Por Valeria Flessia
Días pasados se presentó en Carlos Paz una delegación para Punilla Sur de la Fundación María Elba Martínez. Esta agrupación viene trabajando específicamente en la visibilización de la problemática devenida de la aplicación del Código de Faltas en las localidades que van desde Villa Carlos Paz hasta Cuesta Blanca. Se trata de un colectivo de vecinos de la zona con diferentes profesiones y oficios preocupados por la violencia institucional presente en detenciones arbitrarias habilitadas por el Código de Faltas.
En sus palabras, al definir el Código de Faltas, legislación contravencional que rige en la Provincia de Córdoba, los integrantes de grupo indican: “En gran parte, tiene prácticas que vienen de la Dictadura con figuras que son polémicas, que están en zonas difusas y que fueron refrendadas por la Legislatura Provincial desde el advenimiento de la democracia. Esta regulación de contravenciones, y esto también está presente en nuestro abordaje, puede habilitar abusos de poder. En el afán de prevenir la inseguridad se actúa sobre prejuicios vinculados a la vestimenta, al color de la piel, a un estereotipo construido de delincuente a partir del cual la Policía actúa. Lo que dice la letra de la Ley es cuestionable pero las zonas difusas que permiten los abusos policiales en la práctica son aún peores”.
Circulan miles de relatos en Carlos Paz y las localidades del Sur que son naturalizados en forma de situaciones cotidianas por las que “hay que pasar”.
Una de estas historias la cuenta una madre y data de varios meses, no se hicieron denuncias por temor a supuestas “represalias o señalamientos” para la familia por lo que todo quedó en el ámbito de la anécdota: “Nos pasó que uno de mis hijos de 14 años que va al colegio Arturo Illia salía habitualmente de clases y llegaba a casa al mediodía pero no llegó. Comenzaron a pasar las horas y, ante su ausencia y a que no contestaba el celular, su hermano mayor se decidió a salir a buscarlo y me pidió que me quede esperando por si volvía. Pasadas las 5 de la tarde, mi hijo mayor me manda un mensaje que decía que parecía que la policía lo había levantado de la esquina de San Martín y Caseros, de la parada donde mi hijo toma el colectivo, a él y a varios compañeros. Me fui a la comisaría y la policía no nos decía nada, no nos habían avisado, recién como a las 8 de la noche nos dijeron que los habían levantado de la esquina de la municipalidad a las 11 de la mañana porque estaban haciendo lío. Mi hijo tiene 14 años y la policía lo tuvo desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 12 de la noche, los padres nos enteramos por nuestros medios, nadie nos avisó, los habían dejado en un calabozo con mayores, había chicos orinados de miedo, fue una pesadilla”.
La explicación que recibió esta madre días después es que alguno de los chicos que estaba ahí en esa esquina estaba tomando vino en caja y la policía llegó y sin verificar la denuncia, los puso contra la pared a todos y los subió al patrullero. “Ese día habían salido antes porque faltó un profesor y capaz que llamaban la atención tantos chicos, a alguien le molestaron y la Policía tiene el poder de cargarlos en el patrullero y llevarlos como si fueran delincuentes”, indica la mamá con amargura y una resignación dolorosa porque a su hijo no le pasó nada, tuvo suerte de no ser golpeado o de que le atribuyeran algún delito.
La abogada Natalia Cañete que forma parte del colectivo de trabajo “Punilla Sur contra el Código de Faltas”, explica: “Comenzamos a reunirnos con el amparo institucional de la Fundación María Elba Martínez. Nuestras propuestas se resumen en cinco acciones que hemos dado a conocer a través de los medios de prensa y que tienen que ver básicamente con el asesoramiento específico en caso de detenciones o sospechas de abuso policial en jóvenes mediante un número al cual puede llamarse las 24 horas y también estamos armando un observatorio que transforme los casos en números para poder elaborar estadísticas de esta parte de Punilla porque es muy difícil obtener datos de los organismos oficiales, la información parece surgir sólo de Córdoba capital sin que entre el tema en las agendas locales. Tenemos muchos casos, personas que han pasado días en los calabozos por no tener documentos encima, por no tener quien responda por ellos”.
