La Legislatura de Córdoba modificó la Ley 8.560 para actualizar controles, tecnologías de fiscalización y lenguaje, e incorporar el uso de luces DRL con condiciones específicas.
Durante la 25ª sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto de ley compatibilizado que introduce cambios en la Ley Provincial de Tránsito N.º 8.560, con el objetivo de actualizar normas, fortalecer el control vial y adecuar el uso de nuevas tecnologías de fiscalización.
Uno de los puntos centrales de la reforma está vinculado al uso obligatorio de luces en rutas. La norma ratifica que todos los vehículos que circulen por rutas nacionales y provinciales, en trazos interurbanos, túneles y en los tramos donde así se indique, deberán llevar luces bajas encendidas y en correcto funcionamiento, a cualquier hora del día.
Como novedad, se admite el uso de luces DRL (luces de circulación diurna), siempre que el sistema encienda de manera automática la luz de posición trasera. En esos casos, los vehículos no serán pasibles de sanción, lo que despeja dudas frecuentes entre los automovilistas respecto del uso de esta tecnología.
En materia de territorialidad e interjurisdiccionalidad, la ley establece que todo infractor será juzgado por el juez competente registrado ante la autoridad de aplicación correspondiente a la jurisdicción donde se cometió la infracción. Además, ratifica que las acciones u omisiones contrarias a la normativa tendrán carácter de infracciones administrativas, con sanciones definidas por la propia ley y sus reglamentaciones.
La actualización apunta a precisar y reforzar el régimen jurídico vigente, adecuándolo a las dinámicas actuales de circulación, control y fiscalización, con un enfoque que se define como preventivo, razonable y respetuoso de las garantías del debido proceso administrativo. No supone un cambio de paradigma, sino el perfeccionamiento de herramientas ya previstas, corrigiendo vacíos operativos que en la práctica dificultaban la función preventiva del Estado y reducían la eficacia del sistema sancionatorio.
Otro eje relevante tiene que ver con la adecuación del lenguaje a los estándares actuales en materia de derechos. La reforma sustituye en todo el texto de la ley las expresiones “minusválidos”, “personas afectadas por minusvalías” y “discapacitados” por la denominación “personas con discapacidad”, e integra de manera explícita las áreas prioritarias de uso para este colectivo dentro de la infraestructura vial.
El proyecto compatibilizado recoge iniciativas de la legisladora Nadia Fernández, del bloque del PRO y de los legisladores Inés Contrera, Carlos Carignano, Nancy Almada, Matías Gvozdenovich, Ariela Szpanin, Miguel Bottasso, José Bría, Mauricio Jaimes, Víctor Molina, Lucas Valiente y Rodrigo Agrelo, entre otros, y conforma un texto común que actualiza la Ley 8.560 – Texto Ordenado 2004 y modificatorias.
Con esta reforma, la Provincia busca modernizar su marco normativo de tránsito, acompañar la evolución tecnológica de los vehículos y reforzar la prevención en rutas y caminos, sin dejar de lado la protección de derechos y la actualización del lenguaje jurídico.
