Una polémica de gran porte

Por Evelina Ramírez

En el comienzo del fin de semana largo se vio lo que desde distintos sectores vinculados al turismo habían advertido: la dificultad (algunos hablaron directamente de imposibilidad) de aplicación de la ordenanza que prohíbe la circulación de los colectivos de gran porte en la ciudad.

Este sábado por la mañana, los colectivos que traían contingentes del turismo estudiantil y otros grupos se vieron demorados por el control que instaló el municipio de Villa Carlos Paz, donde se los informó sobre la ordenanza vigente.

Cabe recordar que según lo dispuesto por la normativa, estos grandes colectivos sólo pueden ingresar para dejar a los pasajeros en el hotel y luego para buscarlos cuando finalice la estadía. El tiempo establecido para realizar la tarea de ascenso y descenso es de 40 minutos como máximo, permaneciendo durante este lapsocon motor apagado.

Para el traslado de los contingentes por la ciudad, se deben contratar vehículos de menor tamaño. La ordenanza también establece que estos vehículos menores “no podrán pernoctar en la vía pública, y tendrán un tiempo de veinte minutos para realizar las tareas de ascenso y descenso de los pasajeros”.

Las demoras ocasionadas por el control municipal hicieron que los colectivos se acumulen unos tras otros a lo largo de varias cuadras esperando el visto bueno de los inspectores para poder ingresar a Villa Carlos Paz. Incluso hubo contingentes que perdieron sus primeras excursiones, lo cual generó mucho malestar.

 

Larga data

El único punto en común que hay en torno a este tema es que se trata de una problemática de larga data. Así lo expresaron los distintos actores que han tenido intervención en el tema: empresarios, instituciones intermedias, municipio y vecinos particulares. Todo lo demás, es disenso.

Lo lamentable del tema es que –una vez más- el municipio se ha negado a generar instancias de diálogo e intercambio de opiniones para generar la mejor ordenanza que pueda ser considerada una solución definitiva al problema. Es la forma de gobernar que tienen Avilés y sus funcionarios.

La ordenanza 4325 que prohíbe la circulación de vehículos de gran porte data del año 2004. Luego tuvo sucesivas modificaciones: en 2012, en marzo de este año, hace 15 días y –el último cambio-, el jueves pasado (ver recuadro aparte).

Lo cierto es que la normativa no deja conforme a nadie. Los empresarios se quejan de tener que contratar más vehículos para el traslado de los contingentes, lo cual encarece el servicio y le resta competitividad a la ciudad con respecto a otros destinos. Y los vecinos plantean que en realidad los vehículos de gran porte siguen circulando por la ciudad, puesto que la misma ordenanza contempla la posibilidad de realizar excepciones. La norma no detalla cuál es el criterio para definir esas excepciones. Solo dice que, “los casos excepcionales serán debidamente autorizados por la Dirección de Servicios Públicos en forma expresa, cuando éste sea solicitado con la debida antelación”.

El municipio, a su vez, arguye que es una ordenanza vigente hace mucho tiempo. “Yo soy el ente de aplicación. Mientras haya una ordenanza vigente, la tengo que hacer cumplir”, se limitó a decir el director de Servicios Públicos, German Rivero.

Consultado sobre si alguna vez se reunieron con los actores sociales involucrados en el tema a los fines de consensuar las medidas, Rivero tuvo una respuesta evasiva: “Habría que preguntarles al Concejo o a través de la secretaría de Turismo qué cantidad de gente se ha acercado a querer dialogar”.

 

Reclamo empresario

Empresarios vinculados al sector turístico presentaron el lunes pasado una nota al municipio de Villa Carlos Paz pidiendo “dejar sin efecto transitorio la ordenanza que prohíbe la circulación de vehículos de gran porte, atento la imposibilidad de su implementación y por consiguiente el fuerte impacto en el turismo local que a su vez contiene un fuerte efecto en la economía general”.

La nota está acompañada por las firmas de más de mil vecinos, comerciantes, trabajadores y proveedores “que van a ver afectada su economía; habitantes de Villa Carlos Paz que se van a ver y ya se están viendo afectados por la imposibilidad de la ordenanza, de trabajar”.

También respaldan el pedido “pasajeros tuvieron problemas para movilizarse en la ciudad por el continuo acoso de los inspectores de tránsito”.