En el 2013, los alumnos del Ipem 190 “Dr. Pedro Carande Carro” iniciaron un trabajo de recopilación de datos sobre la violencia institucional vivida por los jóvenes con la aplicación del Código de Faltas y lo profundizaron en el 2014. Dicho trabajo, además de ser presentado en la Feria de Ciencias Zonal, es hoy el único documento que tiene cifras ciertas en torno a la estigmatización de los jóvenes especialmente de sectores populares con la aplicación del Código de Faltas.
El trabajo plantea una comparación de casos vividos por los propios alumnos del Ipem y los alumnos de una escuela privada de Carlos Paz.
En sus conclusiones, los alumnos del Ipem 190 destacan algunos de los números que ejemplifican formas de aplicar el Código de Faltas en la ciudad con una inteligencia que, aunque nunca fue confirmada por las autoridades, dibuja un cerco de exclusiones sobre el territorio vital: “Teniendo en cuenta las similitudes podemos decir que la mayoría de los jóvenes tanto del IPEM 190 como del IRESM son parados en el centro, en la costanera y en sus barrios, lo que refuerza nuestra conclusión del informe anterior en el que afirmábamos que estas prácticas fragmentan el territorio de manera tal que algunas zonas se encuentran vedadas para la juventud así como también existe una barrera imaginaria que los obliga a permanecer en sus barrios en donde muchas veces también son víctimas del Código de Faltas”.
En efecto, las diferencias aparecen en las detenciones: los alumnos que concurren al Ipem son “levantados” y demorados en las dependencias policiales en porcentajes mucho mayores que los que concurren a la escuela privada y, según indica el informe, se agudizan las diferencias “si consideramos que un gran porcentaje de los alumnos del IPEM 190 manifiesta haber sido maltratado no sólo verbalmente sino también físicamente. De esta manera se va construyendo un otro peligroso con ciertas características sociales y económicas”.
“Niño que baila le va a robar”
El llamado Código de Faltas es una enumeración de contravenciones punibles que regula el comportamiento de las personas en la vía pública en Córdoba. Tiene apartados que penalizan con arresto el ejercicio de la prostitución ostensible, el beber alcohol en la vía pública, el no identificarse frente a un policía, el realizar una reunión tumultuosa, merodear de forma sospechosa, entre otras de dudosa constitucionalidad por quedan libradas al arbitrio de aquel que juzga el “caso”, en este caso la policía, sin intervención de un Juez ni de un abogado defensor. Las penas aplicables son el arresto y la multa.
En materia contravencional, la mayor pena es el arresto, cumplido en los calabozos de las comisarías. La pena más extendida que puede ser fijada por un Comisario estira hasta los 180 días la detención del contraventor.
Pese a su insistente mención para justificar acciones, el Código de Faltas no deja de ser una herramienta, imperfecta, con recovecos que permiten interpretaciones abusivas pero que en ningún momento plantea el perfil del sospechoso.
La construcción del sujeto “elegido”, insistente objeto de requisa y detención, temido por la opinión pública, aquel sobre el que pesan las culpabilidades anticipadas es de autoría social: es la sociedad la que describe a quien considera culpable de la inseguridad.
A partir de este punto, los estudios, opiniones y formas de ver el problema se vuelven divergentes.
La Universidad Nacional de Córdoba publicó en diciembre del 2014 un trabajo como culminación del proyecto de investigación “El Código de Faltas y su aplicación a los jóvenes en la ciudad de Córdoba: ¿una estrategia de intolerancia selectiva?” desarrollado bajo la dirección de Elinor Bisig en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (Secyt – UNC). Dicha publicación (1) de circulación gratuita para leer por internet plantea fuertes conclusiones en base al trabajo de campo elaborado por intelectuales de diferentes ramas de la ciencia en el territorio de la ciudad de Córdoba.
Sus observaciones, en muchos casos, son aplicables a Villa Carlos Paz y demás localidades del sur de Punilla, no en forma de conclusiones sino de preguntas sobre lo que pasa y la forma en que diferentes prácticas son invisibilizadas dentro de las subjetividades circulantes de la ciudad turística arquitectónicamente atrayente en términos de mercado.
