Por Jorgelina Quinteros
“¡Asesino!” se escucha el grito con la voz desgarrada que rompe el silencio de la sala. Los familiares y amigos de Franco Amaya acaban de escuchar la repudiable condena a uno de los imputados por el crimen, luego de cuatro audiencias atravesadas con profundo dolor. Todo es llanto, indignación y bronca en ese momento. La injusticia vibra en el cuerpo y se expulsa por la garganta con impotencia.
Hace casi un año y tres meses Franco Amaya era asesinado por el oficial Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, quien disparó su arma reglamentaria cobardemente por la espalda, negó y trató de encubrir el hecho, la madrugada del 22 de febrero de 2017. Mientras tanto, José Ezequiel Villagra, oficial a cargo del control vehicular donde fue herido de muerte Franco, miraba desde la esquina opuesta todo lo que sucedía, sin intentar por ningún medio ni de ninguna forma auxiliarlo.
Durante la tercera audiencia, el pasado miércoles, prestó declaración Velardo Bustos, quien confesó que efectuó el disparo que mató a Franco. “Reconozco que disparé, no sé en qué momento, por eso al principio negué haber disparado. Sé que le causé daño a la familia, espero que no me guarde rencor”, dijo ante el Tribunal.
Luego del crimen, tuvo la frialdad de levantar la remera de Franco y su primo Agustín para verificar que no tenían armas aquella noche. Pero ni él, ni Villagra, se comunicaron en ningún momento con un servicio de emergencias, mientras Franco agonizaba. En su testimonio el oficial Carlos Hualpa, a quien Villagra le notificó lo sucedido, advirtió que según el protocolo policial se le debe dar asistencia inmediata a la persona herida y aviso inmediatamente a emergencias. Eso nunca sucedió.
Ambos trabajaban como efectivos del Operativo Verano en un control vehicular, ubicado a metros del puente Los Gigantes, mal señalizado y escasamente iluminado, que ya había sido señalado por los vecinos de la zona por los controles arbitrarios a los jóvenes que transitaban por el barrio y el acoso a las mujeres, pidiendo su contacto para que las dejen seguir caminando.
Esa noche estaban alcoholizados, cuando la moto que manejaba Franco acompañado por su primo, Agustín Figuera Amaya, atravesó el control sin poder frenar por desperfectos técnicos. Mientras tanto, Agustín le hacía señas a Velardo Bustos con las manos para que no dispare, porque el oficial ya se encontraba en la mitad de la calle apuntándolos.
A pesar de la contundente evidencia material y los testimonios de los testigos, el fiscal de Cámara Diego Albornoz decidió solicitar en su alegato una reducción de la pena para Velardo Bustos y la absolución para Villagra. Este pedido fue acompañado por la mayoría de los jurados populares y unánimemente por el tribunal.
Así la justicia de la provincia de Córdoba dejó pasar la oportunidad de un fallo ejemplificador que brinde un contundente mensaje a la fuerza policial de que la utilización de su arma reglamentaria es el último recurso y que en caso de hacer abuso de su autoridad lecaerá la máxima pena.
La sentencia por el asesinato de Franco Amaya termina legitimando el ‘gatillo fácil’ y genera un precedente que garantiza la impunidad, demostrando la trama de encubrimiento y la lógica de poder que existe entre el gobierno provincial, la justicia y la policía de Córdoba.
Última palabra y veredicto final
El mediodía del viernes Velardo Bustos fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, desestimando el agravante que pesaba sobre él como funcionario público.
El Tribunal lo declaró por mayoría autor penalmente responsable y le impuso por unanimidad la pena. Asimismo, resolvió por unanimidad absolver a José Ezequiel Villagra como autor del delito de omisión de los deberes de funcionario público.
El tribunal, integrado por el presidente Daniel Ferrer Vieyra y las vocales Graciela Bordoy de Pizzicari y María Susana Frascaroli, siguió el planteo de la fiscalía a la hora de aplicar la sentencia. Vale recordar que la Cámara 11° del Crimen está conformada por los mismos jueces que tuvo el polémico juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre.
El voto de los juzgados populares fue por mayoría. Cuatro acompañaron el pedido del fiscal junto a las dos juezas técnicas, dos consideraron que hubo exceso en la legítima defensa y otros dos votaron por la absolución, entendiendo que existió legítima defensa.
Ante esto, los familiares de Franco estallaron en llanto y fustigaron la actuación del fiscal y la decisión del tribunal. El abogado querellante, Carlos Nayi, anticipó que junto a la familia recurrirá el fallo.
El proceso judicial por el fusilamiento de Franco Amaya comenzó el miércoles 3 de mayo, luego de que la fiscal del tercer turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, solicitara la elevación a juicio.
Gómez imputó a Bustos por el delito de “homicidio doblemente agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal”, que implica una condena de cadena perpetua. Fue la misma figura aplicada en una causa que sentó precedente para casos de ‘gatillo fácil’ como el de Güere Pellico. Por otro lado, para Ezequiel Villagra la imputación fue por “omisión de los deberes de funcionario público”, que implica una pena de inhabilitación por cinco años y una multa.