La medida fue anticipada durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el mismo día en la confitería del hotel Los Sauces. Allí, los empresarios hoteleros Rodrigo Serna, Leonardo González, y Adriana Giaccone acompañaron a la asesora letrada de la firma Flecha Bus, Alicia Vargas.

“Hemos conseguido mil firmas de empresarios de Carlos Paz y el resto del país y personas que se verán afectadas por esta ordenanza que está en vigencia y es de difícil aplicación”, destacó Serna, y opinó que la cantidad de excepciones que el municipio debió autorizar, demuestran “que la regla no es funcional”.

“Hay que volver a trabajar sobre esta ordenanza para que sea para todos”, acotó.

Por su parte, Vargas expresó que Flecha Bus, como empresa, se ve afectada “en forma directa” por la incidencia en los costos que deriva de la aplicación de la ordenanza.

“Esta problemática supera lo netamente empresarial. Es una medida política que afecta a toda la región. Detrás de nuestro planteamiento están muchas otras empresas y trabajadores”, señaló.

Y apuntó que es necesario rever la normativa porque “no tiene análisis de factibilidad”.

“Por cada colectivo de doble piso se van a necesitar otras dos unidades más chicas, que no se condicen ni para traslados de media distancia, ni tienen las condiciones de seguridad que sí tienen los colectivos de doble piso. En Carlos Paz no hay un parque automotor acorde y tampoco sabemos si el personal está capacitado, por lo que vemos imposibilidades para aplicarla de manera inmediata”, explicó.

Aclaró que la presentación de la nota “no es una movida política ni contra el gobierno; es gente preocupada por Carlos Paz, si esto encarece los costos o nos quitan seguridad es mala propaganda para la ciudad y muchas empresas ya están optando por otros destinos que aprovechan esto como mecanismo de difusión”.

Lo que se pide, precisó Vargas, es la apertura de una mesa de diálogo donde estén todos los sectores involucrados para que puedan aportar soluciones “en favor de la ciudad y los vecinos”.

“Así como está la ordenanza no ayuda a nadie, ni a los vecinos ni a los operadores ni al turismo. Esto va a afectar a todos y más que un problema empresarial se va a generar un problema social”, advirtió. Además, reclamó a las autoridades “que no haya represalias contra los firmantes” de la nota.

“No queremos confrontar, queremos trabajar en conjunto”, expresó.

Por su parte, Rivero insistió en que “nuestro rol como funcionarios públicos es hacer cumplir la ordenanza vigente”.

“La opinión de los empresarios siempre es válida, no la cuestionamos. La base de su fundamento es el perjuicio económico que dicen que les implicará esta ordenanza. Pero todos saben lo que los vecinos nos han reclamado que hagamos cumplir la ordenanza. Hasta que no haya un recurso de amparo avalado, nosotros como funcionarios tenemos que hacer cumplir la ordenanza”, expresó.

 

El planteo de los vecinos

Los vecinos también reclaman por la falta de cumplimiento de la ordenanza. En este caso, apuntan a las excepciones que la dirección de Servicios Públicos define de manera discrecional. “La ordenanza no se cumple. El mismo 15 de septiembre (fecha en la que se declara el comienzo de la temporada estudiantil, y de la aplicación estricta de esta ordenanza), llamé a la municipalidad y la respuesta que me dieron es que tuviéramos paciencia”, dijo Liliana Picatto, presidenta del centro vecinal Costa Azul Sur.

“Los contribuyentes de esta ciudad tenemos que tener paciencia y dinero en los bolsillos para pagar nuestros impuestos. Los colectivos no van al playón. En mi barrio he visto ómnibus estacionados en cada hotel. Se han ido con los pasajeros a la excursión que han querido con el mismo colectivo que los trajo”, enfatizó y resumió: “Esto es un caos”.

Desde la Fundación Educación Ambiente y Trabajo (FUNEAT) también hicieron una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que intervenga en el tema. La nota ingresada hace referencia a los planteos que vienen haciendo desde el momento de la instalación del playón de estacionamiento en la Variante Costa Azul, lugar donde supuestamente pernoctarían los vehículos de gran porte.

