Por Jorgelina Quinteros
Hice la mitad de la tarea hija, ahora falta encontrar a mi nieto”. Se quebraba la voz de Sonia Torres al pronunciar estas palabras y se anudaba la garganta de las 10 mil personas que se acercaron al Tribunal Federal N° 1 para acompañar tantos años de lucha y gritar con el cuerpo que los desaparecidos nos faltan a todos.
Sonia es la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. El Estado Argentino en 1976 secuestró, torturó, asesinó y desapareció a su hija y le robó la identidad a su nieto; se iniciaba la dictadura más cruel y sangrienta de la historia de nuestro país. A comienzos década de los ´90, el Estado indultó a los responsables, pero el trabajo incondicional de los organismos de derechos humanos logró romper el manto de silencio que se quiso imponer sobre la sociedad argentina.
En el 2003, el Estado asumió el compromiso de poner fin a la impunidad. La anulación de las “leyes de la impunidad”, que impedían que los responsables de delitos de Lesa Humanidad fueran juzgados, y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner posibilitaron la realización de los juicios. A partir de ese momento, en los tribunales federales del país se juzgan los crímenes imprescriptibles cometidos por el terrorismo de Estado.
Silvina Parodi, hija de Sonia Torres, dio a luz en la Maternidad Provincial de Córdoba. Tenía 20 años y estaba esposada a una cama, su cuerpo estaba golpeado con las marcas de la tortura. Durante el juicio por la Megacausa La Perla, se pudo comprobar que su hijo nació vivo. Por este caso, el represor Luciano Benjamín Menéndez y sus cómplices fueron condenados por “sustracción de menores” por primera vez en nuestra provincia.
40 años tuvo que esperar Sonia y miles de familiares y víctimas para que el Estado reparara con justicia el terror que impuso una dictadura, con la complicidad de sectores eclesiásticos, empresariales y de la sociedad civil. El aparato del Estado se puso a disposición del horror, para exterminar a una generación de jóvenes idealistas y, con ellos, a un proyecto de país inclusivo y con justicia social.
Sí, la justicia demoró 40 años, hay muchos sobrevivientes y familiares que no pudieron presenciar este momento histórico. Aún quedan muchos responsables y cómplices por juzgar. Es cierto. Pero, eso no transforma el hecho de que cuando la justicia llega es reparadora, ilumina la verdad de la historia y hace un aporte esencial en la construcción de la memoria colectiva de un pueblo.
El juicio de la Megacausa La Perla es un mensaje claro para las generaciones que vienen: Nunca Más el Estado puede avasallar los derechos de sus ciudadanos. Nunca Más un Estado que garantice la impunidad y permita que quienes asesinaron, violaron y torturaron a sus compatriotas caminen libres por el mundo.
4 años, 354 audiencias
La denominación “megacausa” hace alusión a las dimensiones del juicio, que permitió probar cómo operaba el terrorismo de Estado en nuestra provincia. En este proceso se juzgaron por delitos de lesa humanidad a 43 acusados, entre militares, policías y personal de inteligencia, por delitos cometidos entre 1975 y 1978 contra 716 víctimas, 311 están desaparecidas. Por la sala de audiencias pasaron 581 testigos a prestar su declaración, por crímenes cometidos a víctimas que sobrevivieron y a otras que fueron asesinadas o aún se encuentran desaparecidas.
Los delitos juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 fueron privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, abuso deshonesto, violación sexual y sustracción de un menor de diez años, por el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio.
Cuatro años de juicio y 39 años de investigación de los organismos de derechos humanos permitieron dar cuenta del plan sistemático de exterminio y represión ilegal que llevó a cabo la dictadura militar.
El juicio permitió demostrar que La Perla no fue el único centro clandestino donde se ejerció el terrorismo de estado en Córdoba. También, fueron sitios de violación sistemática de derechos humanos Campo de la Ribera, el D2, La Perla Chica o Malagueño, el Destacamento Pilar, la comisaría de Bell Ville, la Casa Hidráulica, entre otros.
Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz llevaron adelante la parte acusatoria en representación del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Trotta, en declaraciones al diario Página 12, afirmó que, “es importante recalcar que con este fallo el tribunal dejó en claro tres cosas fundamentales: primero, que hubo Terrorismo de Estado en Córdoba antes de marzo de 1976. Arrancó en 1975. Segundo, que con la ‘desaparición forzada de menores’, hubo aquí robo de niños. Eso entra en el plan sistemático de robo de bebés que hubo en todo el país. Y tercero, que los crímenes sexuales también forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”. Manifestó además que está conforme con la sentencia, pero que van a esperar la lectura de los fundamentos para evaluar la posibilidad de apelar en algunos casos.
Asimismo, la causa permitió probar la trama de complicidades civiles, eclesiásticas, judiciales y empresariales que fueron la base del accionar de las fuerzas represivas. A uno de los torturados le tomó testimonio el secretario de un juzgado, que hoy es juez. También, surgió de la investigación que empresarios en varias ocasiones cedieron a los militares listas con información de sus trabajadores y relatos que acusan a autoridades y referentes de la iglesia de encubrir información a los familiares que buscaban a sus desaparecidos.
La celebración de la justicia
Miles de personas se congregaron frente al edificio de Tribunales Federales a escuchar atentamente durante tres horas la sentencia. La gran mayoría eran jóvenes con gritos apasionados para festejar cada condena, banderas, percusión y claveles rojos, una flor de papel donde cabe la memoria.
En un día de sentimientos encontrados, las lágrimas de alegría y angustia contenidas encontraban el momento y el lugar para ser liberadas. “En cada abrazo aparecen pedazos de la memoria, retazos de muchos años de lucha. Uno se siente pleno porque llegamos a un punto, pero nace otro porque todavía falta la complicidad civil que ahí tenemos que profundizar: los sectores de la sociedad que se beneficiaron con el golpe y que urdieron y tramaron un país para pocos”, expresó emocionado “Toto” López, sobreviviente de La Perla.
“Todos los que sobrevivimos y los familiares acuñaron durante 40 años pedacitos de memoria y todos esos pedacitos armaron la memoria colectiva; y ahí estaban los argumentos y fundamentos con que los jueces condenaron a todos estos imputados”, agregó con una sonrisa.
El ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, manifestó su sorpresa por la cantidad de jóvenes en un momento donde se reparan “muchas deudas que tenía el Estado y estos delincuentes con la sociedad” y se reafirma “el proceso de Memoria, Verdad y Justica que empieza a ser puesto en cuestión y tenemos que defender”.
Diego Tatián, Decano de la Facultad de Filosofía, también expresó su preocupación por “signos que vienen del Poder Ejecutivo nacional en relación a la tradición de los derechos humanos”. “Esta cantidad de gente muestra un pueblo que está dispuesto a sostener esa tradición de justicia, que ha hecho a la sociedad argentina reconocida en todo el mundo”, añadió.
Esa masa inabarcable con la mirada de generaciones que no vivieron la dictadura en carne propia, era una señal de esperanza y optimismo. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los juicios a los genocidas son un derecho conquistado y un patrimonio de todo el pueblo argentino y esa certeza respirábamos los 10 mil afuera de los tribunales al sol del mediodía.
28 condenas a cadena perpetua y 5 absoluciones
La Megacausa La Perla/Campo de la Ribera comenzó el 4 de diciembre de 2012. Es el séptimo juicio por crímenes de Lesa Humanidad en la provincia e implica crímenes cometidos entre marzo de 1975 y diciembre de 1978 contra 716 víctimas.
