Parece un chiste de mal gusto pero es la realidad. Una mujer que se hizo pasar por médica atendió durante tres años aproximadamente en el dispensario municipal de barrio Colinas de Villa Carlos Paz.
La noticia fue publicada por La Jornada Web el lunes 5 de noviembre y la primera reacción de la gestión que encabeza el intendente Esteban Avilés fue intentar ocultar esta información, aprovechando el blindaje mediático del que goza.
Sin embargo, el alcance de La Jornada sumado a lo escandaloso del episodio, permitió que el jueves siguiente la noticia rompiera el cerco comunicacional y se instalara en la agenda provincial.
Recién allí se admitió, oficialmente y en público, que una médica ‘trucha’ había sido contratada por el municipio para atender en el dispensario del populoso barrio Colinas.
Quien salió a dar explicaciones fue el Asesor Letrado y secretario de Gobierno, Juan Villa.
Según el texto difundido por el área de Prensa, el jueves 1 de noviembre de 2018 la secretaría de Salud Pública, a cargo de Rubén López, tomó conocimiento que una trabajadora del Centro de Salud de barrio Colinas “no reviste calidad de médica” y que entregó “documentación apócrifa a los fines de obtener su contratación”.
“En forma urgente se procedió a desvincular la relación laboral que la misma mantenía con el municipio, y se acudió el lunes 5 de noviembre a la Unidad Judicial con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Turno II de Villa Carlos Paz para realizar la denuncia correspondiente, caratulada como Ejercicio ilegal de la medicina”, detalla el parte oficial.
Villa precisó que, “como consecuencia de una cuestión administrativa rutinaria que realizó la trabajadora, vinculada a la ART y a la matrícula, se constató de que su matrícula no existía. A partir del momento el secretario de Salud Rubén López citó a la trabajadora en cuestión, quien inicialmente negó los hechos ante el mismo y la directora y sub directora del Hospital Municipal; y finalmente en una crisis emocional admitió esta situación e incluso que se lo había ocultado a su familia. Naturalmente esto terminó en el inmediato cese del contrato con la misma”.
“En el caso de la municipalidad trabajaba de lunes a viernes en el Centro de Salud Colinas, pero además tenemos constancia que trabajaba en el ámbito privado dentro de Villa Carlos Paz y con antecedentes laborales en la ciudad de Córdoba, según surge de su currículum presentado ante la municipio antes de ser tomada. Su maniobra engañosa ha tenido ramificaciones hacia distintas áreas, clínicas privadas, atenciones de emergencia, ente recaudador público, el Colegio de Médicos y la Universidad Nacional de Córdoba”, destacó Villa. E indicó: “Se presentó y actuó en todo momento como una generalista, por lo cual hay cierto límite en cuanto a la gravedad de las cuestiones que tenía bajo a su control, que evidentemente le ha permitido evitar la mala praxis en lo que el municipio conozca, y no sabemos en el resto de las clínicas o sanatorios”.
Nada dice la información oficial, hasta el día de la fecha, sobre cómo la mujer logró atravesar los controles que deberían existir en el municipio a la hora de contratar personal, sobre todo en un área tan sensible como es el de la salud. Y aunque se conoció que Avilés ordenó una investigación interna para deslindar responsabilidades (ver aparte), el procedimiento genera muchas dudas.
La denuncia penal recayó en la fiscalía de segundo turno a cargo de Ricardo Mazzuchi quien, entre otras medidas, ordenó allanar el dispensario de Colinas y secuestrar más de mil historias clínicas de pacientes que habrían sido atendidos por la falsa doctora (desde octubre de 2015), identificada como María Soledad Argüello.
Dos caminos, dos respuestas
El escándalo es de una gravedad inusitada. Y bien vale hacer una aclaración.
La situación de la médica ‘trucha’ reclama respuestas por dos vías diferentes. Por un lado, la acción penal contra la mujer que, si es hallada culpable de haber ejercido ilegalmente la medicina deberá pagar su delito de acuerdo a la sentencia que disponga la justicia.
Por otro, existen claramente responsabilidades de tipo político que merecen una respuesta en el mismo idioma.
Cuando surgió la noticia la pregunta obvia fue, cómo pudo esta mujer atravesar los controles que deben existir a la hora de contratar profesionales de la salud, sin que nadie notara que la documentación era apócrifa. Y en este punto bien vale acotar que el Consejo Médico de Córdoba consideró que verificar la matrícula es un trámite “muy simple”. Pero nadie lo hizo.
Por eso, queda claro que alguien falló. Y se apunta en primer lugar al secretario de Salud Pública, Rubén López, y a funcionarios directamente involucrados en la contratación como el secretario de Gobierno y Asesor Letrado, Juan Villa, que en aquel momento también tenía a su cargo el área de Recursos Humanos; el defensor del Pueblo, Daniel Mowszet, porque en esa época se desempeñaba como coordinador de los Centros Periféricos; y obviamente el intendente Esteban Avilés como máximo responsable.
Desde la oposición, el concejal Walter Gispert impulsó un pedido de interpelación contra López. Entre otros aspectos, pretendía que el funcionario responda “si se determinaron responsabilidades, si existió, sobre quién o quiénes contrataron a personal que no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación”. La iniciativa fue bloqueada por el oficialismo legislativo, absolutamente funcional a las instrucciones de Avilés.
Pero la cuestión va más allá de lo administrativo y también tiene implicancias legales.
Es que el artículo 253 del Código Penal, incluido en el Capítulo IV que aborda ‘Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos’ determina que, “será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.
En este contexto, las evasivas y el intento de presentar al municipio como una ‘víctima’ no alcanzan.
Hacen falta respuestas claras, aunque Avilés prefiera el silencio.
¿Pueden los funcionarios investigarse a sí mismos?
El escándalo por la contratación de la médica ‘trucha’ que atendió durante tres años en el dispensario de barrio Colinas de Villa Carlos Paz sumó ahora un capítulo ‘administrativo’.
Es que, obligado por las circunstancias, el intendente Esteban Avilés dispuso, a partir del pedido del secretario de Salud Pública, Rubén López, y con el dictamen a favor del Asesor Legal y secretario de Gobierno, Juan Villa, “una investigación administrativa tendiente a esclarecer, determinar y/o deslindar responsabilidades en los hechos ocurridos en la dirección de Recursos Humanos y la dirección de Atención Médica de la municipalidad, con relación a la agente María Soledad Argüello, legajo nº 4067”.
Según la fecha de emisión del decreto, esta investigación se habría iniciado el pasado 13 de noviembre, casi dos semanas después de que los funcionarios se dieran cuenta que para ser contratada, la mujer había ‘truchado’ el título profesional habilitante.
En los considerandos del decreto se precisa que la investigación es el paso previo a un sumario administrativo para determinar “la responsabilidad del o los agentes intervinientes en el hecho”.
Las dudas surgen porque la ‘investigación’ queda bajo la órbita de la Asesoría Letrada cuyo titular, Juan Villa, al momento de la contratación de la falsa médica también estaba a cargo de la dirección de Recursos Humanos. Por otro lado, el secretario de Salud Pública, Rubén López, ya ocupaba ese cargo en octubre de 2015 cuando presuntamente la mujer comenzó a atender en el Centro de Salud de la Zona Oeste.
Así las cosas la pregunta es… ¿pueden los funcionarios investigarse a sí mismos?
Nota correspondiente a la edición n° 535 del periódico La Jornada, del 28 de noviembre de 2018.