Para el tribunal de la Cámara 11° del Crimen ser morocho, andar con gorra e ir en moto significa convertirse en un “peligro inminente”, como lo manifestó el fiscal, demostrando sus prejuicios de clase.
Se construyó a partir del alegato de la fiscalía y la defensa un contexto peligroso para justificar el accionar de este policía, que disparó por la espalda a 50 centímetros de distancia.
La sentencia se conoció luego de un cuarto intermedio. En la primera parte de la audiencia, Laura Cortez, mamá de Franco, expresó sus últimas palabras muy conmovida: “A mí hijo no lo voy a tener nunca más en mivida y esta persona con 12 años va a salir, o antes, y va a seguir su vida. Va a seguir haciendo lo mismo que hizo todo este último tiempo. En Carlos Paz se cansó de ponerle el arma a gente en la cabeza”.
Un alegato que condiciona
El miércoles 16 de mayo en su alegato, el fiscal Diego Albornoz argumentó que Velardo Bustos no debía responder por el agravante “por la calidad de autor”, sino por el uso de arma de fuego. El peso que tiene la palabra del fiscal para influenciar o predisponer a los jurados populares quedó manifestado en este caso.
“Obró incorrectamente, pero no en el ejercicio de su función”, sentenció.
Nayi intentó contrarrestar la conclusión del fiscal advirtiendo que el disparo se efectuó en el ejercicio de sus funciones como policía y usando arma reglamentaria, por lo tanto, reclamó la máxima pena de prisión perpetua.
El policía ejerce su función durante todo el día, por esta razón se le permite portar el arma, aún cuando se encuentra fuera de servicio. Por eso, se entiende que hay abuso de sus funciones cuando este actúa al margen de la ley, como fue en este caso.
Sobre Villagra, Albornoz pidió su absolución fundamentando que, “cumplió con avisar a sus superiores, dentro del estado de shock en el que estaba”.
Nayi, por su parte, aclaró que, “no hay una partícula en estos tres cuerpos donde se conste que Villagra pidió la ambulancia. Sólo se comunicó a sus superiores, no pidió auxilio”.
Nunca se acercó a asistirlo y abandonó a Agustín en la búsqueda de ayuda. Una llamada a su superior y acceder a que un taxista avise a emergencias le bastó al fiscal para pedir su absolución.
Carlos Nayi comenzó su alegato expresando que “no podemos permitir que se siente un oscuro precedente” con este juicio y ratificó la imputación para ambos policías establecida en la etapa de instrucción. A su vez, advirtió que se debía considerar un grado de responsabilidad mayor para Villagra en grado de coautoría. “La prueba colectada los posiciona a los dos como responsables”, aseveró.
Después de pasar a un cuarto intermedio, fue el alegato de la abogada del oficial Villagra, Graciela Díaz, quien compartió con el fiscal el pedido de la absolución del policía. “No tuvo un comportamiento corporativo y dio aviso a sus superiores sobre lo que había sucedido”, precisó que a pesar de que Villagra no llamó a una ambulancia de forma directa, “no lo hace culpable de que otra persona haya realizado el acto”, afirmó en referencia al testimonio del taxista Ariel Carreras que le ofreció a comunicarse con emergencias.
El Estado es responsable
Esta expresión que es un lema de las organizaciones antirepresivas en todo el país, fue utilizada por la defensa de Velardo Bustos para eximirlo de su responsabilidad.
“Custodiar a la ciudadanía es responsabilidad exclusiva del Estado, y pretender cargar sobre las espaldas de mi asistido las negligencias del Estado, es cuando menos una exageración”, alegó el abogado defensor Maximiliano García. También, describió el fusilamiento de Franco atribuyendo el accionar de su defendido a un “error esencial en situación de terror imaginario”, cuando el disparo ingresa por la espalda a corta distancia.
García e Iván Sironi, defensores de Velardo Bustos pidieron su absolución argumentando que, “no se está juzgando la institución policial. No es un caso de gatillo fácil ni se está juzgando al Estado. Sólo se juzga a un joven inexperto”, dijo Sironi.
Plantearon como un atenuante la poca experiencia de Velardo Bustos, que fue “abandonado en una zona altamente peligrosa”, cuando sólo el oficial Carlos Hualpa calificó de esa manera al lugar (ninguno de los vecinos que testificaron lo definió de esta manera).
Un barrio popular de gente trabajadora fue estigmatizado por la defensa para construir un contexto peligroso de acción de los policías, criminalizando a los vecinos de sectores periféricos de nuestra ciudad.
Los defensores señalaron que “la inexperiencia de Velardo Bustos es culpa del Estado”. El policía tenía sólo seis meses de antigüedad en la fuerza y tres en el ejército. Por supuesto que el Estado es responsable de la actuación de la institución policial, no sólo en cuanto a la formación de sus miembros, sino también a su accionar cuando comienzan a prestar servicio.
No obstante, esto no atenúa el hecho de que fue Velardo Bustos quien extrajo su arma reglamentaria y fusiló a Franco a escasa distancia.
