de la provincia y no hay nada. No tiene la titularidad de las parcelas, sin embargo han roto la montaña”, dijo Sánchez.
Además indicó que hay dictámenes del doctor en Biología, Raúl Montenegro, y del por entonces defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que acreditan ilegalidad e inaplicabilidad de la normativa.
En cuanto a los terrenos del Tercer Cuerpo del Ejército ubicados en el ingreso a la ciudad, el proyecto habilita espacios para desarrollar “infraestructura estratégica”. Desde la ONG Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio) exigieron “más especificidad”, teniendo en cuenta que en algún momento se habló de instalar allí un parque industrial, algo a lo que se oponen de manera terminante.
En este sentido, Laura Colladón se mostró “totalmente de acuerdo con la intangibilidad”, pero aclaró que la ordenanza debe ser “más restrictiva”, sobre todo en el caso de los emprendimientos preexistentes aprobados. “Sabemos que hay construcciones que no están debidamente autorizadas”, aclaró.
A lo largo de la audiencia los ediles fueron nuevamente interpelados por los vecinos, y quedó clara que la postura que primó fue la proteccionista.
Habrá que ver, ahora, si se introducen modificaciones al proyecto dándole lugar a las sugerencias y reclamos, o avanzan en la aprobación del texto tal como lo envió el departamento Ejecutivo.
¿Qué dice el proyecto de reglamentación?
La ordenanza establece un área protegida intangible a partir de la poligonal trazada por la ordenanza 5310. Dicho sector queda comprendido “dentro de las líneas de límite de ejidos de las localidades de Malagueño y San Antonio de Arredondo colindantes con el ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la línea continua que se identifica con las referencias catastrales”, indica el artículo uno de la citada normativa.
Sobre ese predio “se deberán guardar las condiciones del ambiente natural, evitando su degradación actual y futura”, indica la propuesta aprobada por el Concejo el viernes pasado. De modo que toda la biodiversidad incluida dentro de estos límites no se podría modificar bajo ningún concepto.
Quedan exceptuadas de esa consideración los siguientes sectores:
1) Área Protegida Ocupada preexistente, que corresponden a todas las parcelas ya intervenidas con equipamientos y/o viviendas y/o con proyectos de urbanizaciones aprobados a la fecha de promulgación de la presente. A los fines de su reglamentación se definen dos categorías.
- a) Área Protegida Ocupada Preexistente con Equipamientos Recreativos y/o Educativos: áreas ya ocupadas por equipamientos con destino cultural, recreativo y /o deportivo existentes, previos a la sanción de la presente. Esto comprende el Complejo Turístico Recreativo Aerosilla, el recorrido turístico religioso camino a La Cruz, el Parque Recreativo-Educativo Natural Protegido Sol y Río, el Complejo Turístico Recreativo y Deportivo Parque de Montaña (del Rally) y el Aula Ambiental.
- b) Área Protegida Ocupada Preexistente con uso Residencial: áreas sobre las que se encuentran localizados proyectos de urbanización ya aprobados por Ordenanza especial y/o urbanizaciones ya consolidadas previas a la sanción de la presente. Por ejemplo, el proyecto de Urbanización previsto por Ordenanza Nº 4850 (View Lake), entre otros loteos ya aprobados.
2) Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico: esta es la excepción más polémica, puesto que incluye los terrenos del III Cuerpo de Ejército sobre los cuales organizaciones como Funeat, Phuma y Funam vienen reclamando su protección considerando los servicios ambientales que brindan.
Este sector comprende: a) Los predios de propiedad del Estado Municipal ubicados a ambas márgenes de la variante Costa Azul de la Autopista Justiniano Allende Pose, en los que se encuentra localizada la Planta de Deposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, la Planta Potabilizadora de Agua y la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. b) Aquellos originalmente destinados a Cantera Municipal, hoy desactivados para ese uso. c) Playa de Estacionamiento vehículos de gran porte. d) Cementerio Municipal. e) Y todos aquellos otros proyectos necesarios para el desarrollo local futuro ubicados en los predios del Estado Municipal.
Posiciones y definiciones
Tras desarrollarse la audiencia, se comenzaron a conocer los posicionamientos en torno a la discusión. Una de los que habló del tema fue el presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien expresó: “No podemos tomar medidas que le signifiquen juicios al futuro gobierno”.
El parlamentario valoró positivamente la audiencia pública realizada y dijo: “Se abordó un tema que está muy enraizado en la sociedad como es el de los faldeos serranos. Hubo planteos muy importantes”, dijo. No obstante advirtió que “una minoría aprovechó la audiencia para plantear otras cosas, utilizando el espacio para una cuestión electoral”.
“Nuestro gobierno los deja hablar. Es la propia sociedad la que va a juzgar a los vecinos que aprovechan un espacio público común para otros intereses”, opinó.
Sobre el desarrollo de la audiencia, consideró que “la mayoría de los vecinos y vecinas que participó lo hizo desde una perspectiva crítica a la ordenanza, en algunos casos con planteos concretos de poder resolverlos”.
Si bien reconoció que “hay cosas que se pueden sumar a la ordenanza, previo dictamen de lo jurídico”, advirtió que desde el Concejo deben ser “muy cuidados”.
“No podemos tomar medidas que le signifiquen juicios o problemas económicos al futuro gobierno. Debemos ser responsables”, remarcó.