Desde la entidad habían objetado el Estudio de impacto Ambiental presentado por la firma +Eventos (concesionaria de la explotación del playón de estacionamiento), diciendo que estaba “hecho a medida” de las necesidades de la firma. También expresaron en reiteradas oportunidades que el lugar de emplazamiento del playón es una zona de reserva ecológica que brinda servicios ambientales que permiten mitigar el impacto que ya genera en el sector la presencia del basural a cielo abierto y la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

“Los vecinos año tras año vieron y ven vulnerados sus derechos al descanso, al respecto del ecosistema urbano donde viven siendo barrios residenciales, destrucción de árboles al paso de los vehículos y otros impactos en la vía pública. Se olvidaron de muchas otras cosas, entre ellos el diálogo, tan pregonado, pero casi nunca aplicado. Como resultado: una ordenanza inútil, con consecuencias impredecibles que enfrentan a ciudadanos con empresas”, expresa la nota presentada por la Funeat.

“Cuando una ordenanza nace mal y después la quieren solucionar con parches, es una norma que no sirve para nada”, consideró el ingeniero Juan Carlos Paesani, presidente de la fundación. Y remarcó: “Esa ordenanza no ordena absolutamente nada”.

 

ASHOGA ratificó su rechazo a la ordenanza y, una vez más, pidió diálogo

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA) ratificaron su rechazo a la ordenanza 4325 y sus modificatorias. A través de un comunicado, la entidad expresó su “preocupación por las modificaciones a la ordenanza 4325, referidas a las características, circulación y estacionamiento de vehículos de gran porte dentro del ejido municipal”.

“Reconociendo que es un problema de larga data, consideramos que esto no afecta sólo al turismo estudiantil sino a todo el turismo de grupo que va en crecimiento; además de que esta decisión carece de un estudio de impacto económico y urbano en vistas de una ciudad que en su misma Carta Magna se define como turística”.

Citando parte de lo que ya habían expresado en marzo de este año, ante la aprobación de cambios en la normativa, desde la Hotelera insistieron en que no están “haciendo una defensa corporativa del sector puntual, sino del sector económico que genera riqueza en la ciudad”.

“Por supuesto que en particular tenemos problemáticas que atañen de diferentes maneras a una ciudad que no es lineal, que ha nacido y crecido alrededor de un río y un lago,  y la hace particularmente difícil desde el punto de vista de la circulación. Tampoco es un problema entre vecinos y empresarios (…) Es un problema del gobierno municipal en el cual estamos todos involucrados y donde el gobierno no puede mirar para el costado porque está para emitir las normas, hacerlas cumplir y tiene el poder de policía”.

Respecto a las consecuencias, afirman que “primero afecta a la competitividad del destino porque el impacto directo es el aumento del costo: se necesitan dos o tres coches de menor tamaño para cubrir el traslado que antes hacía uno. Por otro lado, no está garantizada la prestación del servicio; sabemos que el parque automotor actual no está preparado para una cobertura de esta magnitud y no nos han dado garantías. Entonces esperamos que las políticas públicas tengan en cuenta conceptualmente y de manera generalizada la problemática. Y creemos que la manera de lograr eso es con diálogo, consenso y participación del sector involucrado; cosa que eso no ha habido en este caso”.

Por todo lo expuesto, creemos que “el Estado no ha hecho nada más que prohibir cuando en realidad la prohibición no existe porque los colectivos de gran porte van a seguir circulando. Nosotros reclamamos que se comprometa con el problema al igual que el empresariado  para llegar a una solución (…) y no vemos que esta ordenanza sea la solución”.

 

De parche en parche

En la última sesión del Concejo de Representantes se aprobaron por mayoría más cambios a la ya parchada ordenanza 4325. Las modificaciones fueron promovidas por el concejal del PRO, Marcelo Cuevas y apoyadas por los concejales Roldán, Alessio, Bustos, Zacarías, Livelli y Ruiz.

Los cambios se dieron de manera bastante desprolija y sin contar con los consensos. De hecho, fue un punto que se trató sobre tablas (es decir, ingresó en la semana y se trató en sesión sin ser discutido en comisión). Además, el concejal Cuevas propuso cambios a su proyecto en el mismo recinto. Para ser claros, presentó el proyecto y lo cambió en la misma sesión.