Pretendieron minimizar el hecho, refiriéndose a su experiencia y a una elaboración criminal del entorno donde estaba ubicado el control, pero la realidad es que Velardo Bustos apuntó una pistola de 9mm cargada con balas de plomo y disparó a quemarropa al cuerpo de Franco. Para matar “no era inexperto”, se quejó Laura Cortez al escuchar el alegato de la defensa.
No fue un error, sino un fusilamiento
“El mismo Estado que fusila, garantiza la impunidad de sus fuerzas asesinas”, exclamaron familiares, amigos y organizaciones sociales. El Estado juzgándose a sí mismo, muestra una vez más la complicidad del poder para respaldar el accionar violento y abusivo de las fuerzas de seguridad.
Franco es una de las 11 víctimas de ‘gatillo fácil’ que se registraron en Córdoba en el 2017.
Fue uno de los casos más veloces en llegar a juicio y también fueron rápidas las conclusiones del fiscal en construir una escena de riesgo potencial para Velardo Bustos, desestructurando el armado del caso que había realizado la fiscal de instrucción. La causa tiene similitudes con el juicio de Güere Pellico que mencionó Nayi como prededente para argumentar que sobre Velardo Bustos debía ser considerado el agravante de funcionario público.
Los policías Lucas Chávez (33) y Rubén Leiva (51) le dispararon al joven y a su primo por la espalda en un control policialde barrio Los Cortaderos, en Córdoba Capital, y fueron condenados a cadena perpetua, uno por cometer el disparo y el otro como partícipe y encubridor. El caso de Güere “no tiene absolutamente nada que ver”, afirmó el presidente de la Cámara, interrumpiendo el alegato de Nayi sorpresivamente.
En ninguno de los dos casos los jóvenes estaban armados, pero sí hubo intentos de montar una escena de enfrentamiento. A Güere le plantaron un arma y Franco Velardo Bustos dijo esa noche que dos delincuentes habían disparado y también que había sido otro policía que se “había ido corriendo”.
Esto da cuenta de un proceder corporativo y encubridor de las fuerzas de seguridad que tiene puntos en común con otros casos de ejecuciones extrajudiciales.
La evidencia de que Velardo Bustos y Villagra estaban alcoholizados es un elemento más que da cuenta de la responsabilidad que tuvieron ambos en la muerte de Franco. Villagra tenía dos meses de servicio y Bustos seis, dos oficiales con escasa formación y poca experiencia apostados en un control vehicular sin señalización, iluminación e infraestructura básica dan cuenta de que hay responsabilidades superiores que no fueron consideradas en este caso, pero que no restan culpabilidad a los oficiales que actuaron alcoholizados.
“Policía es cualquiera, lo difícil es tener humanidad”, opinó Laura Cortez cuando se conoció la posibilidad de que sea absuelto.
La madrugada en que asesinaron a Franco, Carlos Paz se inscribió en la larga lista de ciudades de nuestro país que registran casos de gatillo fácil. Se abría ese día una herida en la trama social de nuestra ciudad que no se va a volver a cerrar jamás.
En ese sentido, se entiende que el asesinato de Franco Amaya es la consecuencia extrema de un aparato represivo estatal que nunca fue desmantelado, ni perdió poder al finalizar la última dictadura cívico militar.
Por eso, esta sentencia deja la certeza de que lo que la justicia llama‘errores’ son fusilamientos, lo que reconocen como excesos es represión y lo que omiten es la responsabilidad del Estado por las muertes de nuestros jóvenes.
La justicia por Franco aún no llegó, ni en los tribunales ni en las calles, porque sabemos que la única forma de construir esa justicia es garantizar de que Nunca Más las fuerzas de seguridad arrebaten la vida de nuestros pibes y ningún tribunal deje impunes a los asesinos.
Fuente y fotos: Cobertura Colaborativa Justicia por Franco Amaya
Laura Cortez: “No lo vamos a dejar así”
Apenas conocido el fallo de la Cámara 11º del Crimen, estalló la bronca e indignación de familiares y amigos de Franco.
“No vamos a parar. Perdí a mi hijo para siempre y este hijo de… va a salir dentro de un par de años. No me esperaba este fallo, en absoluto. Pero de la mano del abogado y de todos los que me acompañan vamos a llegar hasta el final. No lo vamos a dejar así”, aseguró entre llantos Laura Cortez, mamá de Franco.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi confirmó que apelarán la decisión. “La justicia ha sentado un pésimo precedente. Pareciera que matar por la espalda y borracho merece un premio de la Justicia, y no lo vamos a permitir. Iremos a casación hasta alcanzar el objetivo: debe ir a prisión perpetua el que mató y debe ser condenado el otro. Ambos estaban borrachos. El que no lo controló y miró para otro lado”, dijo. Y advirtió: “Esto no termina aquí. Se inicia una nueva etapa: comenzar a construir justicia del lado de una sociedad que espera algo distinto. Que los hombres de azul den el ejemplo y que no maten a jóvenes desarmados, y menos por la espalda y borrachos”.
Nota correspondiente a la edición n° 515 del semanario La Jornada, del 21 de mayo de 2018.