Ejemplo de esto son los permanentes puestos de control policial instalados en las salidas de los barrios hacia el centro. Esta realidad puede analizarse a través de un pasaje del artículo de investigación de Ileana Desirée Ibáñez (FDCS, UNC) titulado “La experiencia de infancia de las clases subalternas en contextos de socio segregación” (pág. 81), cuando detalla una experiencia de campo en las ciudades barrio de Córdoba capital: “(en los adolescentes y niños), hay un reconocimiento de la mirada del otro y de las prácticas de la fuerza policial que los animaliza desconociendo y negando sus derechos como niños. Avasallándolos en su corporalidad, los sustraen de las calles y los llevan detenidos por varias horas a cualquier comisaría. A lo largo de los talleres creativos y en las entrevistas, registramos múltiples relatos sobre la imposibilidad de caminar por fuera de la ciudad barrio. En ellos, niños y niñas señalan el deseo de poder transitar, vivenciar el espacio urbano de la Ciudad, deseo en tensión con la continua detención (pedido de documentación, cateo) que sufren por parte de la policía al salir de los límites del barrio. Fenómeno que se ha dado en llamar ‘portación de cara’ toda una anatomopolítica y física del detalle corporal y simbólico –‘su ropa’, ‘su peinado’, ‘su andar’, ‘su gesto’- que funciona a modo de ‘identificación’ de un sujeto ‘peligroso’ (Boito; Levstein, 2005)”.
Imposible no preguntarse, a partir de esta descripción, cuál será el sentir de los adolescentes y jóvenes de la Carande cuando, a través de su propio trabajo de investigación, descubren que son el “sujeto peligroso”, recluido a los límites de su barrio por el continuo hostigamiento de las fuerzas de seguridad en uso de un manual contravencional con una parte escrita en forma de ley y otra prefigurada por la propia sociedad a la que pertenecen.
“Que aquí sólo hay pibes comiendo”
Los casos que han motivado el involucramiento adulto en multitud de situaciones que tienen como protagonistas a adolescentes y jóvenes se unen en dos afirmaciones: la estigmatización de los jóvenes y la criminalización de la pobreza. Es muy fácil distinguir en el discurso social cuáles son los atributos del delincuente. Se trata de un joven moreno, de rasgos latinos marcados y huellas de pobreza en su vestimenta relacionada con el gusto de las clases bajas: gorra, corte de pelo rapado con dibujos, ropa deportiva, pantalones bajos que dejan ver la ropa interior, entre otras. Es tan fuerte el modelo del sospechado que, ante la consulta a distintas personas de diferentes edades, profesión y origen social, lo describen da la misma manera. Si vamos a uno de los artículos presentes en el trabajo de la UNC vemos que allí están tipificados los modelos estigmatizados en el país a lo largo de la historia: a principios del siglo XX fueron los inmigrantes, luego los trabajadores, en los 70 los estudiantes universitarios, en la actualidad el estigma elabora un combo entre la juventud y la pobreza.
Tan fuerte es el modelo “sospechoso” que, muchas veces, los verdaderos delincuentes actúan tranquilos frente a cientos de ojos que literalmente no los ven porque no se corresponden con la imagen que deberían tener y eso los transforma en invisibles. Seguramente, si un grupo de jóvenes de las características adecuadas hubiera pasado por ahí sería recordado y su actitud, aunque fuera de la más indolente inocencia, pasaría a describirse como sospechosa.
Prueba de esto es, por ejemplo, la puesta en discurso de la seguidilla de robos que sufrieron los taxistas de Villa Carlos Paz a fines de mayo y que motivó movilizaciones y reclamos a la Policía. Los taxistas robados describían a un solo joven “de buen ver, bien vestido y que hablaba muy bien”, su aspecto no se condecía con el “sospechoso tipo” por lo que seguía tomando taxis y manoteando la recaudación, amparado en la invisibilidad del prejuicio.
En el párrafo final de la investigación de los estudiantes del Ipem 190 dejan espacio a las preguntas que puedan motivar futuras indagaciones, una de ellas es: “Qué piensa la sociedad de Carlos Paz sobre el Código de Faltas?”, esto se relaciona con el desconocimiento que manifiestan los consultados sobre el régimen contravencional que rige en la Provincia y que muchos confunden con el régimen penal. Es importante saber que muchos procedimientos en la vía pública están amparados en el Código de Faltas que “habilita” la solicitud de identificación, la sospecha infundada sobre el que, según la percepción policial, está donde no debe, la aplicación de la figura de “merodeo” para cualquiera que esté en la calle esperando, pasando, yendo a trabajar o volviendo a su casa. La gran mayoría de los adolescentes y jóvenes que son detenidos en estas condiciones no están cometiendo ni han cometido ningún delito, sólo son jóvenes y concuerdan con un “modelo de sospechoso” al que hay que disciplinar para que se mueva lo menos posible, según una cuadrícula territorial de exclusiones que nadie confiesa.