Al comienzo, eran 45 los imputados sentados en el banquillo, dos años más tarde el número ascendió a 54 por la acumulación de cinco nuevas causas. Durante los cuatro años en que transcurrió el litigio, once represores fallecieron. El pasado jueves a las 11.45hs. durante la audiencia N°354 se leyó la sentencia de los 43 imputados, que tuvieron que estar presentes en la sala. Los cargos que enfrentaba Menéndez eran autor y coautor de crímenes por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas seguida de muerte, entre otros delitos cometidos contra centenares de “perseguidos políticos”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 (TOF 1) integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu condenó a cadena perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Santiago Martella, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo “León” Diedrichs, Héctor Pedro Vergez (alias “Vargas”), Ernesto Guillermo Barreiro (alias “Nabo”), Jorge Exequiel “Rulo” Acosta, Carlos Enrique Villanueva “Principito”, Carlos Alberto Díaz, Orestes Valentín Padován “Gino”, Juan Eusebio Vega “Sobrino”, Ricardo Lardone (alias “Fogo”), Emilio Morard, Arnoldo José “Chubi” López, José Hugo Herrera “Quequeque”, Héctor Raúl Romero (“Palito”), Eduardo Grandi, YamilYabour, Mirta Graciela Antón (alias “la Cuca”), Carlos Alberto Yanicelli (alias “Tucán”), Juan Eduardo Ramón Molina, Calixto Luis Flores “el Chato”, Marcelo Luna, Herminio Jesús “Boxer” Antón, Alberto Luis Lucero (“Cara con riendas”) y Miguel Angel “Gato” Gómez.
Recibieron penas entre dos años y seis meses de prisión a 21 años: Carlos Alberto Monti (2 años y 6 meses), Rubén Osvaldo Broccos (3 años), Wenceslao Claro (5 años), Miguel AngelLemoine (5 años), Raúl Alejandro Contreras (8 años), Antonio Reginaldo Castro (8 años), el ex Comisario Alberto Luis Choux (11 años), José Andrés Tófalo (14 años), José Luis Yáñez (20 años) y Enrique Maffei (21 años).
En la sentencia hubo cinco absoluciones, casi todas de expolicías. Fueron absueltos Antonio Filiz, Juan Carlos Cerutti, Francisco Melfi, José Idelfonso Vélez y Ángel Corvalán.
La fiscalía pedía prisión perpetua para los tres primeros, 17 años de cárcel para Vélez y 3 años para Corvalán.
Los fundamentos de esta sentencia serán leídos el 4 de octubre. La fiscalía adelantó que analizarán los fundamentos brindados por el tribunal para definir la apelación, porque consideraban que había pruebas suficientes para obtener una condena.
Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, recibió su condena número 14, fue condenado 12 veces a cadena perpetua y tiene otras dos por veinte años. Es la primera vez que se lo condena por la “desaparición forzada de un menor” en nuestra provincia, el hijo de Silvina Parodi y de Daniel Francisco Orozco y nieto de Sonia. Tiene prisión domiciliaria, al igual que Lardone.
El tribunal se comprometió a que la junta médica determine si se aplica o no el criterio de la prisión domiciliaria para los condenados y revise los casos particulares a quienes se las otorgó.
Héctor Barreiro fue señalado como el jefe de torturadores de La Perla y condenado por primera vez. Se lo encontró culpable de coautor mediato e inmediato de 548 secuestros, 532 torturas, 264 homicidios, entre otros delitos.
Graciela “la Cuca” Antón es la primera condena a cadena perpetua que recibe y, además, es la única represora mujer que ha sido juzgada en Córdoba.
El Concejo de Representantes conmemoró a las víctimas de la dictadura
La sesión del jueves pasado del Concejo de Representes comenzó con un minuto de silencio para Ingrid Vidosa y las víctimas del terrorismo de Estado quienes que fueron asesinados, torturados y desaparecidos en el Centro Clandestino de Detención La Perla que se encuentra a unos kilómetros de nuestra ciudad.