Prácticamente del mismo tenor fueron las declaraciones del asesor letrado y secretario de Gobierno del municipio, Juan Villa, al ser consultado sobre la posibilidad de derogación de la ordenanza 4850. “Frente a este tipo de cuestiones, los gobiernos pueden asumir dos criterios: no hacer nada o tomar una medida simpática, total los platos rotos de la decisión los terminará pagando otra administración; o de lo contrario, agarra el toro por las astas y actuar con responsabilidad.
“Hoy por hoy, plantear una derogación lisa y llana supone un análisis, en términos legales y patrimoniales del erario público, muy seria. Por eso consideramos que una derogación lisa y llana sería algo que a futuro puede resultar algo sumamente gravoso en términos económicos al municipio. Desde la parte que me toca ocupar, me parece que hay que actuar con responsabilidad”, dijo.
Y añadió: “Tomar una decisión de esas características hoy sería una medida altísimamente demagógica y este gobierno tratará de no hacerlo. Reitero, no nos parece serio”.
El funcionario valoró la calidad del aporte y la información proporcionada por los vecinos. “Creo que toda ordenanza es perfectible. Tiene errores y es mejorable. Por lo que me comentaron, los vecinos tuvieron exposiciones muy interesantes. Me parece que los señores concejales deben haber tomado nota de eso y seguramente podrá avanzarse en algún retoque”, afirmó y remarcó: “No creo que nada de lo que se dijo en la audiencia caiga en saco roto. Pero no se podrán tomar todas las cuestiones”.
Consultado por el mismo tema, el edil peronista Adrián Lizarriturri dijo que el proyecto evidencia el doble discurso del oficialismo. Y que en primera lectura acompañó con su voto para dar lugar a la realización de la audiencia pública.
“El proyecto plantea la intangibilidad en algunos lugares de la montaña y después se le da carta abierta, por ejemplo en los terrenos del III Cuerpo de Ejército, donde se hizo el playón de estacionamiento. Allí también se prevé la construcción de una Terminal y de un área de industrialización. Otra vez nos encontramos con este doble discurso del oficialismo”.
Consultado sobre la posibilidad de derogar la ordenanza 4850, Lizarriturri no quiso adelantar posición. “Son temas muy complejos y hay que ver si esta nueva ordenanza de la AP1 se votará ahora o se dejará para el próximo Concejo”.
Está claro que los concejales deberán afinar un poco más el lápiz para dejar conforme a la población que reclama la protección de la ladera montañosa. Como decíamos al comienzo de la nota las sucesivas luchas ambientales han dado han generado una masa crítica de ciudadanos que sigue reclamando la protección de las laderas montañosas. Escuchar ese reclamo y ser consecuente con el rol de representación que el pueblo delega en las autoridades legalmente constituidas a través del voto, también es un acto de respeto y responsabilidad.
Las objeciones de la senadora Morandini
Durante la audiencia pública también hizo uso de la palabra una asesora de la senadora Norma Morandini. Al cierre de esta edición, llegó a la redacción de La Jornada un documento donde se puntualizan las objeciones que la parlamentaria nacional plantea a la ordenanza de reglamentación de las AP. Aquí un breve resumen:
- Pretender imponer una regulación sobre tierras que no integran el ejido de Villa Carlos Paz es jurídicamente inviable. Aun cuando la Legislatura de la Provincia de Córdoba se avenga a aprobar esa extensión del radio municipal en el corriente año -como aseguran funcionarios locales-, corresponde que ese acto preceda a cualquier decisión que se adopte sobre el territorio. Si primero se regula sobre tierras que no pertenecen a la jurisdicción y luego se extiende la jurisdicción estamos ante un proceso ilegal. La Ordenanza N° 4021, que se pretende modificar, es ilegal en tanto regula el uso de tierras extrajurisdiccionales y no cumple el objetivo de intangibilidad. ¿Convalidarán, entonces, un nuevo acto ilegal?
- ¿Qué alcance tiene una ordenanza que impone normas sobre tierras que están fuera de su jurisdicción? ¿Cómo se ejerce el control gubernamental sobre aquello que no es propio? ¿Si en la actualidad el control sobre lo que no es propio es nulo o limitado, por qué creer que será diferente con esta modificación?
- ¿Estamos convalidando usos irregulares que se permitieron desconociendo la Ordenanza N° 4021? ¿Esta modificación no revela la incapacidad del Municipio para controlar su aplicación? ¿Qué garantiza que no sucederá lo mismo en el futuro?
- ¿Bajo qué excepción se permitirá que, en tierras categorizadas como Área Natural Protegida No Urbanizable por la Ley de Uso del Suelo del Área Metropolitana de Córdoba se localicen más proyectos de “Infraestructura de Servicios y Equipamiento a Escala Urbana” propuestos? ¿Se ha considerado que aun cuando el Municipio no adhirió a esa ley, por tratarse de jurisdicción provincial ésta tiene plena vigencia?
- ¿Qué consideraciones se hicieron sobre el desmonte de 52 has afectadas al enterramiento de basura, toda vez que están protegidas como zona roja por la Ley de Bosques, según datos aportados por la Dirección Nacional de Bosques?
- El basural existe desde hace décadas y produce innegables pasivos ambientales que se reducirían con su remediación, pero no se anularán. Localizar en el mismo predio el enterramiento sanitario y la planta de selección de la basura incrementará ese pasivo sobre el área circundante. ¿Por qué el proyecto de ordenanza ignora la existencia del basural, que menciona como “Planta de Deposición Final de Residuos Sólidos Urbanos”?
Nota correspondiente a la edición n° 371 del semanario La Jornada, del 14 de junio de 2015.