El número del grupo Punilla Sur contra el Código de Faltas en el que se encontrará asesoramiento en casos de violencia institucional las 24 hs del día es el 03541-15579581. La propuesta de la agrupación es también llevar información a la comunidad a través de talleres que ayuden a conocer los derechos de los que goza cada persona ante una situación de abuso de poder policial. Es importante, asimismo, reflexionar como comunidad acerca de las subjetividades circulantes en torno a la inseguridad, a la construcción de estigmas y prejuicios sobre adolescentes y jóvenes que dejan espacios liberados a los verdaderos culpables y atentan contra los valores democráticos que todos pretendemos defender.
Por teléfono o vía Facebook ya se puede pedir ayuda por la aplicación del Código de Faltas en Punilla Sur
En conferencia de prensa quedó presentada el lunes pasado de manera formal una delegación de la Fundación María Elba Martínez, que tratará la violencia institucional y la aplicación del Código de Faltas en la región sur del valle de Punilla.
A través de una guardia telefónica (03541-15579581) y de la red social Facebook (Punilla Sur contra el Código de Faltas) los damnificados podrán realizar denuncias.
“Esto surge a través de una inquietud de un grupo de vecinos desde Villa Carlos Paz hasta Cuesta Blanca con la intención de visibilizar la aplicación del Código de Faltas en nuestra región. Los vecinos de nuestra ciudad y de toda la zona sur del valle del Punilla padecen lo que es la aplicación del Código de Faltas en lo que tiene que ver con detenciones arbitrarias”, expresó la comunicadora Evelina Ramírez, integrante de la delegación Punilla.
“A partir de esta inquietud de madres, docentes y trabajadores se planteó esta posibilidad de armar este grupo, nos pusimos en contacto con la fundación María Elba Martínez que trabaja en la cuestión de los Derechos Humanos que está muy involucrada en lo que es la mega causa de La Perla y avalaron el proyecto que nació en nuestra región. Ahora anunciamos una delegación de la fundación María Elba Martínez en lo que es la zona sur de Punilla con la intención de abordar la aplicación del Código de Faltas en nuestra región”, destacó.
Otra de las integrantes es la docente Rafaela Zurbriggen, quien trabaja en el Ipem 190 Carande Carro y desde hace dos años está involucrada en este proyecto.
“Este año decidimos dar un paso más al sumarnos a este grupo como para trabajar desde otro lugar ya que en la escuela no está permitido. Por eso decidimos formar este grupo ‘Punilla Sur contra el Código de Faltas’ que abarca toda la zona de Punilla a partir de distintas líneas de acción que vamos a llevar a cabo en diferentes comisiones en la cual hemos dividido el grupo”, explicó.
Y detalló cada uno de los cinco puntos en los cuales trabajarán.
“Las líneas de acción son cinco. Una es dictar talleres en escuelas y a todas las instituciones que así lo quieran que tratarían sobre la inconstitucionalidad del Código, qué hacer en caso de detenciones, cómo actuar y pensar un poco en cómo nosotros podríamos colaborar con este tema.
Otras de las líneas de acción tienen que ver con armar un registro observatorio sumando datos de la zona para ser presentados en algún momento ante quien corresponda.
El tercer punto tiene que ver con la asistencia legal. Hay una guardia telefónica permanente (03541-15579581) a la que pueden llamar en caso de detenciones y nosotros en cada caso veríamos el camino que tomaríamos. Esa asistencia legal tiene una continuidad una vez que las personas han sido liberadas, se le enseñaría a la persona cómo hacer el seguimiento de apelaciones o se presentaría un ‘habeas corpus’ en el momento que fuera necesario. También hay una asistencia psicológica para las víctimas en el caso de ser necesaria.
La última vía de acción será dar a conocer todo lo que se vaya haciendo para que la comunidad sepa”, enumeró.
Nota correspondiente a la edición n° 376 del semanario La Jornada, del 19 de julio de 2015.