Fue una jornada histórica para Córdoba, dado que al mediodía había finalizado el juicio más largo de nuestra provincia con 38 represores condenados por crímenes de Lesa Humanidad. Por eso, los concejales se refirieron a la importancia de que hayan sido juzgados los responsables de las violaciones a los derechos humanos más atroces con el respeto de todas las garantías y derechos que no tuvieron con sus víctimas.
Al finalizar la sesión, tomó la palabra la concejala de Unión por Córdoba, María Laura Orce Assadourian. El acto de justicia que fue la lectura de la sentencia por la Megacausa La Perla y la finalización de un juicio que implicó a más de 700 víctimas, fue vivido de una manera muy especial por la edila, ya que sus tías Amanda Lidia y Rosa Estela Assadourian fueron víctimas de la última dictadura militar. Amanda Lidia, permanece desaparecida, mientras que Rosa Estela fue torturada y asesinada.
“No se trató de una guerra, se trató de una violación a todos los derechos humanos, se trató de terrorismo de Estado. Hoy no puedo creer que algunos mandatarios pueden seguir hablando de guerra (en referencia a declaraciones del Presidente Mauricio Macri) es una vergüenza que eso pase”, manifestó conmovida. Además agradeció a todos los ciudadanos que desde “el aporte concreto de la pelea diaria, de la lucha permanente” hicieron posible que se lograra una sentencia de estas características.
“Esto es sanador socialmente para todos, aún para aquellos que defienden los hechos cometidos”, agregó.
El gobernador Schiaretti y Estela de Carlotto participaron de la lectura de la sentencia
El Gobernador Juan Schiaretti presenció la sentencia del juicio conocido como Megacausa La Perla/Campo de la Ribera/D2. El mandatario provincial expresó: “Vengo a expresar el respaldo del Estado cordobés a este juicio que llevó adelante la Justicia de la democracia, que trabajó, sin odio, sin venganza, sin espíritu de revancha, garantizando a estos asesinos la posibilidad de ser juzgados, algo que ellos le negaron a sus víctimas”.
La actitud del Gobernador marca una diferencia con la de su predecesor, José Manuel de la Sota, quien jamás asistió a los juicios por crímenes de Lesa Humanidad desde que se iniciaron en Córdoba en el 2008. El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Martín Llaryora, los ministros Luis Angulo, Ricardo Sosa, Walter Robledo, la Secretaria de Equidad y Promoción de Empleo, Alejandra Vigo y el legislador Carlos Gutiérrez.
“Se ha juzgado el mayor horror que ocurrió en Córdoba. Ellos son asesinos, y la Justicia lo ha ratificado”, dijo Schiaretti visiblemente emocionado al recordar a compañeros desaparecidos y asesinados. “Es un voto de defensa de la democracia, la vida y la convivencia para que las nuevas generaciones sean educadas recordando lo que fue un genocidio contra nuestro pueblo y para que nunca más esto se repita”, señaló.
La sala de audiencias estuvo repleta de funcionarios públicos, familiares y víctimas. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo fue una de las invitadas de honor. Cerca de ella se ubicaron las Madres y Abuelas Nelly Llorens, de 97 años, y Emi Villares de D’Ambra quien llevaba en su pecho la foto de su hijo Carlos Alberto, asesinado en La Perla en 1977.
También asistió el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, cuyo abuelo es una de las víctimas del juicio y Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación. En ese sentido, sorprendió que no estuviera presente el actual funcionario a cargo de dicha secretaría, Claudio Avruj, que explicó su ausencia “por cuestiones de agenda”.
En la sala estaban presentes familiares de los imputados y hubo algunos altercados Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, agredió a gritos a Estela de Carlotto. Cuando finalizó el juicio algunos acusados profirieron insultos a familiares y víctimas.
Nota correspondiente a la edición n° 431 del semanario La Jornada, del 28 de agosto de 2016.