En lo concreto, Cuevas propuso suspender hasta el 31 de agosto de 2018 la disposición respecto de la longitud de los vehículos de gran porte. Es decir que, a los efectos de la aplicación dela ordenanza, se considerará vehículos de gran porte aquellos que tengan más de dos ejes y sean unidades de doble piso.

De esta manera dejó afuera hasta el 2018 la disposición en cuanto a la longitud del vehículo (la ordenanza 4325 incluye en la definición de vehículos de gran porte aquellos que excedían los 11,50 metros entre el paragolpe delantero y paragolpe trasero). El proyecto original de Cuevas directamente eliminaba la consideración en cuanto al tamaño de los colectivos.

El artículo 2 de la propuesta del edil del PRO deroga lo dispuesto en la ordenanza 6155 (aprobada por unanimidad en el Concejo hace apenas 15 días, en la sesión del 22 de septiembre). Concretamente esta ordenanza incluía el artículo 2º “bis” a la ordenanza 4325 el cual establecía que, “las unidades locales de una longitud total de hasta 13 mts. que estén habilitadas como servicio de transporte especial de pasajeros y/o agencias de turismo con servicio de transporte, pueden realizar sus movimientos por el corriente año en curso hasta el 31 de agosto de 2017.

“A partir del 1º de septiembre de 2017 deben contar con más de la mitad de unidades afectadas al servicio receptivo con una longitud máxima de 11,50 mts. La fecha en que se considera como locales a estas unidades de hasta 13 mts. es aquella en la que se halla registrada la misma en la Municipalidad, a nombre del prestador, debiendo ser con fecha anterior a la promulgación de la presente normativa. No incluye el mismo las unidades alquiladas por los prestadores luego de la entrada en vigencia de esta disposición.

“A partir del 1º de septiembre de 2018 todas las unidades afectadas al servicio receptivo deben estar en total acuerdo al artículo 2º de la Ordenanza 4325”.

Esta ordenanza, insistimos, fue derogada con los cambios que propuso Cuevas.

La cuestión del tamaño de los colectivos es un punto sensible. Lo que sucede es que hay empresas de turismo local que brindan servicios turísticos y excursiones por la ciudad, cuyos vehículos exceden los 11,50 metros. Con estos cambios, se les habilitará la circulación… hasta 2018, donde se les comenzará a exigir de nuevo la adecuación de los vehículos a los 11,50 metros.

Cuevas justificó las modificaciones aludiendo al “escaso tiempo que han tenido las empresas para adaptarse a la ordenanza” y porque “la temporada estudiantil está prácticamente en vigencia”. “Presentamos este proyecto para que el desarrollo turístico de nuestra villa no sea afectado”, aseveró.

Lo cierto es que los cambios aprobados sólo sirven para patear el problema para el 2018. Así lo expresó la concejala radical Natalia Lenci, quien afirmó que habría acompañado el proyecto de Cuevas sin los cambios que le hizo a último momento.

“Consideramos que esta modificación es poner una limitante a un problema que seguirá existiendo”, dijo y añadió que la ordenanza 4325 “viene de parche en parche”. En esa línea consideró que “hay un montón de cosas que rever”, entre las que mencionó la determinación de corredores principales para que los colectivos de gran porte puedan circular.

“Creo que es poco serio y poco responsable ir haciendo modificaciones sobre modificaciones sin estudiar en profundidad el tema”, consideró.

Por su parte, el edil avilescista Hugo Bustos justificó su acompañamiento a los cambios diciendo que “no fue fácil confeccionar” la ordenanza que regula la circulación de los colectivos de gran porte. Y añadió: “Como toda ley, es perfectible. De los errores siempre se aprende. En la política y en el Concejo, siempre vamos aprendiendo sobre la marcha y analizando lo que nosotros creemos que es lo más conveniente para la ciudad, los comerciantes y los vecinos”.

Por su parte, Walter Gispert reconoció que fue un error haber aprobado en marzo de este año la ordenanza 6106 que también modificaba la 4325. “Nos dijeron que estaba todo acordado y resulta que no era así. Esto es un escándalo”, admitió.

Además calificó de “inédito” que una ordenanza se trate sobre tablas y, además, se la cambie en la misma sesión. “No dan ni tiempo a estudiar los cambios”, recriminó.

 

Nota correspondiente a la edición n° 437 del semanario La Jornada, del 09 de octubre de 2016.