Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, pero rechazó el capítulo XI, que incluía el polémico artículo 75 para derogar la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. El proyecto fue girado al Senado sin ese bloque de artículos sensibles para el oficialismo.
En el cierre de una extensa sesión de casi diez horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Presupuesto General 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei. La votación en general arrojó 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, según el conteo oficial de la propia Cámara, con el respaldo de sectores del PRO, la UCR, bloques provinciales y parte del peronismo dialoguista.
Tras la media sanción en general, el proyecto se discutió en particular por capítulos. Allí el oficialismo sufrió su principal revés político: el capítulo XI, que concentraba las disposiciones más controvertidas, fue rechazado por 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones, y quedó fuera del texto que ahora pasará al Senado.
Qué contenía el capítulo que cayó
En el capítulo XI se ubicaba el cuestionado artículo 75, que proponía derogar la ley de emergencia en discapacidad y la norma de financiamiento universitario, ambas aprobadas por el Congreso durante 2025, luego vetadas por el Poder Ejecutivo e insistidas posteriormente por las cámaras con mayorías especiales. La eliminación de esos marcos legales había sido uno de los puntos de mayor tensión en la previa del debate y motivó el rechazo en bloque de la oposición.
Además, de acuerdo con los fundamentos difundidos por distintos bloques, el capítulo incluía cambios en los criterios de reconocimiento de zonas frías en tarifas de energía, lo que impactaba sobre sectores vulnerables de diversas provincias. La caída del paquete completo fue celebrada por los interbloques opositores, que lo consideraron una señal política frente a los intentos del Ejecutivo de avanzar sobre leyes que habían sido ratificadas por amplio consenso apenas meses atrás.
Cómo quedó el Presupuesto que se giró al Senado
Más allá del tropiezo con el capítulo XI, el oficialismo consiguió sacar adelante la llamada “ley de leyes”. El texto aprobado en general prevé para 2026 una expansión del Producto Bruto Interno del 5 %, una inflación anual proyectada de 10,1 % y un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar para diciembre, muy por debajo de la inflación registrada en 2024 y del ritmo de precios acumulado en lo que va de 2025.
En el articulado que sí fue convalidado se incorporaron cambios negociados con aliados parlamentarios. Entre ellos, un artículo impulsado por el PRO que reconoce el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, y la transferencia de 21.347 millones de pesos desde el máximo tribunal al Consejo de la Magistratura, medida que había generado debate en el mundo judicial y político.
Durante la discusión en el recinto, la oposición concentró sus críticas en el impacto del Presupuesto sobre el gasto social, las universidades nacionales y los programas vinculados a la discapacidad, mientras que el oficialismo defendió el proyecto como una pieza clave para sostener el equilibrio fiscal y continuar con el programa de ajuste del Estado. Afuera del Congreso, organizaciones sociales, universitarias y colectivos de personas con discapacidad realizaron protestas y cortes parciales de calles, que derivaron en algunos incidentes menores con las fuerzas de seguridad.
Próximos pasos y escenario en el Senado
Con la aprobación en Diputados, el Presupuesto 2026 quedó en condiciones de ser tratado por el Senado, donde el oficialismo volverá a necesitar acuerdos para lograr la sanción definitiva. La discusión en la Cámara alta estará atravesada por dos ejes: por un lado, el debate sobre las variables macroeconómicas y las partidas sectoriales; por otro, la presión del Ejecutivo para intentar reinstalar vía cambios en el Senado alguno de los contenidos del capítulo XI que se cayó en Diputados, en especial lo relativo a las leyes de discapacidad y financiamiento universitario.
En paralelo, gobernadores, rectores de universidades y organizaciones del sector de la discapacidad comenzaron a advertir que seguirán de cerca el trámite en la Cámara alta, con la expectativa de que el Presupuesto final refleje los compromisos asumidos por el Congreso durante 2025 en materia de derechos sociales y educativos. El desenlace en el Senado terminará de definir el alcance real del Presupuesto 2026 y el margen político del gobierno de Javier Milei para avanzar con su agenda de recorte del gasto y reformas estructurales.
